Una visi¨®n sindical de la conferencia de Hong Kong
La proliferaci¨®n de negociaciones y acuerdos bilaterales no ha llevado a un comercio m¨¢s justo y equilibrado ni ha resuelto el tema agr¨ªcola, seg¨²n el autor.
La pr¨®xima semana se reunir¨¢n en Hong Kong, territorio aut¨®nomo chino, los ministros de Comercio o Econom¨ªa de 149 pa¨ªses en la Sexta Conferencia Ministerial de la Organizaci¨®n Mundial del Comercio (OMC), una de las organizaciones intergubernamentales con mayor peso en el sistema de Naciones Unidas cuyas decisiones, muchas veces desapercibidas por los ciudadanos, m¨¢s influencia tienen en sus vidas.
El principal poder de la OMC es su ¨®rgano de soluci¨®n de diferencias, figura ¨²nica en el panorama de las instituciones multilaterales, que tiene como funci¨®n garantizar el cumplimiento de las normas comerciales, resolviendo los enfrentamientos entre pa¨ªses. Con capacidad de sanci¨®n, autoriza contramedidas cuando un pa¨ªs no modifica sus pr¨¢cticas o compensa econ¨®micamente al Estado perjudicado. Sus decisiones, muchas veces enmascaradas por su jerga t¨¦cnica y tomadas sin conocimiento de los Parlamentos y las opiniones p¨²blicas, repercuten sobre las empresas, el empleo y las condiciones laborales de millones de trabajadores.
La competencia comercial no puede basarse en la explotaci¨®n de los trabajadores
El movimiento sindical internacional, a las puertas de la constituci¨®n de una central mundial unificada, no se opone al incremento de los intercambios comerciales y ha defendido que este comercio se realice con normas e instituciones multilaterales. La experiencia nos demuestra que la proliferaci¨®n de negociaciones y acuerdos bilaterales no ha llevado a un comercio m¨¢s justo y equilibrado y, desde luego, no ha servido para resolver el tema agr¨ªcola, el asunto m¨¢s sensible para los pa¨ªses en desarrollo.
Sin embargo, percibimos con preocupaci¨®n c¨®mo la OMC ha ido acentuando su pol¨ªtica de liberalizaci¨®n, de simple apertura de mercados, en detrimento de los aspectos reguladores, limitando y reduciendo el espacio pol¨ªtico de los Gobiernos para tomar sus propias decisiones y proteger sus industrias o sus servicios p¨²blicos. Al mismo tiempo, cuando regula lo hace influida por poderosos grupos de presi¨®n, como el de las multinacionales farmac¨¦uticas que entronizan los derechos de propiedad intelectual frente al derecho a la salud y la vida de millones de personas afectadas en los pa¨ªses m¨¢s pobres por pandemias como el SIDA, u olvidando las normas laborales o medioambientales, a pesar de los compromisos de los Gobiernos en otras instituciones del sistema de Naciones Unidas.
Frente a este panorama, y en la b¨²squeda de un sistema coherente y una jerarqu¨ªa normativa, la Confederaci¨®n Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la Confederaci¨®n Europea de Sindicatos (CES), de las que Comisiones Obreras forma parte, apoyan la creaci¨®n, en el marco de Naciones Unidas, de un Consejo de Seguridad Econ¨®mico y Social que armonice, d¨¦ coherencia y vele por el cumplimiento de las normas de las distintas instituciones multilaterales, constituy¨¦ndose en el embri¨®n del gobierno democr¨¢tico de la econom¨ªa mundial, imprescindible para hacer frente a las consecuencias econ¨®micas, sociales, laborales y medioambientales de la globalizaci¨®n.
La competencia comercial internacional no puede basarse en la explotaci¨®n de los trabajadores y trabajadoras, en el mantenimiento de unos costes laborales ¨ªnfimos fruto de la negaci¨®n de los derechos laborales y sindicales b¨¢sicos, o en la permanente degradaci¨®n del medio ambiente. El trabajo decente, concepto acu?ado por la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo (OIT), es inseparable del progreso econ¨®mico y social sostenible. Por ello, las negociaciones deben contar con una evaluaci¨®n rigurosa, hecha con participaci¨®n de los sindicatos, de su impacto sobre el empleo, y promover el respeto de los derechos de los trabajadores. La b¨²squeda de una ventaja competitiva a corto plazo mediante la violaci¨®n de estos derechos socava las posibilidades de un desarrollo justo y sostenible. Los derechos y principios fundamentales del trabajo, proclamados por la OIT en su hist¨®rica declaraci¨®n de 1998, son los derechos humanos b¨¢sicos reconocidos internacionalmente para todos los trabajadores/as, independientemente del nivel de desarrollo del pa¨ªs, y abarcan: la libertad sindical, los derechos de huelga y negociaci¨®n colectiva, la eliminaci¨®n del trabajo forzoso y de todas las formas de discriminaci¨®n en el empleo, y la abolici¨®n efectiva del trabajo infantil.
Tradicionalmente, los Gobiernos -democr¨¢ticos o no- de los pa¨ªses del sur han rechazado las cl¨¢usulas sociales y laborales en los tratados comerciales, alegando que son una variante del proteccionismo de los pa¨ªses ricos. Hoy, la irrupci¨®n de China como potencia exportadora -ya la tercera del mundo tras de Alemania y los EE UU- y su utilizaci¨®n del inaceptable ventajismo de producir manteniendo unos costes laborales baj¨ªsimos gracias a la ausencia de democracia y la falta de respeto a los derechos sindicales y laborales, han llegado a afectar a algunos de los pa¨ªses m¨¢s pobres. Millones de empleos se han perdido en pa¨ªses como Bangla Desh, Sri Lanka, Indonesia, Uganda y varios de Centroam¨¦rica como consecuencia del t¨¦rmino, en enero de 2005, del acuerdo que establec¨ªa contingentes en las exportaciones textiles. Cuando nueve pa¨ªses pobres presentaron, en octubre de 2004, una propuesta al Secretariado de la OMC pidiendo que realizara un estudio sobre el impacto del acuerdo, China (con el apoyo de India y Brasil, entre otros) logr¨® vetarla.
La UE, que ha colocado los derechos laborales entre sus valores fundamentales, necesita demostrarlo teniendo un papel mucho m¨¢s activo en la promoci¨®n de su respeto en las instituciones y, particularmente, en la OMC. En Hong Kong no se deber¨ªa obviar esta cuesti¨®n como sucedi¨® en Canc¨²n. Y lo que se presione a China -por ejemplo, planteando que la UE no le conceder¨¢ las ventajas del estatus de econom¨ªa de mercado hasta que no suscriba los convenios de la Declaraci¨®n de 1998- influir¨¢ en otras naciones que padecen una situaci¨®n parecida de vulneraci¨®n de los derechos laborales.
Una generalizaci¨®n del desarme arancelario, no regulada adecuadamente, tambi¨¦n puede provocar crisis con la consiguiente p¨¦rdida de empleos y aumento de la pobreza, tanto en los pa¨ªses del norte como en los del sur. Por ello, deben realizarse estudios de impacto sobre los sectores potencialmente afectados, antes de finalizar las negociaciones, establecer calendarios de aplicaci¨®n adecuados, facilitar las exportaciones de los pa¨ªses m¨¢s pobres, y desarrollar pol¨ªticas de compensaci¨®n para los sectores afectados. La OMC, la OIT, las instituciones financieras internacionales y los Gobiernos de las naciones desarrolladas deber¨ªan proporcionar a los pa¨ªses en desarrollo los recursos financieros -cr¨¦ditos de bajo inter¨¦s y ayudas a fondo perdido- y t¨¦cnicos necesarios para aplicar estas medidas, asegurando la participaci¨®n de los interlocutores sociales en su dise?o y ejecuci¨®n. La cooperaci¨®n tendr¨ªa que incluir fondos para infraestructuras y formaci¨®n. En el caso de la UE, en donde ciertos sectores y empresas pueden verse afectados mientras otros son favorecidos, es urgente poner en marcha el Fondo de Reestructuraci¨®n que la Comisi¨®n propuso crear para ayudar a los trabajadores afectados por la apertura de los mercados.
Las normas comerciales actuales y su liberalizaci¨®n plantean problemas muy complejos en los que se entrecruzan y chocan los intereses nacionales y sectoriales. Estos conflictos llevaron al fracaso a las conferencias de Seattle y Canc¨²n, y podr¨ªan propiciarlo en Hong Kong, de nuevo con el enfrentamiento norte-sur sobre el cap¨ªtulo agr¨ªcola como tema principal, aunque ni mucho menos ¨²nico. El sindicalismo internacional, en su defensa de los intereses generales, va m¨¢s all¨¢ de la defensa de los derechos laborales, y el fomento de un crecimiento que tenga una dimensi¨®n social y medioambientalmente sostenible. Apoya tambi¨¦n las propuestas que permitan alcanzar los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas y que figuran en el Llamamiento Mundial a la Acci¨®n contra la Pobreza, del que forma parte activa junto con miles de organizaciones sociales del mundo. Aunque el comportamiento de muchos Gobiernos mueva al escepticismo, pienso que la Ronda del Desarrollo de la OMC, iniciada en Doha, debiera representar una oportunidad crucial, frente a un creciente sentimiento de frustraci¨®n provocado por las consecuencias negativas de la globalizaci¨®n, para construir un marco m¨¢s justo de normas compartidas.
Jos¨¦ Mar¨ªa Fidalgo es secretario general de Comisiones Obreras.
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