Un crudo verano para las petroleras

El Gobierno argentino ha decidido curarse en salud, tras la experiencia de 2004, y en v¨ªsperas del verano austral ha advertido a las petroleras de que si desatienden de nuevo el abastecimiento dom¨¦stico para exportar m¨¢s desempolvar¨¢ una a?eja ley e intervendr¨¢ su negocio. Las altas temperaturas del inminente verano austral se han trasladado a la relaci¨®n del Gobierno argentino con las compa?¨ªas petroleras presentes en el pa¨ªs. Apenas acaba de comenzar la cosecha y el Ejecutivo de N¨¦stor Kirchner ha decidido evitar denuncias de agricultores y peque?os distribuidores de gas¨®leo como las registradas el a?o pasado, cuando acusaban a las petroleras de no suministrar todo el combustible que necesitaban porque dicha venta no es rentable para las empresas.

Repsol-YPF, que controla un 57% del mercado argentino, dice que la provisi¨®n de combustible esta garantizada por lo que respecta a su red

El Gobierno argentino ha advertido a las compa?¨ªas petroleras de que aplicar¨¢ una ley de 1974 de car¨¢cter intervencionista si se produce escasez. Adem¨¢s, el Ejecutivo ha establecido una norma para que las estaciones de servicio denuncien la falta de entregas por parte de las empresas distribuidoras.

La norma que invoc¨® el Gobierno, la Ley de Abastecimiento, le permite, entre otras cosas, obligar a la producci¨®n, comercializaci¨®n o distribuci¨®n del combustible, dictar las normas sobre su comercializaci¨®n y distribuci¨®n y fijar precios m¨¢ximos o, simplemente, congelarlos.

El precio del gas¨®leo en Argentina est¨¢ sensiblemente por debajo de su precio internacional, lo que provoca las reticencias de agricultores y peque?os suministradores que est¨¢n fuera de las grandes compa?¨ªas cuando se produce escasez de combustible. Los denunciantes aseguran que las petroleras se marcan cupos de abastecimiento, y cuando la demanda los supera, simplemente no la atienden.

"Hemos tenido momentos de desabastecimiento importante el a?o pasado", se?ala Ernesto Ambrosetti, economista jefe del Instituto de Estudios Econ¨®micos de la Sociedad Rural Argentina.

Hace unos d¨ªas, durante la celebraci¨®n de un acto social de la compa?¨ªa y en lo que deb¨ªan ser unas palabras de mera cortes¨ªa, el director general de Repsol-YPF para Argentina, Brasil y Bolivia, Enrique Locutura, abord¨® el tema y asegur¨® que la provisi¨®n de combustible por lo que respecta a la red de su compa?¨ªa "est¨¢ garantizada". Entre los invitados a la reuni¨®n se encontraba el vicepresidente de la Rep¨²blica, Daniel Scioli. Locutura reconoci¨® que dada la extensi¨®n del pa¨ªs y el n¨²mero de estaciones de servicio podr¨ªa haber "alguna situaci¨®n puntual de desabastecimiento", pero a?adi¨® que "el conjunto" no presenta problemas.

La compa?¨ªa espa?ola controla un 57% del mercado argentino, y sus relaciones con el Ejecutivo de Kirchner no han presentado dificultades durante este a?o, al contrario de algunas de sus competidoras en este mercado, como la anglo-holandesa Shell, que tuvo que dar marcha atr¨¢s en una subida de las gasolinas ante las cr¨ªticas del presidente del Gobierno y las acciones de protesta de los piquetes.

"El suministro en la oferta de gas¨®leo no se adapta en tiempo y forma, y por eso hicimos la denuncia. Los funcionarios lo han constatado", subraya Javier Jayo, presidente de la Confederaci¨®n de Asociaciones Rurales de Argentina y La Pampa (Carbap). Jayo estima que el circuito de abastecimiento no est¨¢ preparado, y advierte de que la exportaci¨®n por conveniencia de precio en vez del abastecimiento a las necesidades internas merma los recursos del Estado.

Pero adem¨¢s de la ley, la Administraci¨®n argentina ha emitido un decreto en el que anima a las estaciones de servicio a denunciar en el plazo de tres d¨ªas los posibles casos de desabastecimiento, y otorga cinco d¨ªas de plazo a las petroleras para explicarse. En otro punto establece un plazo de 10 d¨ªas, que expiran el pr¨®ximo mi¨¦rcoles, para que las compa?¨ªas detallen los vol¨²menes de gas¨®leo vendidos por cada canal de distribuci¨®n desde enero de 2003. Y aunque habla de tomar medidas en caso de incumplimiento, no establece sanciones concretas.