Materia prima

La Ley del Suelo de Andaluc¨ªa, que entr¨® en vigor ayer, llega tarde aunque la dicha sea buena. La posibilidad de retirar las competencias urban¨ªsticas a los ayuntamientos que incumplan la ley de manera reiterada deb¨ªa haberse articulado antes. As¨ª lo defend¨ªa este domingo en EL PA?S Javier P¨¦rez Royo, afirmando que estas medidas deben instrumentarse con el fin de no tener que hacer uso de ellas. Su efecto debe ser disuasorio. La realidad en la que llega, sin embargo, es bien distinta: buena parte del litoral andaluz se ha destrozado y hay provincias donde est¨¢ ya urbanizado el 50% de los terrenos ubicados a pie de playa. En Marbella se alcanza el 80%, por actuaciones que han infringido la legalidad de manera flagrante. El Ayuntamiento marbell¨ª es el primero en la lista de candidatos a no tener competencias. Esencialmente por las reiteradas incompetencias de sus gobernantes. Lo extra?o es que este paso no se diera antes. Y lo frustrante es que haya gente que todav¨ªa lo ponga en duda.

La nueva normativa no les gusta a los alcaldes, porque invade sus competencias. Si ¨²nicamente sirviera para poner coto a lo que durante muchos a?os ha significado el modelo del GIL en Marbella, ya merecer¨ªa la pena. Pero hay m¨¢s: lo peor del GIL fue la herencia que dej¨®. Una ideolog¨ªa y unos modos que terminaron imponi¨¦ndose en otros muchos municipios y que ha servido para mejorar el patrimonio privado de algunos desde la transformaci¨®n y el mal uso del patrimonio p¨²blico de todos. Mucho pan para hoy. Pero sobre todo, tambi¨¦n, mucha hambre para ma?ana.

Es imposible poner un reparo global a la Ley del Suelo, m¨¢s all¨¢ de la tardanza en su promulgaci¨®n. Nadie con sentido com¨²n puede censurar la necesidad de revisar la actual f¨®rmula de desarrollo. Lo ¨²nico discutible es la f¨®rmula. De momento est¨¢ por ver los resultados de las medidas que plantea ahora la Junta. Lo que tenemos m¨¢s que visto es el resultado del modelo vigente: alcaldes que han dado licencias contra la ley y constructores que se han forrado vendiendo pisos donde no se pod¨ªa edificar. Convenios urban¨ªsticos cobrados antes de ser autorizados y largos contenciosos judiciales cuyas resoluciones llegaron con los pisos ya habitados. Y, c¨®mo obviarlo, un alcalde en prisi¨®n pillado con m¨¢s de 700.000 euros debajo de su cama.

La construcci¨®n es el motor de la econom¨ªa. Este a?o se cierra con 800.000 pisos visados en todo el pa¨ªs. Tantas viviendas como las construidas en Francia, Alemania y el Reino Unido juntos. Eso no ha impedido que adquirir una vivienda sea una quimera para la mitad de los espa?oles. Esta ley incide sobre un hecho esencial: el suelo se ha convertido en el producto. Se recalifica, se vende y se especula con ¨¦l. Los negocios se hacen con los terrenos, que tienen m¨¢s valor a?adido que la vivienda, que es en realidad el producto final. Por eso, los ayuntamientos contribuyen al alza del precio cuando venden su patrimonio. Como lo han hecho tambi¨¦n el Ministerio de Defensa, RENFE y otras muchas instituciones p¨²blicas. Ojala que la ley ayude a devolver a la vivienda su car¨¢cter de derecho constitucional para el ciudadano y otorgue al suelo lo que es del suelo: su mera condici¨®n de materia prima.