Pizarro: "El Consejo de Ministros no es el que decide si Andaluc¨ªa va a tener m¨¢s competencias"

El PSOE est¨¢ abierto a incorporar en la proposici¨®n de ley del Estatuto algunas de las competencias exclusivas del Estado que reclaman IU y PA mediante el art¨ªculo 150.2 de la Constituci¨®n, seg¨²n asegur¨® ayer el secretario socialista de Organizaci¨®n, Luis Pizarro. El PSOE reclama hasta cinco materias por este m¨¦todo, entre ellas la de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir, rechazada por la ministra de Medio Ambiente. "El Consejo de Ministros no es el que decide si Andaluc¨ªa va a tener m¨¢s competencias o no, sino el Congreso de los Diputados", afirm¨® el n¨²mero dos socialista.

El PSOE va a hacer todo lo posible por sacar adelante con IU y PA el t¨ªtulo sobre las competencias de la comunidad en la ponencia de reforma del Estatuto. Y para lograrlo mostrar¨¢ "la flexibilidad suficiente" para acordar un Estatuto "de m¨¢ximos" que quieren "los partidos de izquierda", asegur¨® Pizarro.

El secretario de Organizaci¨®n socialista se mostr¨® dispuesto a incorporar nuevas competencias mediante el art¨ªculo 150.2 de la Constituci¨®n que permite delegar o transferir a las comunidades aut¨®nomas materias exclusivas del Estado.

En total, los tres partidos reclaman 16 materias. Las cinco en las que coinciden los tres son puertos y aeropuertos de inter¨¦s general; Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir; servicio meteorol¨®gico; archivos, museos y bibliotecas; y tr¨¢fico y seguridad vial. IU quiere que el Guadalquivir figure en el texto articulado de las competencias, mientras que PSOE e IU la reclaman al Estado a trav¨¦s de una disposici¨®n adicional.

Nuevo aplazamiento

Los partidos han vuelto a retrasar la discusi¨®n del t¨ªtulo competencial, previsto inicialmente para el d¨ªa 20 hasta el d¨ªa 27, a petici¨®n del Partido Andalucista, que reclama m¨¢s tiempo para estudiar con detalle el documento de s¨ªntesis elaborado por el PSOE. El 27 de diciembre finaliza el plazo de presentaci¨®n de enmiendas en el Congreso a la proposici¨®n de ley org¨¢nica de reforma del Estatuto de Catalu?a. Y las enmiendas indicar¨¢ el grado de acuerdo alcanzado por las formaciones catalanas con el PSOE.

La ampliaci¨®n de competencias por el art¨ªculo 1502.2 de la Constituci¨®n no es el camino preferido por la direcci¨®n federal del PSOE. ?sta mantiene que las comunidades no pueden plantear en sus estatutos una petici¨®n que compete al legislador estatal.

Sin embargo, en los ¨²ltimos d¨ªas se ha producido "un acercamiento de la direcci¨®n federal a las posiciones de Andaluc¨ªa", seg¨²n sostuvo ayer Pizarro, en conferencia de prensa tras la ¨²ltima reuni¨®n del a?o de la comisi¨®n ejecutiva del PSOE.

Los socialistas andaluces han insistido ante sus referentes federales que el modelo propuesto desde Andaluc¨ªa es diferente al que se incluye en el Estatuto catal¨¢n, ya que, seg¨²n mantienen, no le dicen al Estado qu¨¦ leyes org¨¢nicas deben modificar. Adem¨¢s incluyen en la disposici¨®n adicional por las que reclaman materias estatales un punto en el que, al contrario que en Catalu?a, se afirma que cualquier cambio de la norma no supondr¨¢ reforma del Estatuto.

Pizarro asegur¨® que los socialistas andaluces mantendr¨¢n esta petici¨®n en el texto de reforma que se entregue al Congreso de los Diputados, con independencia de la posici¨®n del PSOE federal, con el que la ejecutiva andaluza mantiene una "discusi¨®n leal".

Preguntado por el rechazo mostrado por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, a ceder la gesti¨®n de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir a Andaluc¨ªa, Pizarro afirm¨® de manera tajante que esa petici¨®n figurar¨¢ en la proposici¨®n de ley de reforma. "El Consejo de Ministros no es el que decide si Andaluc¨ªa va a tener competencias o no. La ministra puede tener su opini¨®n, pero al final quien decide es el Congreso de los Diputados", subray¨®.

Pizarro tambi¨¦n aclar¨® que la llamada deuda hist¨®rica, contemplada en la disposici¨®n adicional segunda del actual Estatuto, seguir¨¢ manteni¨¦ndose si antes de enviar el texto de reforma al Congreso de los Diputados no se alcanza un acuerdo con el Gobierno central.