Abusos Urban¨ªsticos No reitera que la LUV "viola el derecho comunitario"

La asociaci¨®n Abusos Urban¨ªsticos No (AUN) hizo ayer su primera comparecencia p¨²blica tras las resoluciones del Parlamento Europeo y de la Comisi¨®n en contra de la pol¨ªtica y la legislaci¨®n urban¨ªsticas valencianas. Enrique Climent, vicepresidente de AUN, calific¨® estas noticias de "fant¨¢sticas" para los afectados y asociados despu¨¦s de tres a?os y medio de "duro trabajo". "Los poderes p¨²blicos valencianos no atienden los derechos reconocidos por la UE", remarc¨® el coordinador jur¨ªdico de AUN, Jaume Sendra.

La coordinadora de afectados, que suma 30.000 socios, reiter¨® que, a pesar de las enmiendas introducidas por los grupos parlamentarios al proyecto de Ley Urban¨ªstica Valenciana (LUV), a punto de aprobarse en las Cortes, "viola el derecho comunitario", ya que recoge la figura de la "concesi¨®n de servicios" con la que, a su juicio, el Consell pretende eludir las directivas comunitarias de contratos p¨²blicos.

La Comisi¨®n env¨ªa un informe razonado a partir del art¨ªculo 226 del Tratado de la UE

Bernardo Hern¨¢ndez, profesor de Derecho Comunitario de la Universidad Carlos III y miembro del equipo jur¨ªdico de Abusos Urban¨ªsticos No, agreg¨® que, salvo que el texto se enmiende antes de la aprobaci¨®n de la LUV el d¨ªa 22 de diciembre, seguir¨¢ vulnerando la legislaci¨®n comunitaria.

Sendra y el propio Hern¨¢ndez, se manifestaron sobre la obligaci¨®n de la Generalitat de adaptarse a las directivas comunitarias, despu¨¦s de que el consejero Rafael Blasco culpe al Gobierno central del tir¨®n de orejas que Bruselas ha dado al Consell. Seg¨²n Sendra, la ley de contrataci¨®n p¨²blica estatal cumple en esencia con las directivas europeas, si bien insistieron en que la normativa europea se considera derecho interno y debe ser observado por las administraciones central, auton¨®mica y local.

El responsable de Territorio del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, matiz¨® ayer que las directivas europeas a las que se refiere la Comisi¨®n datan de despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la LRAU en 1994, e insisti¨® en que es responsabilidad del Consell posterior, del PP, haberla adaptado a la realidad europea.

La Comisi¨®n ha decidido enviar a Espa?a un informe razonado a partir del art¨ªculo 226 del Tratado de la Uni¨®n. En su informe razonado, la Comisi¨®n considera que la concesi¨®n de programas de actuaci¨®n integrada de acuerdo con la LRAU incluye contratos de obras p¨²blicas y, en algunos casos, contratos de servicios p¨²blicos que, por lo tanto, deben cumplir con las previsiones de las directivas 93/37/EEC sobre contratos de obras p¨²blicas y 92/50/EEC sobre contratos de servicios y con los principios generales del Tratado.

Estos programas son adjudicados por los ayuntamientos para la ejecuci¨®n de obras de infraestructura. Las Cortes Valencianas han iniciado la tramitaci¨®n de una ley para enmendar la LRAU y adaptarla a las directivas en cuesti¨®n.

La Comisi¨®n aprecia que las autoridades espa?olas no se han adaptado a la advertencia y que el borrador trasladado a la comisi¨®n no garantiza que se ponga fin a los incumplimientos en varios aspectos. En particular, no hay ninguna previsi¨®n en el borrador legislativo que resuelva de forma adecuada el problema del periodo de transici¨®n aplicable a la LRAU.