El Gobierno de Zapatero aprobar¨¢ el viernes la Ley de Capitalidad de Madrid

Tras m¨¢s de un a?o de negociaciones a varias bandas, el Consejo de Ministros aprobar¨¢ previsiblemente este viernes la Ley de Capitalidad y de R¨¦gimen Especial de Madrid, una normativa que cede a la capital algunas competencias menores pero que no le otorga ning¨²n sistema especial de financiaci¨®n. A las rebajas sustanciales que ya hab¨ªa introducido el Gobierno central sobre el proyecto original del Ayuntamiento, la Comunidad ha sumado modificaciones de ¨²ltima hora. El resultado ser¨¢ una ley descafeinada que hoy anunciar¨¢n oficialmente el ministro de Administraciones P¨²blicas, Jordi Sevilla; la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallard¨®n.

La secretaria de Estado de Administraci¨®n Territorial, Ana Leyva, el vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez, y el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Juan Bravo, se reunieron ayer por la tarde durante hora y media para atar los ¨²ltimos flecos y cerrar el texto definitivo del anteproyecto de ley. El objetivo es que ese texto -que el ministro, la presidenta y el alcalde presentar¨¢n hoy en rueda de prensa- sea aprobado por el Consejo de Ministros el viernes y por el Parlamento a principios de 2006.

La Comunidad de Madrid, que en las ¨²ltimas semanas hab¨ªa mostrado su desconfianza ante las prerrogativas otorgadas al Ayuntamiento en el borrador elaborado por el ministerio, ha conseguido a ¨²ltima hora que el texto incorpore una exigencia suya: el proyecto especifica que la participaci¨®n del Ayuntamiento en la pol¨ªtica de infraestructuras estatales -en organismos como cercan¨ªas de Renfe, Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Tajo o aeropuerto de Barajas, aunque el ¨²ltimo borrador no los cita expresamente- se har¨¢ "sin menoscabo" de las competencias del Gobierno regional.

Previa a esa intervenci¨®n del Gobierno de Esperanza Aguirre, el Ministerio de Administraciones P¨²blicas hab¨ªa aplicado ya recortes mucho m¨¢s severos al borrador elaborado hace un a?o por el concejal Juan Bravo, eliminando de sus p¨¢ginas todo lo referente a las aspiraciones econ¨®micas del Ayuntamiento. Bravo reclamaba un sistema de financiaci¨®n especial para compensar los gastos que le produce a Madrid ser la capital del Estado: servicios de limpieza y seguridad en manifestaciones casi diarias, organizaci¨®n del tr¨¢fico por la celebraci¨®n de eventos nacionales e internacionales, atenci¨®n a miles de ciudadanos que no viven en Madrid pero entran a la ciudad cada d¨ªa para trabajar, etc¨¦tera.

El Ayuntamiento quer¨ªa aumentar sus ingresos incrementando su participaci¨®n en los impuestos estatales -IRPF, IVA e impuestos sobre tabaco, alcohol e hidrocarburos (ahora percibe menos del 2% de esa recaudaci¨®n)-. Era la misma reclamaci¨®n que hac¨ªa Barcelona en su Carta Municipal, pero el ministerio se lo neg¨® a ambas ciudades desde el principio.

Tampoco figuran en el anteproyecto de ley las aspiraciones iniciales del Ayuntamiento para modificar sus propios impuestos municipales. El concejal Bravo hab¨ªa asegurado que, si el Gobierno central se lo permit¨ªa, cambiar¨ªa el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para convertirlo en progresivo -con tramos distintos en funci¨®n del valor catastral- y aplicar¨ªa descuentos a los propietarios con rentas bajas. El ministerio se ha negado a autorizarlo, alegando que la Ley de Capitalidad "no es una ley financiera".

Incompatibilidades

El proyecto de ley se limita, por tanto, a repetir las prerrogativas que ya concede a Madrid la Ley de Grandes Ciudades desde 2004, con algunas mejoras, y cede al Ayuntamiento algunas competencias nuevas en materia de seguridad vial. El gobierno municipal podr¨¢, por ejemplo, sancionar a los veh¨ªculos que conduzcan sin seguro y obligar a todos los coches a llevar un distintivo que acredite que han pagado el seguro y el impuesto de matriculaci¨®n. Pero la novedad de m¨¢s peso es la presencia del municipio en organismos estatales como el aeropuerto y cercan¨ªas.

El r¨¦gimen de incompatibilidades de los concejales tambi¨¦n se endurece: los ediles madrile?os estar¨¢n sujetos a la misma ley que fija las incompatibilidades de los diputados y altos cargos del Gobierno central. Deber¨¢n, por ejemplo, esperar dos a?os, despu¨¦s de cesar en el cargo, para poder trabajar en una empresa privada del sector relacionado con su puesto p¨²blico.

Esto significa que los concejales de Madrid estar¨¢n sujetos a un r¨¦gimen de incompatibilidades m¨¢s duro que el resto de los Ayuntamientos de Espa?a. Eso ser¨¢ as¨ª hasta que el Parlamento apruebe la nueva Ley de Bases de R¨¦gimen Local, que extender¨¢ esas restricciones a todos los municipios.