"Las vidas no se compran con dinero", dice un afectado

Satisfecho pero sin tiempo material para sosegar sus pensamientos, Sergio Murillo atendi¨® ayer infinidad de llamadas de los medios de comunicaci¨®n. "Cuando est¨¦ solo en casa, en silencio, meditar¨¦ m¨¢s despacio sobre la trascendencia de esta noticia, la primera noticia positiva que recibimos despu¨¦s de tantos a?os", indic¨®.

Al joven arquitecto navarro se le agot¨® dos veces la bater¨ªa del m¨®vil respondiendo a las llamadas de los periodistas. Nada m¨¢s conocer la sentencia, Sergio Murillo, que perdi¨® a sus padres y a sus dos hermanos en la riada, se traslad¨® al despacho de su abogada, Elena Melero, que le ha asesorado en su decisi¨®n de demandar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado espa?ol por haber impedido el enjuiciamiento penal de las responsabilidades de la cat¨¢strofe. Busca, seg¨²n dice, un pronunciamiento judicial "en defensa del derecho a la vida de mis padres y hermanos y de todas las personas muertas aquel d¨ªa".

Murillo, de 26 a?os, considera el pronunciamiento de la Audiencia Nacional "un fuerte empuj¨®n moral" a sus argumentos. Pero estima que la sentencia llega tarde y a?ade que "el derecho a la vida no se puede comprar con dinero".

Demanda contra Espa?a

Su abogada, Elena Melero, se puso ayer en contacto con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el fin de gestionar la inmediata tramitaci¨®n de la sentencia de la Audiencia Nacional. Murillo y otros cuatro supervivientes de la cat¨¢strofe han presentado ante la Corte de Estrasburgo una demanda contra Espa?a por no haber protegido la vida de los 87 fallecidos y haber impedido la celebraci¨®n de un juicio penal por la cat¨¢strofe. La admisi¨®n o no de la demanda se conocer¨¢ en los primeros meses de 2006.

"La sentencia ratifica nuestros argumentos de que la causa penal no deber¨ªa haberse archivado, porque hab¨ªa responsables", se?al¨® Murillo. "No vale decir que hab¨ªa una responsabilidad abstracta de la Administraci¨®n cuando en realidad los que concedieron las licencias y permitieron la instalaci¨®n tienen nombres y apellidos y responsabilidad personal. Las indemnizaciones no pueden comprar el derecho a la vida. Hay que exigir a los funcionarios que hagan bien su trabajo, que piensen que muchas veces tienen entre sus manos la vida de muchas personas", se?al¨®.

Melero a?adi¨®: "En este pa¨ªs debemos empezar a concienciarnos de que las indemnizaciones derivadas de las ilegalidades de la Administraci¨®n no deben ser pagadas con el dinero de los impuestos de los ciudadanos. Eso no vale. Los funcionarios no tienen patente de corso o impunidad. Esas conductas deben ser enjuiciadas y reprimidas para depurar las responsabilidades pertinentes".