Capitalismo de casino

El urbanismo est¨¢ fuera de control en buena parte del litoral mediterr¨¢neo espa?ol. Hace tiempo que se han rebasado todos los l¨ªmites de lo razonable en la gesti¨®n de nuestros recursos y que estamos instalados en un modelo de crecimiento tan insostenible como irresponsable. Las cosas han llegado hasta tal punto que incluso somos objeto de seguimiento espec¨ªfico por instituciones europeas. Preocupa hasta qu¨¦ punto el modelo de crecimiento disperso y de ocupaci¨®n desordenada y depredadora del territorio en ¨¢reas litorales y en algunos espacios rurales m¨¢s interiores, se aleja totalmente de las directrices europeas que apuestan por nuevas formas de gobernanza democr¨¢tica y por la gesti¨®n prudente del territorio y de los recursos. Tambi¨¦n preocupan las formas, por cuanto las evidencias dejan pocas dudas acerca de la existencia de colusi¨®n de intereses, de confusi¨®n entre p¨²blico y privado, de tr¨¢fico de influencias, de utilizaci¨®n il¨ªcita de informaci¨®n privilegiada para especular, de falta de transparencia, de corrupci¨®n en definitiva. Nunca se ha hablado tanto de corrupci¨®n difusa en relaci¨®n con el urbanismo desde el inicio de la transici¨®n democr¨¢tica y nunca hubo tanta espesa opacidad en los procesos de toma de decisiones relacionados con la urbanizaci¨®n.

Es como si se hubiera producido una cierta vuelta al pasado, como si cada vez nos alej¨¢semos m¨¢s del c¨®digo de buenas pr¨¢cticas en el gobierno del territorio, para adentrarnos en el terreno intransitable, por antidemocr¨¢tico, de la "mala pol¨ªtica", del "capitalismo de casino". Aquel en el que grandes proyectos que modifican sustancialmente los usos del suelo en centenares de municipios responden a acuerdos previos, legitimados legalmente a posteriori, entre promotores y representantes pol¨ªticos locales o regionales en conversaciones privadas. Aquel en el que los intereses generales son orillados o ignorados. Aquel en el que el territorio es entendido tan s¨®lo como activo financiero y como recurso explotable y no como referente identitario y cultural, como bien p¨²blico, como espacio de solidaridad y como legado. Aquel en el que prevalece el corto plazo del ciclo pol¨ªtico de cuarenta y ocho meses que media entre cada convocatoria electoral. Aquel en el que la discrecionalidad prevalece sobre la seguridad y la participaci¨®n democr¨¢tica de todos los actores implicados y afectados. Aquel en el que son los gabinetes de las empresas promotoras los que realmente van dando forma a los procesos de urbanizaci¨®n. Aquel en el que la pol¨ªtica territorial sigue al dinero, y no al rev¨¦s, como debe ocurrir en democracia. Aquel en el que el territorio se consume a grandes bocados dispersos, con el resultado final de centenares de actuaciones tan incoherentes e irracionales como insostenibles. Aquel en el que se insiste en crecimiento y no en desarrollo, en cantidad y no en calidad.

Se habla mucho y mal, con toda raz¨®n, de la Comunidad Valenciana. El propio Parlamento Europeo sin duda va a contribuir al mejor conocimiento de unas malas pr¨¢cticas territoriales que en los ¨²ltimos a?os vienen desarroll¨¢ndose en esa Comunidad Aut¨®noma a causa de la aplicaci¨®n abusiva de la legislaci¨®n vigente. Pero esta resoluci¨®n, sin efectos jur¨ªdicos pero con gran impacto pol¨ªtico y medi¨¢tico, debiera servir para abrir el debate en profundidad acerca de las din¨¢micas territoriales y urban¨ªsticas que est¨¢n teniendo lugar en gran parte del litoral mediterr¨¢neo espa?ol y de la forma de encauzarlas. Porque el proceso trasciende el marco geogr¨¢fico y legal espec¨ªfico de la Comunidad Valenciana para extenderse por los espacios litorales e incluso de interior del conjunto de los espacios litorales y prelitorales mediterr¨¢neos.

En unos casos, como el valenciano, la combinaci¨®n de la figura del agente urbanizador contenida en la ley -aunque pensada inicialmente para suelo urbanizable- con la legislaci¨®n estatal del Gobierno de Aznar sobre medidas liberalizadoras en materia de suelo, ha resultado letal para el territorio. La actitud permisiva de un gobierno regional que ha dimitido voluntariamente de sus obligaciones de coordinaci¨®n y de elaboraci¨®n de Planes Territoriales de ¨¢mbito supramunicipal, unido a la posibilidad de promover de forma indiscriminada procesos de urbanizaci¨®n en suelo r¨²stico al margen de los Planes de Ordenaci¨®n Urbana municipal, ha desencadenado un proceso, en buena parte irreversible, de incalculables consecuencias. Muchos ayuntamientos, sin distinci¨®n alguna de color pol¨ªtico, pugnan por presentar decenas de iniciativas que van desde la irracionalidad al puro dislate. Casi la totalidad de estos proyectos de urbanizaci¨®n, que pueden suponer la construcci¨®n de casi un mill¨®n de nuevas viviendas, se realiza al margen de los Planes Generales. En ocasiones, aunque no est¨¦ agotado el suelo programado en el Plan o aunque el Plan General haya sido aprobado hace escasos seis meses. Y algunos suponen duplicar o triplicar su poblaci¨®n actual. En otros casos, y esto resulta m¨¢s dif¨ªcil de explicar si cabe, es el propio gobierno regional el que participa en la promoci¨®n mediante la creaci¨®n de sociedades mixtas con empresas privadas. En todos los casos, del objetivo inicial de la legislaci¨®n de 1994 que pretend¨ªa que el suelo urbanizable no quedara inmovilizado por sus propietarios, ha devenido en que ahora el suelo est¨¢ monopolizado en manos de un n¨²mero reducido de agentes urbanizadores que especulan, controlan el proceso y el ritmo de urbanizaci¨®n y condicionan y distorsionan extraordinariamente la vida pol¨ªtica local y regional. Entre esos escasos agentes urbanizadores, dos de los m¨¢s importantes son las dos Cajas de Ahorros regionales que tambi¨¦n han preferido deslizarse por la senda c¨®moda pero sin futuro de la especulaci¨®n.

Pero en el litoral de Murcia las cosas no son muy diferentes. Con otras normas, como las Directrices y el Plan de Ordenaci¨®n Territorial del Litoral de la Regi¨®n de Murcia, se promueven actuaciones de urbanizaci¨®n masiva, como Marina de Cope, que suponen la urbanizaci¨®n en suelo r¨²stico de m¨¢s de dos mil hect¨¢reas en el litoral suroccidental de la regi¨®n. De hecho, la tasa de urbanizaci¨®n reciente en el litoral de Murcia es todav¨ªa superior a la de la Comunidad Valenciana. Por ¨²ltimo, la historia de la ordenaci¨®n de los espacios litorales del mediterr¨¢neo andaluz evidencia un rotundo fracaso del gobierno regional en este campo. Despu¨¦s de m¨¢s de diez a?os de vigencia de la Ley de Ordenaci¨®n del Territorio de Andaluc¨ªa, el Gobierno regional no ha querido o no ha podido dar contenido pleno a los Planes de Ordenaci¨®n Territorial de ¨¢mbito subregional. Una renuncia pol¨ªtica tan clamorosa como inexplicable despu¨¦s de d¨¦cadas de gobierno progresista, dado que la escala regional est¨¢ habilitada para ejercer plenamente la facultad de ordenaci¨®n del territorio en niveles plurimunicipales al amparo de la aplicaci¨®n del principio de coordinaci¨®n, tal y como el propio Tribunal Constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones.

Las cosas se pueden hacer de otra manera. Incluso se pueden hacer razonablemente bien. S¨®lo se requiere voluntad pol¨ªtica para promover un desarrollo territorial m¨¢s sostenible. Sugiero al lector una aproximaci¨®n al conocimiento de los principios inspiradores y al desarrollo de los Planes Territoriales impulsados por el actual gobierno de la Generalitat de Catalu?a, en especial el proceso de elaboraci¨®n y aplicaci¨®n del Plan de Ordenaci¨®n de la Zona Costera, al Plan Territorial Insular de Menorca o al Plan de Ordenaci¨®n del Litoral de Cantabria, para comprobarlo.

Hay que insistir en esa direcci¨®n. Las actuales din¨¢micas territoriales comprometen el bienestar colectivo y condicionan el de futuras generaciones. Generaciones que no pueden votar, porque no han nacido. Lo cual nos conduce de forma insoslayable al debate sobre el concepto de democracia insuficiente. Porque en materia de pol¨ªtica territorial la mayor¨ªa aritm¨¦tica en parlamentos y ayuntamientos no es suficiente. Carecen de la legitimidad moral necesaria. Por eso el gobierno del territorio tiene que situarse en el centro del debate como objetivo pol¨ªtico estrat¨¦gico. Entendiendo por pol¨ªtico, ciudadano. Es decir, una cuesti¨®n que compete a todos y no solamente a pol¨ªticos o a expertos.

Mientras tanto, mientras en la escala regional no se disponga de Modelos Territoriales consensuados, mientras no se disponga de Planes Territoriales subregionales del estilo de los que aconsejan hace tiempo las autoridades europeas y el sentido com¨²n, mientras no se resuelva de otra manera la financiaci¨®n de los ayuntamientos (y probablemente de los partidos), hay que hacer posible que avance el debate ciudadano, exigiendo en cada nivel, en especial en la escala local, m¨¢s prudencia, m¨¢s responsabilidad, otras pr¨¢cticas y otra forma de gobernar. Y en este punto el papel de los medios de comunicaci¨®n, como demuestra la historia del medio ambiente en Europa, es esencial. Hasta que seamos capaces de situar este problema como un problema de la mayor¨ªa. Hasta que seamos capaces de consolidar otra cultura del territorio.

Joan Romero es catedr¨¢tico de Geograf¨ªa Humana en la Universidad de Valencia y coordinador junto a Miquel Alberola del libro Los l¨ªmites del territorio.