M¨¢s de un tercio de los contratos registrados en las oficinas de empleo son ilegales, seg¨²n UGT

El 36% de los contratos laborales registrados en las Oficinas de Trabajo de la Generalitat (OTG) son "ilegales", seg¨²n un estudio presentado ayer por los j¨®venes del sindicato UGT de Catalu?a (Avalot). En estos contratos no figura el salario ni el convenio colectivo de aplicaci¨®n, y el espacio para explicar el motivo de la contrataci¨®n se encuentra en blanco. Fuentes de los Servicios de Ocupaci¨®n de Catalu?a (SOC) alegaron que su ¨²nica obligaci¨®n es registrar los contratos recibidos, y "no detectar las irregularidades contractuales". Avalot pidi¨® al Gobierno catal¨¢n que refuerce las OTG con un experto que vele por el cumplimiento de la ley.

Para obtener estas conclusiones, Avalot examin¨® durante el pasado mes 1.500 contratos laborales registrados en las OTG de Barcelona, Girona y Tarragona, explic¨® ayer su portavoz, ?scar Riu. Fuentes del Trabajo e Industria informaron a trav¨¦s de un comunicado de que el SOC ha recibido casi 2,5 millones de contratos en los ¨²ltimos 12 meses.

De los contratos analizados, en el 70% no se especifica el sueldo que percibir¨¢ por el trabajador y en el 24% no se indica a qu¨¦ convenio colectivo se acoge. Aunque deber¨ªan figurar en el contrato, la ley s¨®lo obliga a que se especifique, por lo menos, uno de estos dos datos. Seg¨²n el estudio de Avalot, esta "irregularidad" aparece en el 18% de los casos, en los que no se rellena ni un apartado ni el otro. Adem¨¢s, en otro 18% de los casos, en el contrato no se hace referencia al motivo de la contrataci¨®n, omisi¨®n se considera fraude de ley en el Estatuto de los Trabajadores, regulado por el Gobierno central.

El estudio de Avalot tambi¨¦n revela que casi nueve de cada 10 contratos registrados en las OTG son temporales. La duraci¨®n media de estos acuerdos laborales es de tres meses, apunt¨® Riu. A su juicio, tanto las irregularidades constatadas como la temporalidad de la mayor¨ªa de los contratos son "de lo m¨¢s preocupantes" e "il¨®gicas".

"Mala fe" empresarial

El portavoz de Avalot explic¨® que "igual que los convenios colectivos pasan controles de calidad", los contratos de empleo "deber¨ªan estar sujetos al mismo grado de control por parte de los gobiernos". Pero Riu no achac¨® la responsabilidad a las administraciones p¨²blicas. A su juicio, "la causa de estas irregularidades se debe a ciertos empresarios que obran con mala fe", aprovech¨¢ndose de "la gran desinformaci¨®n existente en todos los sectores", sobre todo en el de servicios, en el que se registraron el 31% de las irregularidades, y entre la gente m¨¢s joven.

Avalot pidi¨® al Gobierno catal¨¢n que aumente los recursos destinados a las OTG, de modo que dispongan de personal que se dedique exclusivamente al control legal de la contrataci¨®n. Tambi¨¦n hizo un llamamiento a los trabajadores para que denuncien los fraudes de ley que se den en sus contratos. El Departamento de Trabajo e Industria, en el que se encuentra el Servicio de Ocupaci¨®n de Catalu?a, record¨® que la labor de este organismo es "registrar los contratos laborales" y afirm¨® que "no tiene ni ha tenido nunca la competencia sobre el control de la legalidad de estas comunicaciones".

Seg¨²n la ordenanza laboral, en el Estatuto de los Trabajadores, as¨ª como en otras leyes estatales, se recoge que es la Inspecci¨®n de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, en colaboraci¨®n con el Gobierno catal¨¢n, la que vela por el cumplimiento de la legalidad de los contratos, seg¨²n fuentes del departamento. Por ello, "el SOC no tiene nada que decir frente a estas irregularidades", apuntaron las mismas fuentes, que invitaron a UGT a "denunciar los contratos ante la Inspecci¨®n de Trabajo".