Diversidad e igualdad, un falso dilema

El hilo conductor de buena parte de las cr¨ªticas que ha recibido el proyecto de Estatuto de Catalu?a es que plantea un cambio en el reparto territorial del poder pol¨ªtico de forma unilateral, sin tener en cuenta el conjunto del Estado, prefigurando un marco desigual o asim¨¦trico en competencias, financiaci¨®n, derechos y deberes, que vendr¨ªa amparado por el reconocimiento de Catalu?a como naci¨®n. Estos aspectos, esgrimen sus cr¨ªticos, vulneran la Constituci¨®n y atentan contra el inter¨¦s general. De ser ciertas estas afirmaciones en el proceso de reformas estatutarias no habr¨ªa m¨¢s opciones que el camino de la disgregaci¨®n o el camino de un modelo territorial con Estatutos fotocopiados. Al parecer para la derecha no vale ni la experiencia acumulada en Espa?a, donde han coexistido diferentes ritmos o grados de autogobierno, ni las ricas experiencias de los modelos federales.

Catalu?a asume sus obligaciones tanto con el Estado como con el resto de comunidades

En general estas cr¨ªticas se concretan en la definici¨®n de Catalu?a como naci¨®n, derechos y deberes, competencias y financiaci¨®n. Pero vayamos por partes. La definici¨®n de Catalu?a como naci¨®n no es anticonstitucional porque no plantea una cuesti¨®n de soberan¨ªa, puede interpretarse en un sentido cultural, hist¨®rico o incluso pol¨ªtico, sin que se plantee formar un Estado propio. Seg¨²n el nuevo Estatuto, Catalu?a se constituye en comunidad aut¨®noma de acuerdo con la Constituci¨®n. Denominarse naci¨®n no implica ning¨²n privilegio, sino simplemente aplicar la propia CE, que en el art¨ªculo 147.2 establece que los estatutos de autonom¨ªa pueden fijar la denominaci¨®n de la comunidad que se ajuste mejor a su identidad hist¨®rica.

La derecha afirma que el Estatuto fija un modelo cerrado de sociedad y unos supuestos privilegios para los ciudadanos de Catalu?a. El Estatuto plantea un modelo abierto que refleja los valores mayoritarios de la sociedad catalana, al tiempo que permite aplicar proyectos pol¨ªticos distintos. El Estatuto no es solamente un listado de competencias y una regulaci¨®n de las instituciones, sino que incorpora una dimensi¨®n social y ciudadana reconociendo los derechos de las familias, los menores, los j¨®venes, las mujeres, los trabajadores o las personas que sufren pobreza. As¨ª como derechos y deberes en el ¨¢mbito del medio ambiente, la educaci¨®n, la salud, la cultura o la vivienda. Un cat¨¢logo de derechos que no vulnera la igualdad entre los ciudadanos del Estado, puesto que nada impide que todas las comunidades establezcan un t¨ªtulo de derechos y deberes en sus Estatutos, siempre que estos traten de materias que son competencias propias de la comunidad aut¨®noma, como es el caso del nuevo Estatuto de Catalu?a.

Es l¨®gico que la derecha espa?ola -m¨¢s neoliberal que liberal-, para la cual los actores econ¨®micos deben regular la sociedad, de acuerdo con el modelo imperante al otro lado del Atl¨¢ntico, se oponga al t¨ªtulo de derechos y deberes; y en cambio apoyen la incorporaci¨®n de los mismos quienes tienen como modelo las sociedades m¨¢s avanzadas de Europa.

La experiencia de estos 26 a?os de autonom¨ªa ha puesto de manifiesto que uno de los principales problemas para el desarrollo de los autogobiernos ha sido la constante interferencia del Estado, que ha laminado las competencias propias de las autonom¨ªas a partir de un concepto y una pr¨¢ctica expansiva de la legislaci¨®n estatal. Esta pr¨¢ctica ha ido vaciando de contenido el autogobierno y estrechando sus m¨¢rgenes de actuaci¨®n.

La metodolog¨ªa empleada en el nuevo Estatuto, el mal llamado "blindaje" de las competencias, consiste en precisar el car¨¢cter exclusivo, compartido y ejecutivo de las competencias, detallando las materias y submaterias sobre las que la Generalitat tiene competencias, para evitar el recorte de autogobierno que hemos venido sufriendo. Se trata, por ejemplo, de que si una competencia es exclusiva lo sea realmente. As¨ª mismo, el Estatuto reclama, a trav¨¦s de una disposici¨®n adicional, el traspaso a trav¨¦s del art¨ªculo 150.2 de la CE de competencias en inmigraci¨®n, puertos y aeropuertos o telecomunicaciones, que son estrat¨¦gicas para Catalu?a. ?Supone esto una imposici¨®n unilateral de Catalu?a al conjunto del Estado? No, en primer lugar porque los Estatutos son normas pactadas. El Parlamento de Catalu?a, y el de todas las comunidades aut¨®nomas, aprueban proyectos de Estatuto que deben pactarse en las Cortes y someterse a refer¨¦ndum posteriormente. Se trata pues de una norma acordada bilateralmente entre las comunidades aut¨®nomas y el Estado, no de una imposici¨®n unilateral. Y en segundo lugar porque la Constituci¨®n permite una interpretaci¨®n abierta de los ¨¢mbitos competenciales, dejando a los Estatutos la posibilidad de complementar la distribuci¨®n de competencias.

En cuanto a la financiaci¨®n, tenemos un amplio consenso en Catalu?a, basado en estudios muy solventes, de que este es uno de los principales problemas de nuestro autogobierno. Los principios que propone el Estatuto como base del titulo de financiaci¨®n son la autonom¨ªa financiera, la coordinaci¨®n, la solidaridad y la transparencia. La capacidad normativa de la Generalitat en esta materia, seg¨²n el proyecto de Estatuto, se realizar¨¢ en el marco de las competencias del Estado y de la UE. Y, al contrario de lo que se ha dicho, Catalu?a asume sus obligaciones tanto con el Estado como con el resto de comunidades; solamente reclamamos que las normas de la cohesi¨®n territorial, de la solidaridad, sean conocidas y transparentes, a diferencia de lo que ocurre ahora, porque ?alguien sabe cu¨¢l es la forma que garantiza la cohesi¨®n territorial en Espa?a? El Estatuto propone un sistema realmente equitativo y eficiente. Equitativo porque plantea que a igual esfuerzo fiscal todos los ciudadanos del Estado tengan acceso a iguales servicios, garantizando la aportaci¨®n de recursos de la Generalitat a los mecanismos de solidaridad para que este principio se cumpla. Y eficiente, al establecer la correspondencia entre esfuerzo fiscal e ingresos: a mayor esfuerzo fiscal, mayores ingresos.

?Nos puede llevar todo esto a 17 modelos auton¨®micos de autogobierno? No necesariamente. Catalu?a no busca privilegios, sino mejorar su autogobierno, una mejora que, en buena medida, es generalizable al conjunto de comunidades aut¨®nomas. Igualdad y diversidad no son conceptos antit¨¦ticos, si por igualdad no se entiende uniformidad. La tendencia en los ¨²ltimos a?os en los modelos federales ha sido la del retorno de poder a las entidades federadas y la diversidad competencial partiendo de un tronco com¨²n, para dar respuesta a realidades nacionales, demogr¨¢ficas, socioecon¨®micas, geogr¨¢ficas que son distintas.Lo que el debate sobre el Estatuto pone en evidencia es el grado de voluntad autonomista real de las fuerzas pol¨ªticas del Estado, al aceptar o no un reparto de poder pol¨ªtico m¨¢s favorable a los autogobiernos; y el grado de cultura democr¨¢tica alcanzado si de una vez se asume plenamente la diversidad de realidades nacionales que conforman Espa?a.

Debi¨¦ramos tomar nota de otras experiencias, como la de Canad¨¢, con una cultura federal y democr¨¢tica mucho m¨¢s arraigada que la nuestra. St¨¦phane Dion, ministro liberal canadiense de relaciones intergubernamentales, en relaci¨®n a la petici¨®n de reconocimiento de Quebec como sociedad distinta dijo que las diez provincias son iguales en el sentido en que no hay m¨¢s que un solo estatuto de provincia en Canad¨¢. Y esas dos nociones -car¨¢cter ¨²nico de Quebec e igualdad de las provincias- son conciliables desde el momento en que se admite que la igualdad no es sin¨®nimo de uniformidad en Canad¨¢. La igualdad debe ir pareja con un profundo respeto para todo lo que conforma la diversidad canadiense. Ya quisi¨¦ramos que los que en Espa?a se denominan liberales tuvieran este mismo esp¨ªritu democr¨¢tico y federalista.

El reto en Espa?a es aceptar la diversidad. La diversidad de identidades nacionales y la diversidad de aspiraciones en el autogobierno. Catalu?a no pone obst¨¢culos a las comunidades que quieran alcanzar el mismo grado de autogobierno, la generalizaci¨®n de las autonom¨ªas ha sido buena para todo el mundo, pero esto no puede convertirse en la coartada del recorte de las leg¨ªtimas y constitucionales aspiraciones de Catalu?a.

Como se ha visto a lo largo de estos meses, las distintas comunidades aut¨®nomas que reforman sus estatutos no han expresado ni las mismas aspiraciones ni la misma voluntad de autogobierno. Esto no es ni peor ni mejor, es simplemente la realidad.

Joan Saura es consejero de Relaciones Institucionales y Participaci¨®n y presidente de Iniciativa per Catalunya Verds.