Los abogados de Guip¨²zcoa amenazan al Gobierno con suspender el servicio de atenci¨®n a inmigrantes irregulares

El Colegio de Abogados de Guip¨²zcoa amenaz¨® ayer con suspender temporalmente el servicio de atenci¨®n jur¨ªdica y social a inmigrantes en situaci¨®n irregular, si el Departamento de Asuntos Sociales no mejora las condiciones econ¨®micas del convenio hasta ahora vigente, seg¨²n indic¨® el representante del colegio, I?aki Almandoz.

El servicio Heldu depende del Gobierno vasco y est¨¢ abierto en las tres capitales desde 2003 gracias a sendos convenios de colaboraci¨®n anuales con los colegios de abogados de cada territorio. El Departamento de Asuntos Sociales aporta el dinero y los colegios se encargan de contratar al personal que atiende el servicio.

Seg¨²n est¨¢ estipulado, para revisar el acuerdo es preciso denunciarlo al menos dos meses antes de que acabe el a?o, pues, de lo contrario, se procede a la pr¨®rroga autom¨¢tica, seg¨²n explic¨® Almandoz. El Colegio de Abogados de Guip¨²zcoa, que este ejercicio ha funcionado con una pr¨®rroga del acuerdo de 2004, inici¨® las conversaciones con Asuntos Sociales all¨¢ por verano para mejorar las condiciones para 2006. El pasado octubre, el colegio denunci¨® el convenio actual y la consejer¨ªa present¨® por escrito un principio de acuerdo, seg¨²n asegur¨® el letrado. Sin embargo, un mes despu¨¦s, el Ejecutivo "retir¨® los avances" alcanzados, a?adi¨®.

Ambas partes mantuvieron su ¨²ltima reuni¨®n el pasado lunes sin llegar a un pacto. En este momento, por tanto, Guip¨²zcoa carece de convenio para 2006. Vizcaya y ?lava ver¨¢n prorrogados los suyos. Ante esta situaci¨®n, el colegio de abogados guipuzcoano amenaza con no subir el pr¨®ximo 2 de enero la persiana de la oficina de San Sebasti¨¢n, en la que trabajan tres abogados y dos administrativos. Desde el inicio del programa, han atendido a tres mil inmigrantes. El escollo, seg¨²n fuentes de Asuntos Sociales, radica en que los letrados de Guip¨²zcoa quieren que si en el futuro desaparece Heldu, las indemnizaciones de sus trabajadores corran a cargo del Gobierno, algo que "jur¨ªdicamente no es posible". En todo caso, la consejer¨ªa estar¨ªa dispuesta a elevar la partida de gastos de gesti¨®n del servicio, un incremento que llevar¨ªa a cabo en los tres territorios.