Obediencia pol¨ªtica

La tramitaci¨®n legal de la OPA de Gas Natural sobre Endesa est¨¢ revelando la determinaci¨®n del Partido Popular de convertir una operaci¨®n que deber¨ªa moverse en el ¨¢mbito estrictamente financiero en un circo pol¨ªtico de dudosa honorabilidad. Sirva como ejemplo el espect¨¢culo organizado el lunes por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), que decidi¨® recomendar al Gobierno el rechazo de la operaci¨®n. Los seis consejeros nombrados por el PP en el Tribunal durante su etapa de Gobierno hicieron honor a su obediencia al partido que los design¨® y votaron en contra del informe elaborado por los t¨¦cnicos de la instituci¨®n, que propon¨ªa razonablemente aprobar la OPA con severas condiciones para mantener la competencia. Resulta evidente que el primer partido de la oposici¨®n se ha propuesto abortar la integraci¨®n de Endesa en Gas Natural por encima de cualquier otra consideraci¨®n, sea ¨¦sta un criterio de estricta competencia en el mercado -ninguna propuesta de compraventa o concentraci¨®n debe ser vetada o impedida si mediante otro tipo de restricciones se garantiza la competencia en su mercado-, sea el respeto debido a la independencia de los organismos reguladores que garantizan el buen funcionamiento de los mercados.

A la espera de conocer el dictamen razonado de la dudosa votaci¨®n del lunes, los hechos apuntan a que el PP ha convertido su oposici¨®n a la OPA de Gas Natural en una obsesi¨®n que amenaza con socavar la credibilidad de los organismos reguladores espa?oles. Fue una conducta indigna convertirse en grupo de presi¨®n ante las autoridades comunitarias para que la OPA fuese tramitada en Bruselas, con la esperanza de que la dureza de las condiciones europeas impidiera su aprobaci¨®n, sin cuidarse de las sospechas de parcialidad que tal empe?o arrojaba sobre la Comisi¨®n de la Energ¨ªa, el TDC, y la propia Comisi¨®n Europea. Ahora, parece haberse propuesto utilizar todos los resortes creados durante sus a?os de Gobierno en forma de consejeros de las instituciones reguladoras para impedir una OPA que consideran una operaci¨®n pol¨ªtica de agresi¨®n, presumiblemente de Catalu?a contra Espa?a, y un intento de desalojar a los responsables de la compa?¨ªa que nombr¨® el PP durante su etapa de Gobierno.

Esta pr¨¢ctica indeseable, apoyada desde ciertos medios de comunicaci¨®n que se dedican a distribuir infamias personalizadas, socava la credibilidad de los ¨¢rbitros econ¨®micos; es el precio que el PP parece dispuesto a pagar a cambio de incomodar al Gobierno. Los inversores nacionales e internacionales acabar¨¢n por no confiar en instituciones que simplemente votan al dictado de los partidos pol¨ªticos, en contra de la racionalidad econ¨®mica que les proponen los informes t¨¦cnicos. Desdichadamente es lo que ha sucedido en el TDC. Es m¨¢s, sus consejeros han decidido no hacer p¨²blico el informe t¨¦cnico que aprobaba la fusi¨®n; tal vez porque temen quedar en evidencia.

El informe del TDC no es vinculante; por tanto, el Gobierno puede muy bien decidir lo contrario. Sobre todo si cuenta con informes, como el de la CNE, que compaginan razonablemente la creaci¨®n de un grupo integrado de gas y electricidad con las exigencias para garantizar que el mercado energ¨¦tico espa?ol no se convierte en un jard¨ªn oligopol¨ªstico. Al margen de la incomodidad, quiz¨¢ sea el momento de preguntarse si el m¨¦todo de poblar los organismos reguladores con consejeros directamente recomendados por los partidos pol¨ªticos no lleva a clausurarlos por inutilidad manifiesta.