El Congreso de EE UU planta cara a Bush

Un total de 44 p¨¢ginas de un informe del Congreso de Estados Unidos concluyen que George W. Bush no puede esgrimir que posee "amplios poderes presidenciales" para autorizar el espionaje telef¨®nico de sus ciudadanos. En 44 p¨¢ginas, el Congreso asegura que la Administraci¨®n Bush ha entrado en colisi¨®n con las leyes existentes y que sus argumentos legales son muy d¨¦biles a la hora de justificar el espionaje destapado por el diario The New York Times a principios de diciembre del a?o pasado.

El informe del Servicio de Investigaci¨®n del Congreso rebate, seg¨²n revelaba ayer el peri¨®dico The Washington Post, la afirmaci¨®n central hecha en pasados d¨ªas por el fiscal general, Alberto Gonzales, y por el mismo Bush sobre la autoridad presidencial que esgrimen para ordenar interceptar de forma secreta llamadas de tel¨¦fono y correos electr¨®nicos de personas que residen en EE UU con el extranjero. Legisladores dem¨®cratas y defensores de las libertades civiles reiteraban ayer su petici¨®n de una investigaci¨®n a fondo y poner fin de inmediato al programa de espionaje electr¨®nico.

La Casa Blanca justifica la Ley Patri¨®tica porque la "amenaza sigue latente"

Los dem¨®cratas piden mayor equilibrio entre seguridad nacional y protecci¨®n de derechos

Libertades civiles frente a seguridad nacional en tiempos de terrorismo. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el presidente de EE UU inici¨® una pol¨ªtica que parece desequilibrar la anterior ecuaci¨®n. Al dotar al pa¨ªs con la controvertida Ley Patri¨®tica, Bush puso en peligro "la libertad de todos los estadounidenses", seg¨²n Caroline Fredrickson, directora de la oficina legal de la Uni¨®n de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en ingl¨¦s), en Washington. La ley se aprob¨® hace ya m¨¢s de cuatro a?os -seis semanas despu¨¦s del 11-S- como un refuerzo de los poderes de la polic¨ªa en la investigaci¨®n y vigilancia de supuestos terroristas y para mejorar la coordinaci¨®n de las distintas agencias y aparatos de seguridad.

Sus dos apartados m¨¢s controvertidos son la secci¨®n 206 y la 215. La primera permite que la polic¨ªa pueda obtener permisos judiciales para intervenir conversaciones telef¨®nicas o mensajes de correo electr¨®nico. La segunda autoriza el acceso a datos privados, como historiales m¨¦dicos, transacciones financieras o informaci¨®n sobre pr¨¦stamos de libros en bibliotecas p¨²blicas.

La Ley Patri¨®tica expiraba el pasado 31 de diciembre y, pese a que la Casa Blanca hizo todo lo posible para lograr su extensi¨®n, el Senado estadounidense rechaz¨® renovar la legislaci¨®n antiterrorista por considerar que algunos de sus art¨ªculos violan los derechos de los estadounidenses. S¨®lo prorrog¨® su vigencia hasta el pr¨®ximo 3 de febrero.

La decisi¨®n constituy¨® una nueva derrota en el Congreso para el presidente a pocos d¨ªas de acabar el a?o y era la segunda, despu¨¦s de que Bush se viera forzado s¨®lo dos d¨ªas antes a aceptar una enmienda contra la tortura votada por las mayor¨ªas republicanas en el Congreso.

Sea como sea, Bush parece decidido a lograr que se convierta en permanente una ley que ha permitido desbaratar algunas c¨¦lulas terroristas en EE UU. Y sus primeras declaraciones nada m¨¢s comenzar el a?o 2006 fueron en este sentido. "La amenaza terrorista sigue latente. Necesitamos aprobar esta legislaci¨®n clave para Am¨¦rica".

Desde las filas dem¨®cratas se considera, y se consideraba, que debe de haber un equilibrio entre la seguridad nacional y la protecci¨®n de los derechos civiles de los estadounidenses. Bajo el nombre de Patriot se recogen las siglas en ingl¨¦s de su largo t¨ªtulo, cuya traducci¨®n es Proporcionar las Herramientas Adecuadas Necesarias para Interceptar y Obstruir el Terrorismo. La ley actualiza lo aprobado 27 a?os antes en materia de interceptaci¨®n de comunicaciones electr¨®nicas. El pr¨®ximo 3 de febrero volver¨¢ al Congreso de Estados Unidos la pelea entre sus defensores y quienes consideran que vulnera libertades b¨¢sicas.

Exist¨ªa otra batalla en EE UU que ya se ha dado por cerrada, al menos en el Congreso: la enmienda McCain contra la tortura. Tras la amenaza de ser vetada por el propio presidente, una enmienda contra la tortura votada por las mayor¨ªas republicanas en el Congreso estadounidense vio finalmente la luz antes de acabar el a?o.

Bush se vio forzado a aceptar la enmienda contra el trato "cruel, inhumano o degradante" a sospechosos de terrorismo extranjeros. En un abierto desaf¨ªo a la Casa Blanca, la iniciativa del senador republicano John McCain, veterano del tristemente famoso Hanoi Hilton, centro de detenci¨®n de prisioneros estadounidenses en el entonces Vietnam del Norte, fue aprobada por el Congreso. Bush amenaz¨® con vetarla si no se contemplaba un requerimiento del vicepresidente, Dick Cheney, quien deseaba que la enmienda excluyera a la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Argumentaba que la agencia necesita poderes especiales para llevar adelante su lucha contra el terrorismo. No le quedaba mucha opci¨®n a Bush m¨¢s que aceptar la enmienda si no quer¨ªa aparecer como un jefe de Estado que defend¨ªa la tortura.

Para las organizaciones de defensa de los derechos humanos, cualquier forma de tortura es inaceptable. En opini¨®n de Amnist¨ªa Internacional, tambi¨¦n lo es "el coste personal de las medidas antiterroristas que se est¨¢n aplicando en nombre de la seguridad y la libertad" en pa¨ªses como Estados Unidos.

En la "guerra contra el terror" emprendida por el Gobierno de Estados Unidos, existen innumerables individuos que han sido recluidos "en secreto", en "r¨¦gimen de incomunicaci¨®n", y sometidos a "tortura y malos tratos a manos de agentes estadounidenses", asegura Amnist¨ªa. Guant¨¢namo, Abu Ghraib, Bagram, los vuelos secretos de la CIA: ?Medidas para proteger a los estadounidenses del terrorismo?