Contra la ley antitabaco

No fumo desde el seis de octubre de 1996, ese d¨ªa fum¨¦ mi, hasta la fecha, ¨²ltima pipa.Desde entonces la peque?a colecci¨®n de cachimbas que en su d¨ªa reun¨ª duerme el sue?o de los justos en una de las librer¨ªas de mi casa. Gracias a la magn¨ªfica labor del departamento de Sanidad y de su distinguida titular estoy sometiendo a detenida consideraci¨®n la posibilidad de volver a la costumbre de las bolsas de picadura y al h¨¢bito de fumarme una pipa despu¨¦s de las comidas. La ley 25/05 no merece, me parece, respuesta m¨¢s indicada que la se?alada. No s¨¦ si la expresi¨®n "fascismo sanitario" que han empleado algunos cr¨ªticos para describir ese engendro legislativo es adecuada o no, pero no dudo que estamos ante una ley que hubiere respaldado el vegetariano, abstemio y al¨¦rgico al tabaco D. Adolfo Hitler, lo que, en mi modesta opini¨®n, es motivo necesario y suficiente para que contemplemos con suspicacia un texto legislativo que, desde el encabezamiento a la firma, refleja lo que me parece apropiado definir como "la funesta man¨ªa de prohibir".

Porque a la postre de eso se trata. De prohibir. No hay que hacer caso de la denominaci¨®n de ley de "medidas sanitarias", de las treinta y una disposiciones duraderas del texto legal s¨®lo dos (arts.11 y 12) pueden se descritos apropiadamente como "medidas sanitarias", cubriendo menos de un tercio del ¨²nico cap¨ªtulo que a la materia se dedica. Cuando el legislador habla de "medidas sanitarias" esta diciendo conscientemente cosa distinta de lo que efectivamente hace. Es decir, miente. La ley esta dedicada poco menos que en su integridad a exponer un detallad¨ªsimo cat¨¢logo de prohibiciones y restricciones, a configurar un vago y generoso cat¨¢logo de infracciones a las que se anuda un contundente aparato sancionador, al que por cierto no falta el rescate de la venerable pena infamante que este prodigio de modernidad rescata del arsenal punitivo del Antiguo R¨¦gimen (v¨¦ase el notable art.18.2. d.), es m¨¢s, llevado de su noble prop¨®sito de sancionar punto menos que todo lo sancionable se llega al extremo de abandonar algo tan b¨¢sico como el principio de personalidad de la infracci¨®n, de tal manera que una persona puede ser sancionada por la Administraci¨®n por las conductas realizadas por otra u otras, al extremo, mi querido lector, que si su hijo menor de edad fuma en lugar no autorizado la multa la pagar¨¢ usted (art.21.8.). La man¨ªa de prohibir llega a extremos surrealistas: si una tabacalera entrega un donativo a una ONG (Medicus Mundi o C¨¢ritas, pongamos por caso), debe hacerlo de modo clandestino, porque si la donaci¨®n recibe publicidad puede ser un supuesto de patrocinio, prohibido por la ley, ya que si se sabe el p¨²blico conocimiento puede tener el efecto indirecto de promocionar la imagen del producto que la donante elabora, lo que el legislador, sabio y prudente, proscribe. No es casual, es simplemente la consecuencia de una mala idea: la del patrocinio indirecto no es mal candidato para sustituir a la caja de Pandora.

Lo que m¨¢s bemoles tiene en este asunto es que la amplia gama de prohibiciones con que el legislador nos ha obsequiado, en aras eso s¨ª de lo pol¨ªticamente correcto, trata de fundamentarse en que los espa?oles tienen constitucionalmente reconocido el derecho a la salud, y de esa escarpia se cuelga semejante producto. Para cualquier persona no contaminada de totalitarismo sanitario puede parecerle raro que de un derecho se extraiga como primaria y principal consecuencia jur¨ªdica una tan amplia gama de prohibiciones. El argumento es conocido, viejo y malo: mediante esa gama de prohibiciones el legislador, sabio y prudente, nos protege frente a nuestros malos deseos y desviadas inclinaciones, velando de ese modo por la satisfacci¨®n de nuestro derecho a la salud. No se trata, pues, de promover e implementar las medidas necesarias para que nuestra salud mejore dentro del respeto a la autonom¨ªa personal (que es el n¨²cleo fundamental de todo derecho constitucional, y aun de todo derecho individual), se trata de imponer pol¨ªticas p¨²blicas cuya directriz principal es limitar esa misma autonom¨ªa personal al efecto de obtener un determinado resultado que se estima (por el legislador) bueno. Paternalismo se llama eso. El Estado, muy amablemente, nos impone unas conductas y nos proh¨ªbe otras para mantenernos sanos. El derecho a la salud se aproxima peligrosamente a la obligaci¨®n de estar sanos. Al fin y al cabo ?no dice la exposici¨®n de motivos de la ley que el que las mujeres fumen supone una vulneraci¨®n de la igualdad de oportunidades en el derecho a la salud? ?Ah insensatas!

En suma, la ley en cuesti¨®n es constitutivamente mala, y lo es precisamente en la medida en la que otorga una prioridad absoluta a un bien (la prevenci¨®n) y sacrifica al mismo la autonom¨ªa personal, limitando o dificultando el ejercicio de derechos, en algunos caso de derechos fundamentales. Claro que prohibir y sancionar es m¨¢s barato que desarrollar pol¨ªticas preventivas, a las que se dedican dos de treinta y ocho preceptos de la ley. En estas condiciones no les extra?ar¨¢ a ustedes saber que cada vez que veo la rubia melena de la se?ora ministra del ramo en los noticiarios de la TV siento en irresistible deseo de fumarme una pipa. Laus Deo.

Manuel Mart¨ªnez Sospedra es profesor de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.