Azkarraga rebaja el alcance de su plan y recalca que supone s¨®lo "un marco regulador"

El plan aprobado ayer es uno de los proyectos claves del Departamento de Empleo, que lleva varios a?os batallando por ¨¦l, en la convicci¨®n de las dificultades que afrontar¨¢ en un futuro m¨¢s o menos pr¨®ximo el sistema p¨²blico de pensiones y de su necesidad para aquellas capas de poblaci¨®n con una capacidad de ahorro m¨¢s limitada y m¨¢s dificultad para suscribir planes individuales.

Sin embargo, el propio consejero de Empleo, Joseba Azkarraga, vino ayer a rebajar su alcance al insistir en su condici¨®n de simple "marco regulador" que a nadie obliga. Azkarraga recalc¨®: "Estamos simplemente ante un marco regulador al que se acoge quien quiere y que no es una imposici¨®n a nadie".

El proyecto inicial que se dio a conocer hace casi tres a?os s¨ª introduc¨ªa la advertencia de que el Ejecutivo estudiar¨ªa la obligatoriedad de constituir los planes complementarios si la negociaci¨®n colectiva no daba resultados por s¨ª misma. La renuncia a ese planteamiento, dif¨ªcilmente practicable cuando las aportaciones deben hacerlas empresas y trabajadores, fue expl¨ªcita ayer. "En ning¨²n caso obliga, no impone nada a nadie", insisti¨® una y otra vez el consejero, al tiempo que defini¨® la negociaci¨®n colectiva como "eje motor" y a patronal y sindicatos como "aut¨¦nticos protagonistas".

Sin fondo de garant¨ªa

Tambi¨¦n se ha eliminado la constituci¨®n de un fondo publico de garant¨ªa, cifrado en 2003 en casi seis millones de euros y concebido para cubrir eventuales "fraudes o conductas irregulares". Azkarraga argument¨® la supresi¨®n de ese fondo en la consideraci¨®n del Gobierno de que las ayudas previstas, que se concretar¨¢n en un decreto este mismo trimestre, "son, en este momento, suficientes".

Las l¨ªneas de actuaci¨®n que explic¨® el consejero se centran en promover la implantaci¨®n de los llamados sistemas de empleo, separ¨¢ndolos de los individuales, generar confianza en ellos, garantizar su seguimiento y dise?ar una estrategia de comunicaci¨®n, concienciaci¨®n y formaci¨®n ciudadana. La comercializaci¨®n de los planes, que en el caso de los individuales realizan las entidades bancarias, es otro de los aspectos que el Gabinete quiere regular, pero Azkarraga no ofreci¨® m¨¢s detalles al respecto.

La promoci¨®n desde el Gobierno para la implantaci¨®n de estos planes de pensiones complementarios se basar¨¢ en el reparto de ayudas econ¨®micas.

Las subvenciones ser¨¢n concretadas en breve en el citado decreto, pero Azkarraga avanz¨® que ir¨¢n dirigidas tanto a las propias EPSV (Entidades de Previsi¨®n Social Voluntaria) como a los agentes sociales. Es decir, tambi¨¦n empresarios y sindicatos tendr¨¢n derecho a beneficiarse de ellas. En este caso, se dar¨¢ a las organizaciones empresariales y a las centrales dinero para que "inicien la promoci¨®n" de estos planes entre sus asociados y afiliados. Las EPSV recibir¨¢n fondos por dos conceptos, ya que tendr¨¢n derecho a subvenciones tanto para la implantaci¨®n, campa?as de informaci¨®n y puesta en marcha como para la formaci¨®n de sus ¨®rganos de gobierno.

Los agentes implicados recibir¨¢n tambi¨¦n ayudas administrativas en t¨¦rminos de asesoramiento y orientaci¨®n o elaboraci¨®n de modelos de constituci¨®n y gesti¨®n de los planes.

Los sindicatos ELA, CCOO y UGT, consultados ayer por este peri¨®dico, desconoc¨ªan el texto final aprobado por el Gobierno, por lo que mantuvieron sus reservas. Tampoco la patronal Confebask quiso ofrecer su parecer.

ELA emiti¨® una nota con comentarios negativos, a la espera de poder realizar un an¨¢lisis m¨¢s detallado del texto y de la posterior normativa de desarrollo. El sindicato nacionalista manifest¨® su oposici¨®n a las bases del plan, por partir ¨¦ste de la imposibilidad del sistema p¨²blico de garantizar las coberturas futuras. ELA mostr¨® tambi¨¦n su desacuerdo en la concesi¨®n de "ayudas y tratamientos fiscales a¨²n m¨¢s privilegiados que los actuales para el desarrollo de estos sistemas.

Las discrepancias de CCOO y UGT se centran en la posible obligatoriedad de la aportaci¨®n de los trabajadores, que rechazan, y en los requisitos exigidos para que un plan de previsi¨®n reciba la consideraci¨®n de "cualificado". Ambas centrales esperan a conocer al detalle el contenido en relaci¨®n con esos extremos del texto aprobado por el Gobierno. LAB, por su parte, estim¨® que el Gobierno debe centrarse en lograr un sistema de Seguridad Social propio y rechaz¨® la proliferaci¨®n de entidades de previsi¨®n social voluntaria y las bonificaciones fiscales a los planes privados.