El Gobierno y los partidos catalanes afrontan la recta final de la negociaci¨®n con expectativas de acuerdo
La financiaci¨®n se presenta ya como el ¨²nico obst¨¢culo serio para lograr el pacto tras los avances de las ¨²ltimas semanas
El Gobierno central y los partidos catalanes -CiU, PSC, ERC e ICV- encaran la recta final de la negociaci¨®n sobre el nuevo Estatuto de Catalu?a con expectativas de acuerdo. A lo largo de la pr¨®xima semana abordar¨¢n ya los ¨²ltimos aspectos conflictivos a¨²n por resolver, como la denominaci¨®n de Catalu?a, las infraestructuras, la inmigraci¨®n y, sobre todo, la financiaci¨®n, que es el punto clave que queda por desatascar de la negociaci¨®n. Tanto el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero como los partidos catalanes no descartan que la pr¨®xima semana pueda cerrarse un acuerdo pol¨ªtico o, al menos, lo van a intentar. Las un¨¢nimes expectativas de pacto radican en la voluntad pol¨ªtica de todas las partes de que se produzca, m¨¢s all¨¢ de los recelos existentes entre los partidos catalanes, que contribuyen a complicar y alargar la negociaci¨®n.
La Moncloa contempla con prudente optimismo la recta final porque valora que en las semanas precedentes de negociaci¨®n los partidos catalanes han manifestado la voluntad de asumir que el texto que ha llegado al Congreso de los Diputados procedente del Parlamento de Catalu?a se ajuste plenamente a la Constituci¨®n. En las negociaciones, el Gobierno ha respetado la estructura del Estatuto y su extensi¨®n, con sus largos cap¨ªtulos sobre derechos y deberes y de competencias, limando sus aspectos m¨¢s conflictivos.
Igual confianza en el pacto albergan las formaciones catalanas ERC, CiU e ICV, que ven como, poco a poco, los socialistas flexibilizan sus r¨ªgidas posiciones iniciales. No obstante, evitan cantar victoria hasta que se cierre un pacto sobre la financiaci¨®n. Entonces, aseguran, no habr¨¢ ya marcha atr¨¢s.
- Derechos hist¨®ricos. El Gobierno quiere limitar su fuente de legitimidad a cuestiones relacionadas con la lengua y la cultura, aunque no est¨¢ descartada la introducci¨®n de una disposici¨®n adicional similar a la del Estatuto de Arag¨®n, como recoge el proyecto.
- Derechos y deberes y justicia. El Gobierno admite el texto de derechos y deberes, pero sin originar nuevas competencias, excepto en lengua, que se ajusta a la legislaci¨®n auton¨®mica de 1998. En justicia, han pactado una amplia descentralizaci¨®n del poder judicial que se desarrollar¨¢ a trav¨¦s de una ley org¨¢nica, ahora en tr¨¢mite. Todas las formaciones acordar¨¢n las enmiendas a presentar.
- 150.2 de la Constituci¨®n. Otra cuesti¨®n conflictiva desactivada es la disposici¨®n adicional que establec¨ªa la cesi¨®n de ocho competencias exclusivas del Estado a las comunidades aut¨®nomas por la v¨ªa del art¨ªculo 150,2 de la Constituci¨®n. Lo mismo ha sucedido con la supresi¨®n de varias leyes org¨¢nicas. No obstante, el Gobierno ha cedido en su negativa de traspasar la gesti¨®n de los puertos y aeropuertos de inter¨¦s general.
- Bilateralidad y consultas. El conflictivo asunto de la "abusiva bilateralidad" que recog¨ªa el Estatuto ha quedado zanjado con un reconocimiento de "la multilateralidad". El Gobierno insiste en mantener la competencia de convocar consultas populares por las "reminiscencias del plan Ibarretxe".
- Participaci¨®n institucional. El Gobierno ha asumido la pretensi¨®n del Estatuto de Catalu?a de participar en las instituciones del Estado (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial...), aunque las ajustar¨¢ a las normas de cada instituci¨®n.
- Acci¨®n exterior. En cuanto a las relaciones con la Uni¨®n Europea, el texto incorpora los ¨²ltimos acuerdos del Gobierno con las comunidades aut¨®nomas que permiten su participaci¨®n en el Consejo de Ministros de la Uni¨®n as¨ª como en otros organismos. Tambi¨¦n incorpora la acci¨®n exterior, con la participaci¨®n de las comunidades en reuniones transfronterizas as¨ª como en actuaciones ministeriales que afecten a la comunidad. Este cap¨ªtulo podr¨ªa pactarse esta semana, aunque los partidos catalanes conf¨ªan en obtener mayores concesiones del PSOE al considerar que recorta sobremanera las demandas del proyecto estatutario.
- Competencias. El Gobierno, con la revisi¨®n de los art¨ªculos 110, 111 y 112 del Estatuto, asegura que no ha aceptado el llamado "blindaje" de competencias que fijaba el Estatuto, lo que s¨ª creen los partidos catalanes. Coinciden en que se ha restringido la "actuaci¨®n abusiva" del Estado, con la invasi¨®n de competencias auton¨®micas.
Aprobado el esquema competencial, los negociadores lo cerrar¨¢n la pr¨®xima semana en su detalle, con aspectos muy importantes como la inmigraci¨®n, cajas de ahorros y Seguridad Social, sobre la que el Gobierno mantiene como irrenunciable la caja ¨²nica y la unidad de mercado.
- Pre¨¢mbulo y naci¨®n. El pre¨¢mbulo del Estatuto, del que el Gobierno considera que emana "excesivo aroma nacionalista", se revisar¨¢ en la parte final de la negociaci¨®n, que tambi¨¦n abordar¨¢ el t¨¦rmino naci¨®n. El Gobierno s¨®lo lo aceptar¨¢ en el pre¨¢mbulo, sin rango normativo. Aunque las formaciones catalanas se han conjurado en mantenerlo en el cuerpo del proyecto, podr¨ªan, en ¨²ltimo momento, pasarlo al pre¨¢mbulo.
- Financiaci¨®n. Es el cap¨ªtulo crucial pendiente de cerrar. El Gobierno estima que los partidos catalanes han dado un paso importante al asumir el principio de que el Estado mantendr¨¢ su presencia fiscal en Catalu?a, algo que no figuraba en el pretendido nuevo Estatuto. Ahora quedan por acordar la f¨®rmula de agencia tributaria -el cuatripartito exige una agencia ¨²nica-, la capacidad normativa y los tramos de impuesto transferidos. Los tres partidos de izquierda y CiU rechazan por poco ambiciosa la oferta del Ejecutivo, que limita al 50% el traspaso del impuesto sobre la renta.
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