El fiscal del Estado ordena oponerse a la celebraci¨®n del congreso de Batasuna
Conde-Pumpido alberga "serias dudas" sobre suspender la actividad de una formaci¨®n ya disuelta
El fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, orden¨® ayer al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairi?o, que solicite la prohibici¨®n del congreso que Batasuna, formaci¨®n pol¨ªtica ilegalizada y disuelta, ha convocado para el pr¨®ximo 21 de enero. No obstante, Conde-Pumpido afirma en el escrito que dirigi¨® ayer a su subordinado que alberga "serias dudas" de que en las presentes circunstancias se pueda aplicar a Batasuna el art¨ªculo 129 del C¨®digo Penal, que permite la suspensi¨®n de actividades, al estimar que no cabe suspender algo que no existe y que est¨¢ disuelto.
El escrito de ocho folios remitido ayer por Conde-Pumpido a Fungairi?o concluye que en el caso de que el juez suspenda las actividades de Batasuna "dicha suspensi¨®n ser¨ªa aplicable y por tanto deber¨ªa producir su efecto en el concreto supuesto analizado, consistente en la convocatoria y ulterior celebraci¨®n de los actos previstos para el pr¨®ximo d¨ªa 21 de los corrientes en la ciudad de Bilbao". Es decir, el fiscal entiende que el congreso deber¨ªa prohibirse porque es un acto convocado por Batasuna, que es una formaci¨®n pol¨ªtica ilegalizada y disuelta.
La convocatoria realizada la semana pasada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska hace expresa referencia a la aplicaci¨®n del art¨ªculo 129 del C¨®digo Penal, relativo a la suspensi¨®n de actividades del partido pol¨ªtico, una vez que el magistrado recibi¨® los informes de la Guardia Civil y la polic¨ªa en los que se detallaba que el congreso hab¨ªa sido convocado por Batasuna.
Aparente contradicci¨®n
El juez Baltasar Garz¨®n ya hab¨ªa aplicado ese art¨ªculo en agosto de 2002, pero Conde-Pumpido se?ala que no parece que pueda volver a aplicarse tras la sentencia del Tribunal Supremo que ilegaliz¨® y disolvi¨® la mencionada formaci¨®n, puesto que la disoluci¨®n implica "el cese definitivo de toda actividad del partido pol¨ªtico disuelto".
Por ello, el fiscal del Estado agrega que parece contradictoria la adopci¨®n o la subsistencia, en el marco del proceso penal, de una medida suspensiva de naturaleza cautelar que tiene como fin precisamente asegurar lo que con car¨¢cter definitivo resulta de la aplicaci¨®n de la Ley de Partidos.
Conde-Pumpido destaca que si a pesar de todo, el juez entiende que cabe reactivar en el proceso penal las medidas de suspensi¨®n de actividades, s¨®lo ser¨ªan de aplicaci¨®n "al funcionamiento y la actividad" de Batasuna, pero que "no extienden sus consecuencias prohibitivas o restrictivas a cualesquiera actividades individuales o incluso colectivas, de quienes habiendo pertenecido a tales organizaciones, no se ven privados por aplicaci¨®n de ninguna de las normas citadas del pleno ejercicio de sus derechos c¨ªvicos y pol¨ªticos".
As¨ª, recuerda que el auto de Garz¨®n precisaba que "no se trata de suspender las actividades de un partido pol¨ªtico para privar a los ciudadanos de un medio de expresi¨®n o de participaci¨®n democr¨¢tica", sino de impedir la prosecuci¨®n de su actividad il¨ªcita como tal organizaci¨®n.
El fiscal del Estado alude a la Ley de Partidos y precisa que "nada impedir¨ªa que las mismas personas que integraron un partido suspendido o disuelto constituyan una nueva formaci¨®n pol¨ªtica cuyos medios y fines se ajusten a la Constituci¨®n y la ley, siendo obvio que tal proceso constituyente s¨®lo ser¨ªa posible mediante una acci¨®n organizada y conjunta de dichas personas, en ejercicio de sus derechos fundamentales, que no podr¨ªa resultar impedida, sin evidente lesi¨®n de esos derechos".
Sin embargo, los informes policiales recabados por el juez concluyen que la convocatoria del congreso "se efect¨²a por quienes de manera expl¨ªcita se autoproclaman representantes y responsables de la ilegalizada Batasuna". Adem¨¢s, se trata de una actividad "con un fin y en un marco que puede calificarse de "org¨¢nico", es decir, propio del funcionamiento y organizaci¨®n -como es obvio clandestinos- del partido pol¨ªtico disuelto".
El fiscal se?ala que hay indicios numerosos y concluyentes de una "conducta delictiva", que "precisamente dio lugar en su momento a la suspensi¨®n de dicha fuerza pol¨ªtica, en virtud de su consideraci¨®n como asociaci¨®n il¨ªcita".
Aunque en el congreso est¨¢n previstos dos actos diferenciados, -uno org¨¢nico para designar a los representantes, que se celebrar¨ªa en un lugar desconocido, y otro multitudinario para presentar a los nuevos representantes y la oferta pol¨ªtica- el fiscal concluye que ambos "son actos de dicha organizaci¨®n ilegal, materialmente imputables a ella y nada permite diferenciar su naturaleza a efectos de la eventual aplicaci¨®n de una medida cautelar penal que impida su celebraci¨®n".
Y todo parece indicar que la suspensi¨®n de actividades de Batasuna ser¨¢ acordada de nuevo esta ma?ana por el juez Grande-Marlaska. La Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Terrorismo y la reci¨¦n personada en la causa Dignidad y Justicia, que dirige Daniel Portero, han anunciado que solicitar¨¢n no s¨®lo la suspensi¨®n de actividades de Batasuna sino tambi¨¦n medidas concretas para que las fuerzas de seguridad impidan la celebraci¨®n del congreso.
La ¨²nica incertidumbre es el alcance de las medidas cautelares que pueda acordar el magistrado.
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