Desaf¨ªo inaceptable

Los antiguos cuadros y ex militantes de Batasuna se han equivocado de medio a medio si pretend¨ªan saltarse a la torera la disoluci¨®n judicial del partido, convocando con el mayor descaro y acompa?amiento de trompeter¨ªa un congreso o asamblea, de naturaleza claramente org¨¢nica, para el d¨ªa 21 en Barakaldo (Vizcaya), sin que las alarmas de Estado de derecho -especialmente, las judiciales- saltaran de inmediato. Esa convocatoria, presentada como una reafirmaci¨®n de un partido que fue disuelto por su complementariedad pol¨ªtica respecto de ETA, constitu¨ªa un desaf¨ªo imposible de aceptar.

Una de las v¨ªas posibles para cerrar el paso a los autoproclamados representantes y responsables de Batasuna, empe?ados en seguir actuando como si nada hubiera cambiado tras la sentencia de ilegalizaci¨®n dictada por el Tribunal Supremo en marzo de 2003, era una nueva suspensi¨®n cautelar de las actividades del partido, dentro del proceso penal por pertenencia a ETA abierto por el juez Garz¨®n en 2002 a varios de sus dirigentes de entonces. Otra, la actuaci¨®n de oficio, y no a instancias del fiscal o del Gobierno, del propio Tribunal Supremo para asegurar, en tr¨¢mite de ejecuci¨®n de sentencia, que se cumplen sus efectos, el primero de los cuales es el cese de actividades del partido disuelto, como establece el art¨ªculo 12.2 de la Ley de Partidos.

No son v¨ªas contradictorias, pero el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, sucesor del juez Garz¨®n en la instrucci¨®n del caso, puso ayer en marcha la primera, suspendiendo cautelarmente dos a?os m¨¢s las actividades de Batasuna, lo que implica la prohibici¨®n expresa del acto convocado para el d¨ªa 21 en Barakaldo. A Grande-Marlaska no le cabe duda de que el congreso anunciado "lo es de Batasuna como frente institucional de ETA y no de una renovada organizaci¨®n". En esta decisi¨®n ha pesado, sin duda, el convencimiento de la Fiscal¨ªa del Estado, sustentado en numerosos y concluyentes indicios, de que el acto del d¨ªa 21 es inequ¨ªvocamente "org¨¢nico", es decir, propio del funcionamiento y organizaci¨®n obviamente clandestinos de Batasuna.

A falta de argumentos, los representantes legales de Batasuna s¨®lo han podido recurrir a maniobras dilatorias, intentando recusar al juez y querell¨¢ndose contra ¨¦l por prevaricaci¨®n; o alegando la vulneraci¨®n de los derechos c¨ªvicos y pol¨ªticos de los convocantes, con manifiesto olvido de que esos derechos s¨®lo podr¨ªan tener amparo de ejercerse al margen y no bajo la cobertura de un partido ilegalizado. La provocaci¨®n como forma de imponer una legalizaci¨®n por la v¨ªa de los hechos ha encontrado una rotunda respuesta judicial.