El complejo futuro del Archivo de Salamanca
La paralizaci¨®n de la devoluci¨®n de los documentos a la Generalitat despierta viejos fantasmas
En una c¨¢mara acorazada del Ministerio de Cultura, en Madrid, 500 cajas de documentos incautados a la Generalitat durante la Guerra Civil aguardan una decisi¨®n de la Audiencia Nacional para seguir viaje hacia Barcelona o regresar al lugar de donde han salido. Constituyen s¨®lo el 2% de los tres kil¨®metros de documentos, fichas personales, carn¨¦s, fotos, cartas, expedientes, juicios sumar¨ªsimos o actas de funcionamiento de logias mas¨®nicas que atesora el Archivo General de la Guerra Civil, enclavado en el coraz¨®n de Salamanca, a la espalda de la catedral. Fue creado en abril de 1937, cuando Franco instal¨® en esta ciudad su cabeza de mando y se denomin¨®, en un principio, Oficina de Investigaci¨®n y Propaganda Anticomunista. Durante toda la guerra, este organismo reuni¨® informaci¨®n sobre el otro bando seg¨²n iba conquistando terreno el ej¨¦rcito franquista. Con dos objetivos: reprimir a los vencidos. Y custodiar su memoria.
En las 500 cajas hay actas de sesiones del Gobierno de la Generalitat
La ley aprobada por el Parlamento el 18 de noviembre alude expresamente el derecho de las instituciones de la Generalitat a "recuperar su memoria hist¨®rica" y por tanto a "la restituci¨®n de su archivo institucional". En las 500 cajas que ahora duermen en la c¨¢mara acorazada hay actas de sesiones del Gobierno de la Generalitat entre 1932 y 1936, o correspondencia entre Francesc Maci¨¤ y Llu¨ªs Companys. La ley tambi¨¦n habla de la creaci¨®n, un a?o despu¨¦s de que ¨¦sta haya entrado en vigor, de un Centro Documental de la Memoria Hist¨®rica, que tendr¨¢ sede en Salamanca y en el que se integrar¨¢n los fondos del actual Archivo de la Guerra Civil Espa?ola.
Esta ley que permite que esa parte del alma institucional catalana regrese a su tierra puede acarrear la desintegraci¨®n del Archivo a juicio de varios expertos, historiadores y archivistas vinculados a esta instituci¨®n salmantina. O por lo menos, su reducci¨®n a la mitad. Estos mismos expertos aseguran que a las 500 cajas en menos de un a?o le seguir¨¢n otras 1.500, solicitadas ya por la Generalitat de Catalu?a. Y que a ¨¦stas le seguir¨¢n otras a diferentes partes de Espa?a.
El Ministerio de Cultura prefiere no pronunciarse sobre este asunto hasta que la Audiencia Nacional no decida el destino de las 500 cajas inmovilizadas en Madrid. De cualquier forma, fuentes cercanas al Ministerio aseguran que ¨¦ste no tiene previsto ordenar el traslado de estas otras 1.500 cajas.
Una las personas que participaron en el comit¨¦ que elabor¨® el dictamen previo a la ley, el catedr¨¢tico de Historia y Premio Nacional de Ensayo Jos¨¦ ?lvarez Junco, recuerda que los juristas miembros del citado comit¨¦ "ya alertaron sobre la dificultad de que se aceptara devolver documentos a una comunidad aut¨®noma y se los negara a otra que los solicitara". El senador del PNV I?aki Anasagasti ya ha asegurado que el Gobierno vasco reclamar¨¢ los papeles que duermen en el Archivo General de la Guerra Civil relativos a Euskadi. Sin embargo, Tom¨¢s de la Quadra Salcedo, ex ministro de Justicia con el PSOE entre 1991-1993 y tambi¨¦n miembro del comit¨¦ asegura que s¨®lo Catalu?a tiene derecho a esa reclamaci¨®n porque "existe una continuidad jur¨ªdica entre la Generalitat de la Rep¨²blica y la actual, circunstancia que no se da con el Gobierno vasco".
Otro miembro de este comit¨¦, que prefiere guardar el anonimato, va m¨¢s all¨¢: "La ley aprobada permite cosas que no aconsejaba el dictamen que aprobamos los expertos. Nosotros est¨¢bamos de acuerdo con que se devolvieran esas 500 cajas a la Generalitat, porque es justo, dado que son papeles del Gobierno catal¨¢n, y porque eso no pon¨ªa en peligro el Archivo. Tambi¨¦n que se devolvieran documentos particulares (cartas, carn¨¦s...) a sus due?os o a sus herederos. Tambi¨¦n eso es de justicia y tampoco, dada su cantidad, pon¨ªa en peligro la integridad del Archivo. Pero no est¨¢bamos de acuerdo con que se devolvieran documentos a sindicatos, partidos pol¨ªticos o entidades parecidas. Eso significar¨¢ la desintegraci¨®n de este Archivo", a?ade.
El Archivo General de la Guerra Civil contiene, adem¨¢s de las 500 cajas entregadas, casi 2.000 m¨¢s de documentos relativos a instituciones catalanas: partidos pol¨ªticos, sindicatos, agrupaciones y papeles particulares que, a juicio de un tercer experto miembro del comit¨¦, ser¨¢n reclamados por la Generalitat en menos de un a?o: "La ley se lo permite". Luego explica, refiri¨¦ndose a documentos concretos que, por ejemplo, "el POUM, que es una persona jur¨ªdica de car¨¢cter privado, tiene mucha documentaci¨®n, y todo eso ser¨¢ reclamado por Catalu?a". "Y, de acuerdo a la ley, se le tendr¨¢ que entregar. Despu¨¦s, como esta instituci¨®n no existe ya, pues se quedar¨¢n en Catalu?a". La Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y Le¨®n cifr¨® ayer en un 50% la cantidad de documentos que perder¨¢ el Archivo a menos que lo evite el Tribunal Constitucional, informa Aurelio Mart¨ªn. El secretario general del PSOE de Castilla y Le¨®n, ?ngel Villalba, expres¨® su respeto a la decisi¨®n judicial de la Audiencia Nacional y dijo, informa Efe, que le parece bien que se verifique el contenido de las cajas sacadas del Archivo.
La inquietud por la salida de un volumen de documentos que acabe con el Archivo se genera tambi¨¦n por el p¨¢rrafo de la ley que permite a "las comunidades aut¨®nomas que lo soliciten (...) la restituci¨®n de los documentos (...) de las personas naturales o jur¨ªdicas de car¨¢cter privado".
S¨ªmbolo de la represi¨®n
La salida de las 500 cajas, efectuada la madrugada del jueves, y el previsible traslado de m¨¢s documentaci¨®n, ha dolido y duele en Salamanca. Uno de los miembros de un tertulia de la plaza Mayor, enfadado con el ministerio, exclam¨® ya cuando se iba para casa: "Por cada caja, por lo menos, que nos pongan un kil¨®metro de carretera, que falta hace".
Entre los m¨¢s beligerantes se cuenta el alcalde, Juli¨¢n Lanzarote, del PP, opuesto a que se pierda ni una sola hoja del archivo, y que ha convertido el traslado de las cajas (¨¦l lo denomina "expolio a sangre y fuego") en una bandera pol¨ªtica de gran repercusi¨®n. Ayer redact¨® un bando incendiario y del balc¨®n del Ayuntamiento cuelga desde hace semanas una pancarta que utiliza la m¨¢xima unamuniana de "vencer¨¦is pero no convencer¨¦is". Tambi¨¦n hay ciudadanos nada exaltados, como el catedr¨¢tico de Historia Contempor¨¢nea Manuel Redero, que aceptan que la Generalitat se lleve los documentos que encierran esas 500 cajas. "Se los ten¨ªamos que haber ofrecido nosotros; y tambi¨¦n ofrecer los suyos a los particulares que tienen aqu¨ª cartas de sus familiares. Pero luego habr¨ªa que haber negociado para que el resto del archivo, tal y como est¨¢ ahora, se quede entero para siempre aqu¨ª, porque es un s¨ªmbolo de la represi¨®n franquista; despu¨¦s de 60 a?os, esos papeles son el s¨ªmbolo de la represi¨®n, y, si se llevan muchos, aunque dejen fotocopias, no lo seguir¨¢ siendo: no se pueden hacer s¨ªmbolos as¨ª con fotocopias", afirma.
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