El inventario de los documentos de la Generalitat se remonta a los a?os 1983-1986

El 18 de noviembre de 2005, el Bolet¨ªn Oficial del Estado public¨® la Ley 21/205 que, en principio, parec¨ªa haber acabado con las discusiones hist¨®ricas, jur¨ªdicas y archiv¨ªsticas en relaci¨®n con un tema que se arrastra desde hace treinta a?os, aunque no ha acabado con el debate pol¨ªtico e ideol¨®gico al respecto. Dejando a un lado el tema legal que hoy se discute en la Audiencia Nacional, el tema de fondo del recurso se refiere a la identificaci¨®n de estos fondos de la Generalitat en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca, un organismo creado como tal en 1999 que cuenta con una documentaci¨®n muy heterog¨¦nea y con un sistema de organizaci¨®n complicado para los investigadores.

Esta dificultad era a¨²n mayor en 1982 cuando se firm¨® el convenio entre la Generalitat de Catalu?a y el Ministerio de Cultura para inventariar, catalogar y microfilmar los fondos de la Generalitat, que asumi¨® los costes del proceso. Estos trabajos, realizados entre 1983 y 1986, fueron dirigidos por la directora de lo que entonces era la Secci¨®n Guerra Civil del Archivo Hist¨®rico Nacional, Maria Teresa D¨ªez de los R¨ªos, y en el mismo participaron principalmente cuatro archiveros, dos propuestos por el Ministerio y dos por el Departamento de Cultura, siempre con supervisi¨®n t¨¦cnica de los profesionales del archivo salmantino.

Nuevos documentos

Fue un trabajo lento y complicado que finalmente se public¨® en 1992. Posteriormente se han realizado nuevas investigaciones que, por una parte, tal como indica el abogado e historiador Josep Cruanyes, han descubierto otros documentos de la Generalitat que no estaban inventariados y, desde otros flancos, se ha puesto en duda si algunos de los que s¨ª se inventariaron realmente estaban relacionados con la Generalitat. Es lo que motiv¨®, por un exceso de prudencia del Ministerio de Cultura a juicio de Cruanyes, que siete de las 507 cajas inventariadas permanecieran en Salamanca y que ahora se haya aceptado el recurso en la Audiencia. En el mismo hay referencias a los documentos del Comit¨¦ de Milicias Antifascistas que, indica Cruanyes, est¨¢ documentado que fueron creadas el 21 de julio de 1936 por un decreto de la Generalitat.

Seg¨²n Cruanyes, la ley es clara en su art¨ªculo 4.1 al indicar que en el plazo de tres meses deb¨ªan devolverse aquellos documentos identificados en virtud de aquel convenio de 1982. "No se especifica que tienen que ser los documentos de la Generalitat sino todos los que fueron inventariados a partir de aquel convenio", comenta. "La ley prev¨¦ que en diferentes plazos se devuelvan todos los documentos, pero como ¨¦stos ya estaban inventariados se les dio este plazo m¨¢s breve".