Cuatro juzgados investigan a varias redes que estafaron a un centenar de inmigrantes

Cuatro juzgados de Bilbao investigan desde esta semana la presunta estafa a un centenar de inmigrantes en el proceso de regularizaci¨®n del pasado a?o. Siete personas, entre ellas dos abogadas, han sido denunciadas por 60 casos concretos, que afectan en su mayor¨ªa a subsaharianos, por parte de la coordinadora vasca de ONG de apoyo a los inmigrantes Harresiak Apurtu. Este colectivo asegura que se han presentado ya un centenar de denuncias judiciales, pero que la cifra de estafas es muy superior y puede elevarse a entre 200 y 300, afirmaron ayer sus portavoces.

La actuaci¨®n fraudulenta se bas¨® en la formalizaci¨®n con los inmigrantes de contratos de trabajo falsos para empresas inexistentes, que carec¨ªan de medios materiales ni recursos, y que se constituyeron d¨ªas antes del inicio del proceso de regularizaci¨®n extraordinaria de extranjeros, el 7 de febrero del pasado a?o.

Las investigaciones de Harresiak Apurtuz, que agrupa a m¨¢s de 35 colectivos, se han prolongado durante m¨¢s de cuatro meses y han detectado cuatro grupos diferenciados de fraude. Dos de ellos estaban encabezados por dos abogadas, que trabajaban para empresas inexistentes. Una de las letradas est¨¢ implicada en 30 de los 60 casos. De un tercer bloque de casos ser¨ªa responsable otra persona que cobraba por la entrega de las solicitudes de residencia, un tr¨¢mite que ni siquiera cumpl¨ªa. El cuarto grupo de casos corresponde a una falsa ONG, que abri¨® una oficina y luego desapareci¨®, que tramitaba los contratos de trabajos con una empresa que luego no exist¨ªa.

A fines del a?o pasado Harresiak Apurtu traslad¨® sus pesquisas, que incluyen la informaci¨®n documentada de los falsos contratos y los pagos realizados, al Cuerpo Nacional de Polic¨ªa. Los agentes han confirmado los presuntos delitos en los 60 casos y la pasada semana trasladaron todos los datos a los juzgados. Esta semana se han repartido los casos entre los de instrucci¨®n 2, 3, 4 y 5 de Bilbao.

La mec¨¢nica de los presuntos enga?os a los inmigrantes era similar. Una persona se presentaba en las colas donde esperaban a regularizar su situaci¨®n y les ofrec¨ªa su ayuda.Estos ganchos, que tambi¨¦n se desplazaron a lugares de reuni¨®n de inmigrantes, se ofrec¨ªan a tramitar la documentaci¨®n, contactar con empresarios y ofrecerles un contrato que era falso. Luego, al ser rechazada la petici¨®n por los funcionarios -en otras ocasiones los presuntos estafadores ni siquiera presentaban las solicitudes a la Administraci¨®n- e intentar reclamar el inmigrante a dichas personas, estaban ilocalizables y las empresas que les iban a contratar no exist¨ªan.

Las v¨ªctimas del enga?o aportaron de media entre 600 y 1.000 euros por los documentos. Por ello, Harresiak Apurtu calcula que la presunta estafa asciende a m¨¢s de 60.000 euros. "Se ha cobrado por tr¨¢mites como ir a la Polic¨ªa a recoger un papel", afirmaron. "Aparte del dinero que supone", agregaron, "lo peor es la frustraci¨®n de estas personas, ya que est¨¢n poniendo todo su tiempo para poder trabajar de forma legal y as¨ª pierden la ¨²ltima oportunidad que ten¨ªan para acceder al permiso".

La coordinadora conf¨ªa en que los inmigrantes que han denunciado esta situaci¨®n consigan regularizar su situaci¨®n. Esta posibilidad se recoge en los art¨ªculos 31 y 45 de la Ley de Extranjer¨ªa. Harresiak Apurtu ha tratado este asunto varias veces con la Subdelegaci¨®n del Gobierno en Vizcaya, que ha "mostrado buena disposici¨®n". De momento, no se abrir¨¢ ning¨²n expediente sancionador contra los inmigrantes presuntamente estafados que se encuentran en situaci¨®n irregular.

Fotocopias de permisos

La presidenta de M¨¦dicos del Mundo, Celina Pereda, asegur¨® que varios de los denunciados ya hab¨ªan estado implicados en episodios anteriores de fraude con inmigrantes y mostr¨® su confianza en que, al hacerse p¨²blicos estos casos, salgan a la luz m¨¢s presuntas estafas. "Muchos no se atreven a presentar la denuncia debido a su situaci¨®n de vulnerabilidad".

La coordinadora ha presentado a la Polic¨ªa, entre otras pruebas, recibos de las cantidades pagadas y fotocopias de permisos de trabajo en los que se hab¨ªa cambiado el nombre del contratado. "Es importante porque contamos con pruebas concretas", afirm¨® Celina Pereda, quien revel¨® que esta situaci¨®n "no es nueva". "Ante los procesos de regularizaci¨®n, siempre se ha sabido que hab¨ªa gente que se estaba beneficiando y lucrando".

Natalia Garc¨ªa, miembro de CITE-CC OO, otro colectivo integrado en la coordinadora, se?al¨® que "puede ser dudoso si es legal o no cobrar por tramitar una documentaci¨®n", pero agreg¨® que no existe ninguna sobre el fraude en los contratos de trabajo "que estaban firmados" por ambas partes.

Harresiak Apurtu ha informado de lo sucedido al Colegio de Abogados de Vizcaya, que, seg¨²n la coordinadora, va a iniciar una "investigaci¨®n interna", al margen de las actuaciones de los juzgados. La vicedecana del colegio, Juana Balmaseda, asegur¨® ayer que se abrir¨¢n diligencias informativas a las dos letradas, que est¨¢n colegiadas en Vizcaya, que se suspender¨¢n de manera inmediata al haber una investigaci¨®n judicial. Cuando ¨¦sta concluya, se reiniciar¨¢ el expediente y se adoptar¨¢ una decisi¨®n. Agreg¨® que se enteraron del caso hace unos d¨ªas, tras recibir la informaci¨®n de la coordinadora y que no han hablado de ello con las dos abogadas implicadas.

Al iniciarse el proceso de regularizaci¨®n, en febrero pasado, la Subdelegaci¨®n del Gobierno en Vizcaya revel¨® la existencia de mafias que ped¨ªan 500 euros por un contrato falsificado y 1.000 euros para facilitar un certificado de empadronamiento. Un total de 11.600 inmigrantes lograron en Euskadi la regularizaci¨®n por motivos de trabajo, en el proceso extraordinario que se cerr¨® en mayo pasado en toda Espa?a. Sin embargo, la coordinadora Harresiak Apurtu calcul¨® entonces que m¨¢s de 20.300 personas prosegu¨ªan entonces en situaci¨®n irregular y puso en cuesti¨®n el "¨¦xito" proclamado por las autoridades.