El Estatuto invisible

Las responsabilidades que nuestra Constituci¨®n otorga al Estado en materia normativa de ¨¢mbito nacional han sido frecuentemente tensionadas por los partidos nacionalistas desde 1978. La existencia de gobiernos de coalici¨®n en el Pa¨ªs Vasco, posteriormente en Catalu?a, y, mas recientemente en Galicia, con decisiva presencia nacionalista, no han hecho sino reforzar esta tendencia. Las consecuencias de esta situaci¨®n sobre la gobernabilidad de Espa?a hacen que los problemas corrientes est¨¦n, con demasiada frecuencia, ausentes del debate parlamentario. La metaf¨ªsica sustituye a la f¨ªsica.

Es posible que la actual bruma estatutaria no despeje hasta el final de la presente legislatura, por ello el Ejecutivo har¨ªa mal en no atender otros ¨¢ngulos no contemplados en los Estatutos de Autonom¨ªa que han sido desarrollados, de manera imperceptible, en Espa?a durante los ¨²ltimos veinticinco a?os. Y lo cierto es que en un mundo globalizado, el principio de subsidiaridad tiene l¨ªmites que los gobiernos nacionales no pueden eludir y, mucho menos, delegar en organizaciones territoriales que, desde una perspectiva de Estado, pueden erigir barreras de imposible demolici¨®n una vez interiorizadas pol¨ªticamente.

En un entorno de cambio vertiginoso, las CC AA deben coordinar sus arquitecturas de informaci¨®n para prestar servicios p¨²blicos que, por definici¨®n, tienen escala nacional, aunque la gesti¨®n de los mismos se confiera estatutariamente a nivel auton¨®mico. Pensemos, sino, en la sanidad, la seguridad, la justicia, etc. En paralelo, la cooperaci¨®n de las CC AA en el desarrollo y puesta en marcha de los sistemas de informaci¨®n sobre los que se apoyan dichos servicios, debe desarrollarse desde postulados y reglas promovidas desde los poderes de ¨¢mbito nacional. De no actuar ahora, en unos a?os dispondremos de 17 sistemas, eventualmente incompatibles, de historial m¨¦dico electr¨®nico, de receta electr¨®nica, de alertas y protocolos ante ataques terroristas, f¨ªsicos o cibern¨¦ticos, de transmisi¨®n de informaci¨®n judicial... y hasta puede que de los sistemas de predicci¨®n meteorol¨®gica.

La gesti¨®n de la sanidad, de las emergencias y de la justicia, entre otros, son servicios estrat¨¦gicos prestados por las CC AA que, en el momento presente, presentan distintos niveles de calidad, coste y accesibilidad en funci¨®n de la gesti¨®n de los mismos y de las dotaciones presupuestarias asignadas por cada gobierno auton¨®mico. Desde una concepci¨®n f¨ªsica de la prestaci¨®n de estos servicios, los ciudadanos pueden evitar los d¨¦ficit locales trasladando la prestaci¨®n de los mismos desde una comunidad a otra (en la sanidad, muchas veces, en la justicia, cuando es posible, en las emergencias, desgraciadamente nunca). Son perfectamente conocidos los desequilibrios presupuestarios que produce en los gobiernos auton¨®micos de este tipo de movilidad ciudadana.

Cuando nos adentramos en el campo conceptual de la prestaci¨®n de los servicios p¨²blicos, la informaci¨®n (datos del paciente, alertas de cat¨¢strofes, protocolos de actuaci¨®n, expedientes judiciales) se mueve m¨¢s aprisa que las cosas o las personas (m¨¦dicos, polic¨ªa, bomberos, resoluciones) y puede contribuir a que la relaci¨®n entre los tres niveles administrativos del Estado sea mucho m¨¢s fluida. La sanidad sin escalones, la continuidad del servicio el¨¦ctrico o bancario ante una cat¨¢strofe, la agilidad de los procesos judiciales, descansar¨¢n mucho m¨¢s en las TIC que en la provisi¨®n de nuevos recursos humanos, lo que redundar¨¢, adem¨¢s, en una mayor calidad en la prestaci¨®n y en mayores cuotas de eficacia y eficiencia en la gesti¨®n. Este nuevo escenario conceptual requiere que las administraciones puedan "hablar electr¨®nicamente" entre si, de lo contrario estaremos posibilitando la aparici¨®n de silos de informaci¨®n, sin comunicaci¨®n transversal, por la ausencia de sistemas interoperativos entre ellas.

La amenaza de un "nuevo desarrollo auton¨®mico electr¨®nico" puede llevarse a cabo de manera invisible, sin que quepa interponer recursos inconstitucionales, ya que las barreras que se construyen, consciente o inconscientemente, son inobservables a corto plazo, aunque puede que se sufran a medio y largo. Las enormes ventajas que presenta la sociedad de la informaci¨®n, tan atractivas, como evidentes en el sector privado, pueden malograrse si los gobiernos auton¨®micos blindan sus territorios con arquitecturas y sistemas de informaci¨®n incompatibles con sus hom¨®logos de otras CC AA y, por ende, con los de otras partes del mundo. Este es un problema eminentemente pol¨ªtico, en el que la tecnolog¨ªa puede ser un eficiente lubricante, o un pertinaz obst¨¢culo, para el progreso socioecon¨®mico de los territorios de Espa?a.

Es preciso pensar en sistemas que permitan el intercambio de informaci¨®n cr¨ªtica desde, y hacia, cualquier punto de Espa?a o, incluso, del mundo. Un sistema basado en Internet, utilizando est¨¢ndares abiertos (no propietarios), sin que la informaci¨®n resida en una base de datos centralizada (evitando, as¨ª, suspicacias auton¨®micas), permitiendo que fluya a trav¨¦s de la red de una manera distribuida pero coordinada. Pensamos, por tanto, en un entorno en red, antes que en un entorno centralizado, con altas prestaciones en materia de seguridad y privacidad, que toma al ciudadano como centro de su raz¨®n de ser.

Por otra parte, es conocido que los procesos de est¨ªmulo de pol¨ªticas de ¨¢mbito nacional deben ser liderados desde el gobierno de la Naci¨®n. En muchas ocasiones, adelantarse a veleidades aislacionistas evita, en primera instancia, recursos inconstitucionales, y, en segunda, confrontaciones tan excesivas, como est¨¦riles. Promover pol¨ªticas de ¨¢mbito nacional en el campo de la armonizaci¨®n de tecnolog¨ªa estrat¨¦gica, sobre la que se gestiona y se transmite, tanto informaci¨®n cr¨ªtica, como datos, de manera absolutamente segura, no recae en el territorio de los inform¨¢ticos, sino en el de los pol¨ªticos.

El Ejecutivo no puede, parafraseando a Paul Krugman, adoptar una actitud Can't-Do Government. El reciente anuncio realizado desde el Ministerio de Administraciones P¨²blicas sobre una pr¨®xima ley de coordinaci¨®n de las competencias auton¨®micas nace con dudas razonables dada la discreta vocaci¨®n cooperativa mostrada por algunos departamentos ministeriales en materias tan relevantes como las pol¨ªticas h¨ªdrica, energ¨¦tica, de infraestructuras, etc.

La Administraci¨®n se moderniza mucho m¨¢s posibilitando la transmisi¨®n electr¨®nica de los historiales m¨¦dicos a lo largo de todo el territorio nacional, que permitiendo rellenar desde casa, mediante un ordenador, un formulario para obtener una beca. La existencia de redes de intercambio de informaci¨®n cr¨ªtica en materia sanitaria, judicial o terrorista, utilizando est¨¢ndares de interoperabilidad, seguridad y privacidad debidamente certificados, con procedimientos claros de quien genera los datos y quienes pueden usarlos, etc. supone utilizar la tecnolog¨ªa desde planteamientos pol¨ªticos de servicio p¨²blico. Ninguna Comunidad Aut¨®noma, ni siquiera la Valenciana, debe ser invisible ante este reto capital.

Jos¨¦ Emilio Cervera es economista. (jecervera@jecervera.com)