Rechazo del Gobierno
La Generalitat pretende regular la prostituci¨®n y limitarla a los burdeles. El Gobierno entiende que regular "esa lacra social" es un retroceso, seg¨²n un informe oficial.
Mientras que el borrador de la ley catalana establece un contrato de arrendamiento de servicios entre quien ejerce la prostituci¨®n voluntariamente y su cliente, el informe que el Gobierno encarg¨® al Instituto de la Mujer entiende que el sexo de pago es una "pr¨¢ctica intr¨ªnsecamente degradante, incompatible con los valores de una sociedad democr¨¢tica", supone un retroceso en la igualdad real entre las mujeres y los hombres y es un "importante obst¨¢culo para lograr una sociedad en la que las mujeres puedan vivir libres de la violencia de los hombres".
Al debate se han sumado la Red Estatal de Organizaciones contra la Violencia de G¨¦nero y el Lobby de Dones de Catalunya, que han iniciado una campa?a para pedir al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que detenga la iniciativa catalana. La Red considera que "da fundamento a la compra y explotaci¨®n sexualmente de un ser humano".
Una postura contraria a la de los Verdes, socios parlamentarios del Gobierno, que apoyan a la Generalitat o la del colectivo en Defensa de los Derechos de las Prostitutas, Hetaira. El informe del Gobierno, aseguran, "est¨¢ elaborado desde una perspectiva abolicionista que rezuma moralina" y que estigmatiza a las mujeres que ejercen la prostituci¨®n por decisi¨®n propia.
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