La Audiencia vincula el supuesto fraude fiscal de Fabra a la investigaci¨®n de tr¨¢fico de influencias

El presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n y del PP provincial, Carlos Fabra, habr¨¢ de responder, ante el mismo tribunal, por supuestos delitos contra la administraci¨®n p¨²blica y por presunto fraude fiscal. La Audiencia de Castell¨®n ha rechazado los recursos en los que se esgrim¨ªa la falta de conexi¨®n entre su presunta mediaci¨®n para favorecer a una empresa de productos fitosanitarios y los ingresos, de 600.000 euros, no justificados y detectados por la Agencia Tributaria. Adem¨¢s, el tribunal sostiene que Fabra no ha visto vulnerados sus derechos por la indefensi¨®n que argumentaba al no haber sido objeto de audiencia como prev¨¦ la nueva ley tributaria, ya que no es aplicable puesto que la inspecci¨®n comenz¨® antes de su entrada en vigor.

La Secci¨®n Segunda de la Audiencia provincial de Castell¨®n ha desestimado los dos recursos que el presidente de la Diputaci¨®n, Carlos Fabra, present¨® tras la admisi¨®n de la denuncia por presunto delito fiscal remitida por la Agencia Tributaria al juzgado de Nules, seg¨²n fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. As¨ª, el tribunal ha dictaminado que la investigaci¨®n por el posible fraude se realice junto a la de los otros presuntos delitos, contra la administraci¨®n p¨²blica, que se le imputan a Fabra en esta causa, entre los que se encuentra el tr¨¢fico de influencias. Tal como ya marc¨® la juez de Nules, la Audiencia apunta que "el presunto delito fiscal imputado deriva precisamente de ingresos patrimoniales no justificados en dinero en sus cuentas corrientes", con lo que considera "justificada la conexi¨®n establecida" para esclarecer si estos ingresos proceden del presunto tr¨¢fico de influencias que tambi¨¦n se le imputa.

Adem¨¢s, la Audiencia ha rechazado el argumento de indefensi¨®n pretendido por Carlos Fabra, as¨ª como su intenci¨®n de paralizar el procedimiento porque se le hab¨ªa privado del tr¨¢mite de audiencia ya que la inspecci¨®n fiscal se inici¨® antes de que esta exigencia legal, sin car¨¢cter retroactivo, entrara en vigor.

De esta manera, el l¨ªder del PP de Castell¨®n volver¨¢ a ser llamado a declarar como imputado por el juzgado de Nules, donde se instruye la causa, ante cuya titular dijo que no se someter¨ªa al interrogatorio por el presunto delito fiscal del que le acusa la Agencia Tributaria hasta que estos recursos no estuvieran resueltos. El principal eje de la denuncia por fraude fiscal es la falta de justificaci¨®n de la procedencia de ingresos en efectivo por un valor de 600.000 euros en cuentas de Fabra y su familia de los que son imputables directamente al l¨ªder del PP de Castell¨®n, seg¨²n Hacienda, un total de 300.000. Sin embargo, la Agencia Tributaria tambi¨¦n le acus¨® del impago de cuotas del Impuesto de la Renta de las Personas F¨ªsicas (IRPF) por un valor de unos 150.000 euros en el ejercicio de 1999.

En el primero de los recursos resueltos por la Audiencia, Fabra se quejaba porque, a su entender, no exist¨ªa conexi¨®n entre la investigaci¨®n ante la posible comisi¨®n de uno o varios delitos contra la administraci¨®n p¨²blica y el presunto delito fiscal del que le acusa la Agencia Tributaria. En este sentido, el tribunal hace suya la consideraci¨®n de la juez que ya apunt¨® que la investigaci¨®n estaba tratando de averiguar si Fabra, "haciendo uso de su influencia por el cargo que ostenta, medi¨® ante las distintas autoridades para la concesi¨®n de las licencias y autorizaciones necesarias para la comercializaci¨®n de productos fitosanitarios, recibiendo por ello d¨¢divas y cantidades de dinero en efectivo". A su vez, recoge, tal como hizo la juez, que "en la denuncia de la Agencia Tributaria se constata la existencia en las cuentas corrientes de las que es titular o cotitular el se?or Fabra de numerosos ingresos en efectivo cuyo origen no se corresponde con las rentas declaradas, sin que por el contribuyente se haya justificado ese origen", y que se corresponden, por fechas, al momento "en el que presuntamente comienza su relaci¨®n con el se?or Vilar [el empresario que le denunci¨®]".

Respecto al tr¨¢mite de audiencia que se le neg¨®, el tribunal sostiene que "el procedimiento de inspecci¨®n se inici¨® con anterioridad al 1 de julio de 2004, fecha de entrada en vigor de la ley procesal tributaria", que es la que incluye, sin car¨¢cter retroactivo y como exigencia legal, la ejecuci¨®n de este tr¨¢mite. Precisamente, antes de notificar el auto con la resoluci¨®n de los dos recursos, Fabra present¨® un escrito para que el tribunal tuviera en cuenta el auto dictado por la Audiencia de Valencia en el caso de Terra M¨ªtica. Sin embargo, adem¨¢s de que la resoluci¨®n ya estaba dictada, la Audiencia de Castell¨®n considera, al igual que el fiscal del caso de Terra M¨ªtica, que el requisito no es exigible si el procedimiento de inspecci¨®n se inici¨® antes de la entrada en vigor de la nueva ley tributaria.