El Congreso estudiar¨¢ la prostituci¨®n

Arrecia el debate sobre qu¨¦ hacer con la prostituci¨®n, una actividad alegal aunque est¨¢ penado forzar a ejercerla y el tr¨¢fico de personas con este fin. El pr¨®ximo martes la cuesti¨®n volver¨¢ a saltar en el Congreso, donde se votar¨¢ una moci¨®n de Izquierda Verde que el PSOE y el PP prev¨¦n apoyar. "En ella se pide que la C¨¢mara debata a nivel nacional qu¨¦ hay que hacer con la prostituci¨®n voluntaria", explica su promotora, la diputada de Iniciativa per Catalunya Carme Garc¨ªa. "Proponemos que se estudie, se debata y se escuche a los expertos y que, antes del pr¨®ximo junio, se emita un dictamen con recomendaciones legales y un posicionamiento sobre c¨®mo se debe abordar la prostituci¨®n. Hay que establecer si se regula y se considera como un trabajo, o si se opta por el abolicionismo y se persigue al cliente", plantea. "Aunque la prioridad es luchar contra el tr¨¢fico y la pr¨¢ctica forzada, ha llegado la hora de clarificar qu¨¦ pasa con la prostituci¨®n voluntaria", concluye Garc¨ªa. La iniciativa de la Generalitat de regular esta ¨²ltima (un compromiso del pacto del gobierno tripartito) ha provocado tensiones entre el Gobierno central y el catal¨¢n.

En su borrador del anteproyecto de Ley de Limitaci¨®n de Servicios Sexuales Remunerados, la Generalitat promociona la autogesti¨®n de las prostitutas. Su relaci¨®n con el cliente se considerar¨¢ como un contrato de arrendamiento de servicios. Podr¨¢n contratar tambi¨¦n con los due?os de los burdeles el uso de esas instalaciones, pero los propietarios no podr¨¢n imponerles por ejemplo, a qu¨¦ clientes deben atender.

El Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, emiti¨® un duro informe contra esa iniciativa legislativa. Asegura que la prostituci¨®n es "una pr¨¢ctica intr¨ªnsecamente degradante, incompatible con los valores de una sociedad democr¨¢tica" y que su regulaci¨®n supone "un retroceso en el camino a la igualdad". A?ade que el proyecto invade competencias estatales, va contra algunas normas en vigor -como las de extranjer¨ªa- y contra un par de tratados internacionales suscritos por Espa?a.

El planteamiento del Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero es que, antes de entrar a abordar c¨®mo se considera la prostituci¨®n voluntaria, es preciso combatir la forzada. El Ministerio del Interior prepara un plan de lucha contra las mafias que trafican con mujeres. Por su parte, el ministro de Trabajo, Jes¨²s Caldera, ha anunciado que se estudia la concesi¨®n de un salario social (renta activa de inserci¨®n, 432 euros mensuales durante un m¨¢ximo de 11 meses) a las prostitutas que quieran dejar esa ocupaci¨®n.

La pol¨¦mica sobre la prostituci¨®n (una pr¨¢ctica en aumento debido en parte al tr¨¢fico de mujeres) ha estado largo tiempo circunscrita a organizaciones de mujeres y entidades que trabajan con mujeres que se prostituyen. Un sector defiende que se trata de un trabajo que debe ejercerse voluntariamente y con los derechos de cualquier otro empleo. Otro estima que es una forma de violencia contra las mujeres que debe erradicarse con la persecuci¨®n de los clientes. El debate alcanza a los sindicatos. Mientras en CC OO gana terreno la idea de que la prostituci¨®n es un trabajo, en UGT se contempla como una esclavitud que se debe eliminar.