Un censo para las obreras del sexo
La prostituci¨®n en Catalu?a mueve anualmente unos 7.000 millones de euros. Y, aunque se desconoce el n¨²mero exacto de mujeres que ejercen la prostituci¨®n en esta regi¨®n, se asegura que de manera global en Espa?a el n¨²mero de trabajadoras sexuales oscila entre las 300.000 y las 400.000, entre las que se encuentra un porcentaje muy importante de extranjeras, con predominio de las rumanas o las originarias de pa¨ªses latinoamericanos, seg¨²n informes de la Asociaci¨®n Nacional de Empresarios de Locales de Alternes.
Las cifras han sido contestadas por diferentes sectores, que aseguran que se trata de una exageraci¨®n.
La ausencia de datos fiables ha llevado al Ayuntamiento de Barcelona y a los responsables de la Generalitat a efectuar un censo oficioso de las trabajadoras sexuales, empezando por las que trabajan en la calle. Seg¨²n todos los indicios, el censo lo estar¨ªan llevando a cabo los agentes de la polic¨ªa urbana y de los Mossos de Esquadra de manera discreta, quienes, al entregar a las prostitutas callejeras una copia de la nueva ordenanza c¨ªvica, les exigir¨ªan como contrapartida su nombre completo, su nacionalidad, filiaci¨®n, el n¨²mero de documento nacional de identidad o pasaporte y su direcci¨®n. En algunos casos, estos datos habr¨ªan sido cotejados por los agentes.
Las asociaciones y colectivos de defensa de las prostitutas han reaccionado con indignaci¨®n ante esta supuesta operaci¨®n de censo y han presentado una denuncia ante la Agencia de Protecci¨®n de Datos, creada hace cuatro a?os por la Generalitat. La denuncia, presentada por una abogada del colectivo de las prostitutas, ha sido admitida a tr¨¢mite.
Los portavoces de la Generalitat y del Ayuntamiento han desmentido que sus respectivos agentes est¨¦n elaborando un censo de las prostitutas en Catalu?a. Responsables de las dos administraciones han reconocido sin embargo que los agentes recaban de manera sistem¨¢tica el nombre y filiaci¨®n de las prostitutas, con la intenci¨®n de examinar si se encuentran legalmente en el pa¨ªs o si se trata de emigrantes ilegales, sobre las que recae una orden de expulsi¨®n autom¨¢tica.
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