La juez que investiga el derrumbe del Carmel imputa a cuatro jefes de obras y un t¨¦cnico de GISA

M¨¢s de un a?o despu¨¦s de producirse el derrumbe del t¨²nel del Carmel durante la construcci¨®n de la l¨ªnea 5 del metro, la magistrada Elisabet Castell¨® ha citado a declarar como imputados a cuatro jefes de obras y a un responsable de la empresa p¨²blica GISA. La decisi¨®n judicial se produce sin que haya finalizado todav¨ªa el informe de los peritos sobre las causas del hundimiento y sin que se sepa siquiera si quienes lo redactan no deber¨¢n realizar m¨¢s sondeos y ensayos. La juez considera que, pese a ello, la informaci¨®n de la que dispone es suficiente para realizar estas citaciones.

Las comparecencias se iniciar¨¢n el 21 de febrero y acabar¨¢n el 8 de marzo. Asegura la juez en su providencia que las personas a las que imputa son "las m¨¢s directamente relacionadas con la elaboraci¨®n del proyecto, direcci¨®n y ejecuci¨®n de la obra". Se trata de Javier Gete-Alonso y Benjam¨ªn Celada, director de obras de la empresa TEC 4 y gerente de Geocontrol, respectivamente. Estas sociedades formaban una uni¨®n temporal de empresas (UTE) que ten¨ªa encomendada la direcci¨®n de los trabajos.

Ambas personas son ingenieros y en su d¨ªa comparecieron en la comisi¨®n parlamentaria que investig¨® el hundimiento. Gete-Alonso explic¨® entonces que, como m¨¢ximo responsable de la obra, ni autoriz¨® ni orden¨® que se hiciera el trabajo que provoc¨® el derrumbe y que su responsabilidad no implicaba estar pendiente de la obra las 24 horas. Celada, por su parte, admiti¨® en la comisi¨®n que aquella zona del terreno no ten¨ªa estabilidad.

Tambi¨¦n ha sido imputado Antonio P¨¦rez Otero, t¨¦cnico de la empresa p¨²blica GISA, responsable del seguimiento de la obra de ampliaci¨®n de la l¨ªnea 5 del metro y a la que la juez considera responsable civil subsidiaria de los perjuicios causados a las 1.200 personas que tuvieron que ser desalojadas tras el hundimiento.

Del mismo modo, declarar¨¢n como imputados Rafael Piquer Sirera y Sergio Garc¨ªa Ariza, jefes de obra de la contratista UTE, formada por las empresas constructoras FCC Construcci¨®n, Copisa y Comsa. Los supuestos delitos que pesan sobre ellos son estragos y da?os por imprudencia.

Pago a los peritos

En la misma providencia, dictada por la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 33 de Barcelona, se requiere al Departamento de Justicia de la Generalitat para que abone a los peritos judiciales los trabajos realizados desde mayo de 2005, con la extracci¨®n y el an¨¢lisis de las muestras de tierras recogidas en el lugar del derrumbe.

La juez tambi¨¦n requiere a los peritos para que "en el plazo m¨¢s breve posible" le informen de si con los sondeos y ensayos realizados ya tienen bastante para emitir su dictamen sobre las causas del hundimiento o, por el contrario, necesitan realizar nuevos sondeos.

Francesc Jufresa, abogado del Departamento de Pol¨ªtica Territorial y Obras P¨²blicas, se mostr¨® ayer sorprendido por la decisi¨®n de la juez "porque hace unos meses dict¨® un auto en el que afirmaba que no imputar¨ªa a nadie sin conocer el informe de los peritos". El letrado se pregunt¨® "si los peritos ya han adelantado alguna de sus conclusiones a la juez". "De lo contrario", a?adi¨®, "me extra?a mucho que se contradiga". Jufresa tambi¨¦n explic¨® que la instructora del caso le deneg¨® el nombramiento de un perito designado por la Generalitat y que ¨¦l recurri¨® contra esta decisi¨®n ante la Audiencia de Barcelona.