Un tribunal abre la v¨ªa para juzgar a Videla por la Operaci¨®n C¨®ndor

La justicia argentina decret¨® ayer prisi¨®n provisional para el ex general Jorge Rafael Videla, de 80 a?os, su ex ministro de Interior Eduardo Harguindeguy (77) y 10 altos cargos de la dictadura militar (1976-1983) por su implicaci¨®n en la Operaci¨®n C¨®ndor. ?sta consisti¨® en un acuerdo de colaboraci¨®n que desarrollaron varias dictaduras latinoamericanas para hacer desaparecer o entregar a los opositores a los reg¨ªmenes militares en cada pa¨ªs.

La resoluci¨®n emitida por la C¨¢mara federal ordena adem¨¢s el procesamiento de otros militares y altos cargos investigados por su participaci¨®n en la represi¨®n como Ram¨®n D¨ªaz Bessone, el ex gobernador Domingo Bussi, y el ex comandante Luciano Men¨¦ndez. Tres magistrados federales estamparon su firma en el documento que abre la v¨ªa al juicio oral contra los acusados y que, adem¨¢s de su confinamiento -que variar¨¢ seg¨²n las condiciones f¨ªsicas y de edad de los procesados-, decreta el embargo de bienes por valor de hasta un mill¨®n de pesos argentinos, unos 350.000 euros.

Los altos jefes de la dictadura citados por los jueces ya est¨¢n bajo arresto por otros procesos, aunque en su mayor¨ªa permanecen en sus domicilios al superar los 70 a?os de edad. Los acusados hab¨ªan sido procesados en 2004 por el magistrado Jorge Urso por la misma causa. La decisi¨®n adoptada ayer por la C¨¢mara Federal lo que hace es ratificar las medidas decretadas por el juez federal y dar v¨ªa libre al juicio.

El acuerdo entre las dictaduras militares de Suram¨¦rica entre los a?os 70 y 80 es algo sobre lo que hab¨ªa indicios desde hace 30 a?os, pero no se hab¨ªan encontrado pruebas documentales hasta que a comienzos de los noventa se descubrieron en Paraguay los llamados 'archivos del terror': una gran cantidad de detallados documentos que confirmaron la existencia de una red represora internacional en la que participaban los Gobiernos militares de Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y Bolivia.

La aparici¨®n de los documentos permiti¨® avanzar en los procesos e investigaciones, al menos parcialmente, sobre las muertes de importantes personalidades de los diferentes pa¨ªses implicados en la aplicaci¨®n del plan. As¨ª sucedi¨® en el caso del asesinato del general chileno Carlos Pratts y su mujer, perpetrado en Buenos Aires en 1974, del ex ministro de Exteriores chileno Orlando Lettelier, en Washington en 1976, o de los diputados uruguayos Zelmar Michelini y H¨¦ctor Guti¨¦rrez Ruiz, en Buenos Aires, entre otros.

Seg¨²n las investigaciones realizadas, la Operaci¨®n C¨®ndor tuvo una reuni¨®n fundacional, de la que se levant¨® acta, celebrada en Santiago de Chile en diciembre de 1975, es decir, tres meses antes de que el argentino Jorge Videla encabezara la Junta Militar que derroc¨® a la presidenta Maria Estela Mart¨ªnez de Per¨®n. Aunque funcion¨® en todos los pa¨ªses citados, Argentina fue el Estado donde se produjo el mayor n¨²mero de desaparecidos, con una cifra que oscila entre las 9.000 y las 30.000 personas.

Los archivos de la Operaci¨®n C¨®ndor tambi¨¦n revelaron el conocimiento que ten¨ªan los responsables militares argentinos de la pr¨¢ctica de robar ni?os a desaparecidas embarazadas, un crimen que no estaba amparado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida aprobadas durante la presidencia del radical Ra¨²l Alfons¨ªn (1983-1989) ni en los indultos decretados por el peronista Carlos Sa¨²l Menem (1990-1999).

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida quedaron derogadas en Argentina tras una sentencia de la Corte Suprema emitida en junio de 2005 y que supuso una aut¨¦ntica convulsi¨®n en el pa¨ªs, ya que permiti¨® la reactivaci¨®n de numerosos casos cuyas investigaciones no hab¨ªan podido seguir adelante tras la aplicaci¨®n de las leyes por los jueces que instru¨ªan los casos.