El juez dicta prisi¨®n para el ex cargo del PP y su pareja por la trama e¨®lica de Canarias

El juez Miguel ?ngel Parram¨®n notific¨® ayer el auto por el que decreta ingreso en prisi¨®n sin fianza para Celso Perdomo, ex director general de Industria del Gobierno de Canarias entre los a?os 2003 y 2005, al imputarle los delitos de cohecho, tr¨¢fico de influencias, malversaci¨®n de fondos y tr¨¢fico de informaci¨®n privilegiada. Cuarenta minutos despu¨¦s, comunic¨® la misma decisi¨®n para su pareja, M¨®nica Quintana, funcionaria del Cabildo Insular de Gran Canaria, por dos presuntos delitos de cohecho y malversaci¨®n. El comit¨¦ de garant¨ªas del PP en Canarias suspendi¨® a ambos cautelarmente de militancia el pasado viernes.

Celso Perdomo y M¨®nica Quintana han pasado las ¨²ltimas 140 horas incomunicados en distintas comisar¨ªas de Las Palmas, de donde s¨®lo han salido en veh¨ªculos policiales para declarar ante Miguel ?ngel Parram¨®n (titular del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 7 de Las Palmas de Gran Canaria), en la sede de los juzgados durante largas sesiones del domingo, lunes y martes.

El fiscal anticorrupci¨®n de Canarias, Luis del R¨ªo, tras haber cotejado sus testimonios con las pruebas aportadas por la polic¨ªa durante nueve meses de seguimiento y escuchas telef¨®nicas, y haber contrastado la versi¨®n de uno con la de la otra, solicit¨® el lunes la prisi¨®n incondicional, que finalmente el juez decidi¨® ayer.

Los dos cargos del PP aparecen como presuntos integrantes de una red extensa de pol¨ªticos, funcionarios y empresarios que, durante meses, intercambi¨® informaci¨®n privilegiada sobre un concurso que iba a convocar el Gobierno de Canarias, en octubre de 2004, para instalar parques e¨®licos. Buena parte de la informaci¨®n parti¨® de la Consejer¨ªa de Industria del Gobierno de Canarias, cuyo titular entonces era Luis Soria, hermano del presidente del PP en el archipi¨¦lago, Jos¨¦ Manuel Soria.

En marzo de 2005, Alberto Santana, director comercial de Siemenca (empresa cuyo propietario es Wilebaldo Luis Yanes, primer eslab¨®n de la investigaci¨®n), tras ser despedido, present¨® una denuncia en la Polic¨ªa y en la Fiscal¨ªa donde documenta la informaci¨®n llegada a esta empresa procedente de la Consejer¨ªa de Industria, meses antes de la convocatoria del concurso. Estos correos electr¨®nicos eran rebotados a m¨¢s de 50 pol¨ªticos y empresarios de las islas y de la Pen¨ªnsula.

Los movimientos y conversaciones telef¨®nicas de Yanes, junto con los de Perdomo y algunos funcionarios, procuraron a la polic¨ªa suficientes pruebas para proceder, el jueves pasado, a siete detenciones en una operaci¨®n conjunta en Gran Canaria y Madrid. El empresario Enrique Guzm¨¢n fue puesto en libertad imputado por cohecho, tras depositar una fianza de 150.000 euros. Lo mismo ocurri¨® con el abogado y empresario Alfredo Briganti Arencibia; con el directivo de La Caja de Canarias, Jes¨²s Gonz¨¢lez; y con el alto funcionario de Industria, Honorato L¨®pez Torres (100.000 euros de fianza para cada uno).

Sorpresivamente, Yanes ha quedado en libertad sin fianza pero imputado por cohecho. Su nombre tambi¨¦n aparece en un caso distinto que ha supuesto la suspensi¨®n cautelar del presidente de la Audiencia de Las Palmas, Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn, actualmente bajo investigaci¨®n del Poder Judicial.

Aunque los abogados de Perdomo y Quintana anunciaron que recurrir¨¢n la prisi¨®n y rechazaron cualquier comentario, el resto de letrados critic¨® la instrucci¨®n de la causa, incluyendo las detenciones, los registros en domicilios y despachos, la incomunicaci¨®n por tres d¨ªas en cinco comisar¨ªas y el largo proceso de interrogatorio del pasado domingo.

El funcionario Honorato L¨®pez compareci¨® ante el juez para escuchar c¨®mo su implicaci¨®n en la trama se fundamenta en grabaciones telef¨®nicas donde su nombre es citado por terceras personas. L¨®pez neg¨® todas las imputaciones.