Compromiso con la igualdad

"Lo que pudo ser un estigma se convirti¨® en un compromiso con la igualdad y contra el sexismo", dijo el presidente de la Junta de Andaluc¨ªa con ocasi¨®n del reconocimiento de la Diputaci¨®n de Granada al pueblo de Cullar Vega, por sus esfuerzos contra la violencia de g¨¦nero.

El nombre de esta localidad forma parte de la historia del tratamiento legal de la violencia sobre las mujeres en el ¨¢mbito familiar. En diciembre de 1997, tras narrar en la televisi¨®n andaluza las vejaciones y sufrimientos padecidas durante su matrimonio, una vecina de Cullar Vega fue golpeada y quemada con gasolina por el ex marido. Se conoce como el asesinato de Ana Orantes. Con la perspectiva del tiempo, dos notas del hecho determinaron el despertar de la opini¨®n p¨²blica ante esta clase de violencia. De un lado la respuesta de "g¨¦nero" del despechado agresor que, aparentemente, intentaba compensar su posible deshonra p¨²blica con la demostraci¨®n de su capacidad de poder sobre quien hab¨ªa sido su esposa. De otro lado, la preexistencia de una decisi¨®n judicial que ratificaba el acuerdo de divisi¨®n y reparto de la casa com¨²n sin que existiera constancia de los malos tratos padecidos por la esposa. Decisi¨®n, por lo dem¨¢s, com¨²n en la actividad normal que entonces ten¨ªan los Juzgados de familia, en muchos casos desconocedores de tales situaciones.

Las asociaciones de mujeres -respaldadas por los medios de comunicaci¨®n- comenzaron a exigir a los poderes p¨²blicos el cumplimiento de las Declaraciones Internacionales suscritas por el Estado espa?ol, como la Declaraci¨®n sobre la Eliminaci¨®n de la Violencia contra las Mujeres del a?o 1993 de la ONU. Afirmaban que la denuncia aumentaba el riesgo para sus vidas y las de sus hijos. Estas quejas, difundidas por prensa, radio, televisi¨®n, motivaron un estudio monogr¨¢fico del Defensor del Pueblo -publicado en 1998- en el cual se declara: "Desde el punto de vista hist¨®rico esta materia no ha suscitado inter¨¦s social ni jur¨ªdico, debido al papel reservado tradicionalmente para la mujer". Esto era cierto, la violencia dom¨¦stica -cuando la v¨ªctima es cualquier persona que convive en el domicilio- y la violencia de g¨¦nero -en cuanto que violencia ejercida sobre la mujer- a pesar de sus caracter¨ªsticas espec¨ªficas, no hab¨ªan sido objeto de tratamiento diferenciando por las leyes. Tampoco formaban parte de las ense?anzas en las Facultades de Derecho, ni de la especializaci¨®n jur¨ªdica posterior en la abogac¨ªa o en las oposiciones de acceso a la carrera judicial o fiscal.

En el a?o 1999 la normativa asume el car¨¢cter p¨²blico y social de las violencias dentro de las familias. Se entiende que, conforme a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, ha dejado de ser un problema privado para convertirse en p¨²blico, en cuanto que los poderes p¨²blicos no pueden tolerar vulneraciones de derechos, ni siquiera dentro de las paredes del domicilio familiar. Entonces aparecen las primeras leyes dirigidas a mejorar la respuesta judicial con las ¨®rdenes de alejamiento y m¨¢s tarde, en el a?o 2003, con la Orden de Protecci¨®n, que tuvo su primer incumplimiento con resultado de muerte, otra vez en Cullar Vega. A principios del a?o 2004, Encarnaci¨®n Rubio perdi¨® la vida tras los reiterados embites del veh¨ªculo conducido por su ex marido, el cual hab¨ªa desobedecido la orden judicial de alejamiento.

En ese a?o 2004 y con el objetivo de "complementar" la anterior normativa con medidas no solo judiciales o penales, sino tambi¨¦n preventivas y educacionales, el Parlamento espa?ol aprob¨® por unanimidad la Ley Org¨¢nica 1/2004 de Medidas de Protecci¨®n Integral contra la Violencia de G¨¦nero, que tiene por objeto la violencia que sufren las mujeres por sus esposos o compa?eros, as¨ª como sus hijos e hijas menores de edad. La ley asume el t¨¦rmino de "violencia de g¨¦nero", con el cual se intenta poner el acento en la socializaci¨®n y en la educaci¨®n como causa estructural de la violencia sobre las mujeres, si bien las medidas de la ley se ci?en a la violencia de g¨¦nero en el ¨¢mbito de la pareja, por considerarlo un problema especialmente grave en el momento actual.

Ha pasado un a?o de vigencia de la Ley Integral y en Granada se celebrar¨¢ la pr¨®xima semana el II Congreso Nacional del Observatorio contra la Violencia Dom¨¦stica y de G¨¦nero del Consejo General del Poder Judicial, creado en septiembre de 2002 con el objetivo de realizar el seguimiento y an¨¢lisis de la respuesta judicial en este problema. Desde entonces hasta ahora se han recabado datos estad¨ªsticos que permiten mejorar la investigaci¨®n, se han puesto en marcha los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y ha aumentado el n¨²mero de v¨ªctimas que disponen de asistencia letrada, entre otras mejoras.

No obstante, y a pesar de los esfuerzos institucionales desplegados desde todas las Administraciones, las cifras de mujeres muertas por sus maridos no han disminuido. Llaman la atenci¨®n dos factores que permanecen invariables en los informes anuales del Observatorio: que la mayor¨ªa de ellas no hab¨ªa denunciado previamente amenazas o malos tratos; y que la mayor¨ªa de ellas estaban separadas o en tr¨¢mite de separaci¨®n matrimonial. De estos dos factores se deduce que ha de existir una bolsa de criminalidad no desvelada a las instituciones, pues antes de la muerte suele existir amenazas, coacciones o vejaciones; de otro lado, que a¨²n existen mujeres que pagan con su vida el ejercicio de sus derechos, entre otros el derecho a decidir si desea vivir en compa?¨ªa o no.

Por ello y hasta que se consiga el objetivo final de la Ley Integral de una sociedad educada en valores de igualdad y de respecto de los derechos de las mujeres, los poderes p¨²blicos y la ciudadan¨ªa han de reforzar los mecanismos de protecci¨®n y seguridad de las v¨ªctimas, al tiempo que se las anima a denunciar. Estamos ante una violencia dificil de eliminar, pero esto no nos puede desanimar; muy al contrario, debemos renovar el compromiso contra la violencia sexista, la que acab¨® con las vidas de Ana y Encarnaci¨®n pero no logr¨® estigmatizar a un pueblo.

Inmaculada Montalb¨¢n Huertas es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa y experta del Observatorio contra la Violencia Dom¨¦stica y de G¨¦nero del Consejo General del Poder Judicial.