Sola contra el gobernador

La persecuci¨®n a la periodista mexicana Lydia Cacho por denunciar una red de pornograf¨ªa infantil con ciudadanos influyentes de por medio ha desatado un esc¨¢ndalo en M¨¦xico de grandes proporciones, que pone al descubierto las vinculaciones entre empresarios desaprensivos y pol¨ªticos corruptos. El nombre de Mario Mar¨ªn Torres, gobernador del Estado de Puebla, se ha convertido esta semana en el exponente de la cara m¨¢s s¨®rdida de la pol¨ªtica mexicana en plena campa?a electoral. Pese a que amplios sectores de la poblaci¨®n piden la dimisi¨®n del gobernador, este caudillo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se niega a dejar el cargo.

Los candidatos presidenciales Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, del Partido de la Revoluci¨®n Democr¨¢tica (PRD), y Felipe Calder¨®n, del oficialista Partido de Acci¨®n Nacional (PAN), han lanzado su artiller¨ªa contra el gobernador Mar¨ªn, que ha movilizado a sus huestes en las calles poblanas. Todo muy l¨®gico en tiempos electorales. M¨¢s inc¨®moda es la postura del PRI, el principal perjudicado, que de momento no ha dejado en la cuneta al gobernador. El presidente del Senado, el pri¨ªsta Enrique Jackson, aludi¨® a la falta de qu¨®rum para impedir una iniciativa parlamentaria que ped¨ªa una investigaci¨®n del caso por parte de la Corte Suprema. El Gobierno de Vicente Fox, a trav¨¦s de su portavoz oficial, ha condenado en¨¦rgicamente la actuaci¨®n del gobernador Mar¨ªn, pero no ha tomado ninguna decisi¨®n al respecto.

Una decena de polic¨ªas abord¨® a la reportera como si fuera el 'narco' m¨¢s buscado

El esc¨¢ndalo estall¨® con la revelaci¨®n por el diario La Jornada de comprometedoras conversaciones telef¨®nicas que demuestran, entre otras cosas, que Mar¨ªn estuvo detr¨¢s del acoso policial y judicial contra Lydia Cacho. El gobernador es uno de los protagonistas de los di¨¢logos tabernarios que mantuvo Kamel Nacif, due?o de f¨¢bricas textiles en Puebla, con pol¨ªticos, empresarios y periodistas de aquel Estado, grabados clandestinamente y difundidos estos d¨ªas en varios medios de comunicaci¨®n.

Entre expresiones como "qu¨¦ pas¨® mi gober, precioso", "mi h¨¦roe chingao" y descalificaciones y amenazas a la periodista -"esta vieja cabrona... que chingue a su reputa madre"-, el empresario y el gobernador hablan como buenos compadres y coinciden en la necesidad de dar un escarmiento a Lydia Cacho. Con uno de sus interlocutores Kamel Nacif comenta que hay que meter a la periodista en la c¨¢rcel y enviarla al pabell¨®n de las presas lesbianas para que la golpeen y violen. En el di¨¢logo con otro empresario que le dispensa el trato de "mi rey", Nacif dice que a la juez puede "enviarla de vacaciones donde ella quiera".

Kamel Nacif, de origen liban¨¦s, es una persona muy influyente en el Estado poblano y buen amigo del gobernador. Fue detenido en Estados Unidos en mayo de 1993 por una acusaci¨®n de evasi¨®n fiscal en M¨¦xico de unos siete millones de d¨®lares. Su nombre aparece en el libro Los demonios del ed¨¦n, donde Lydia Cacho denuncia una red de pederastas internacionales con base en Canc¨²n que fomentaba el turismo sexual infantil y distribu¨ªa pornograf¨ªa a trav¨¦s de Internet. La Procurador¨ªa (Fiscal¨ªa) General de la Rep¨²blica (PGR) ha confirmado la existencia de esta red, con tent¨¢culos en varios pa¨ªses, en la que, presuntamente, est¨¢n implicados otros empresarios. El principal acusado es un pr¨®spero hotelero de Canc¨²n, Succar Kuri, tambi¨¦n de origen liban¨¦s, que est¨¢ detenido en Chandler (Arizona) a la espera de que un juez federal estadounidense se pronuncie sobre la demanda de extradici¨®n mexicana por abuso sexual de menores, pornograf¨ªa infantil y lavado de dinero. La Fiscal¨ªa asegura que la pornograf¨ªa infantil es el tercer negocio il¨ªcito en M¨¦xico, despu¨¦s del narcotr¨¢fico y el tr¨¢fico de armas.

Seg¨²n denuncia Cacho en su libro, entre los supuestos c¨®mplices de Kuri est¨¢n el actual subsecretario de Seguridad P¨²blica Federal de M¨¦xico, Miguel ?ngel Yunes Linares, y el senador federal Emilio Gamboa Patr¨®n (PRI).

El esc¨¢ndalo tiene su antecedente inmediato en la detenci¨®n el 16 de diciembre pasado de Lydia Cacho, que dirige en Canc¨²n un centro de atenci¨®n a mujeres v¨ªctimas de violencia. Una decena de polic¨ªas judiciales de los estados de Puebla y Quintana Roo abordaron a la periodista como si se tratara del narcotraficante m¨¢s buscado. M¨¢s que una detenci¨®n fue un secuestro, a juzgar c¨®mo se desarrollaron los hechos. Fue sacada de territorio de Quintana Roo cuando el gobernador no hab¨ªa firmado todav¨ªa el preceptivo exhorto, y estuvo desaparecida m¨¢s de 20 horas. "Me ocultaron, me sacaron por la puerta de atr¨¢s de la sede de la Procurador¨ªa (Fiscal¨ªa), me agarraron del pelo, me empujaron violentamente al interior de un coche y arrancaron a toda velocidad", recuerda Cacho. "Todo para que mi abogada no pudiera verme. Exig¨ª mis derechos, grit¨¦ que aquello era un secuestro y uno de los polic¨ªas, pistola en mano, me amenaz¨®: 'C¨¢llate, pendeja, o te esposamos. La vas a pasar mal".

Tras un viaje interminable lleg¨® a Puebla, donde el calvario continu¨® siete horas m¨¢s. Fue a parar a una celda inmunda y se present¨® un supuesto representante de la comisi¨®n de derechos humanos que le entreg¨® un documento en el que declaraba estar bien y no haber sido maltratada. Se neg¨® a firmar. En la Procurador¨ªa de Puebla le esperaban algunos familiares y periodistas que hab¨ªan sido alertados a trav¨¦s de algunas emisoras que dieron cuenta de la "desaparici¨®n" de Lydia Cacho. La radio fue su salvaci¨®n.

Finalmente, despu¨¦s de pasar por la enfermer¨ªa, fue puesta en libertad condicional, previo pago de 70.000 pesos de fianza (unos 6.500 d¨®lares). La procuradora de Puebla, Blanca Laura Villena Mart¨ªnez, admiti¨® graves anomal¨ªas en el arresto de Lydia Cacho al reconocer que no se notific¨® a la inculpada la orden del juez de detenerla por difamaci¨®n, para evitar que hiciera un esc¨¢ndalo.

Le abrieron dos procesos por difamaci¨®n y calumnias, por los que el fiscal ped¨ªa cuatro a?os de c¨¢rcel en cada uno, m¨¢s una multa. Paralelamente, el gobernador de Puebla declar¨® que Lydia Cacho era una delincuente y que el caso estaba cerrado. Organizaciones internacionales de derechos humanos y del derecho a la informaci¨®n han expresado su apoyo a Lydia Cacho.