El Gobierno y el PSE cierran su segundo gran pacto pol¨ªtico con la ley de Suelo

El Gobierno y el PSE cerraron en la ma?ana de ayer su segundo gran acuerdo pol¨ªtico de esta legislatura, ambos sellados en los ¨²ltimos dos meses. Si en diciembre pasado los socialistas apoyaban los presupuestos del Ejecutivo para este ejercicio y romp¨ªan siete a?os de ruptura de acuerdos, ahora le ha tocado el turno a una de las leyes m¨¢s importantes de este mandato: la de Suelo.

Euskadi es adem¨¢s la ¨²nica comunidad aut¨®noma que no contaba con una normativa sobre suelo y han tenido que pasar 20 a?os desde la transferencia de esta materia para disponer de una regulaci¨®n espec¨ªfica. El Departamento de Vivienda, que encabeza Javier Madrazo, considera que la ley ser¨¢ finalmente aprobada por el Parlamento en junio pr¨®ximo. Su ratificaci¨®n est¨¢ asegurada al garantizar los socialistas al tripartito la mayor¨ªa absoluta de votos en la C¨¢mara.

El acuerdo no ha sido f¨¢cil y en muchas ocasiones ha planeado sobre ¨¦l la sombra del fracaso, como ocurri¨® hace ahora un a?o. Entonces, en v¨ªsperas de la disoluci¨®n de la C¨¢mara para celebrar las elecciones auton¨®micas, el Gobierno tuvo que retirar el proyecto de ley al encontrase sin apoyos. La aprobaci¨®n por el Gobierno del mismo texto, sin ning¨²n cambio, en septiembre pasado, no ayud¨® a conformar un clima de di¨¢logo y en diciembre la ley estuvo a punto de volver a embarrancar.

Febrero ha resultado un mes clave para la negociaci¨®n, en el que ha habido un acercamiento de posturas entre el departamento, en manos de EB, y el PSE que se evidenci¨® la semana pasada y qued¨® confirmado en la ma?ana de ayer, tras una reuni¨®n de dos horas entre ambas comisiones negociadoras.

Las principales novedades son la creaci¨®n de la nueva figura de las viviendas tasadas municipales, el cambio del sistema de compensaci¨®n por el de concertaci¨®n y un aumento de la autonom¨ªa municipal, al eliminar la obligatoriedad actual de que los planes urban¨ªsticos generales de los municipios de m¨¢s de 20.000 habitantes sean ratificados por las diputaciones. La ley dar¨¢ esta potestad exclusivamente a los ayuntamientos. "El inter¨¦s general ha primado en todo momento sobre los intereses propios", destac¨® Vivienda en un comunicado oficial.