Suspendido el juicio del ¨²ltimo encausado por los disturbios de T¨¤rrega en 1991

El titular del Juzgado de lo Penal n¨²mero 1 de Lleida suspendi¨® ayer la vista oral contra el ¨²ltimo acusado por los graves disturbios ocurridos hace 15 a?os durante la XI edici¨®n de la Fira de Teatre al Carrer de T¨¤rrega (Urgell), porque uno de los testigos propuestos por la fiscal, un agente de los Mossos d'Esquadra que oficialmente se encuentra de baja, no pudo ser localizado por el servicio de citaciones.

El fiscal solicita para el acusado, Jes¨²s A. C., de 35 a?os, dos a?os y cuatro meses de prisi¨®n por des¨®rdenes p¨²blicos. El juicio ha sido se?alado para el pr¨®ximo 15 de marzo.

En caso de haberse celebrado, el juicio habr¨ªa servido para dar carpetazo a uno de los procesos m¨¢s enrevesados de la historia judicial de Lleida. El caso ha estado marcado por las demoras, numerosas irregularidades durante la instrucci¨®n del sumario, que tard¨® casi 11 a?os en cerrarse, por recusaciones y denuncias a jueces y fiscales y por las repetidas suspensiones de las vistas. La de ayer, la tercera, fue recibida con indignaci¨®n por el abogado de Jes¨²s A. C., ya que ¨¦ste reside en Alicante y realiz¨® el viaje en balde.

El letrado Francesc Arnau formul¨® una protesta ante el juez por el motivo de la suspensi¨®n. "Cuando se trata de localizar a la pobre gente que desfila cada d¨ªa por los tribunales, los encuentran enseguida", se?al¨®. "Resulta parad¨®jico que la ausencia de un agente de la autoridad sea motivo para suspender un juicio. No s¨¦ muy bien qu¨¦ problemas han tenido para su localizaci¨®n, aunque tal vez ha sido porque se trata del caso de T¨¤rrega, que es un modelo de lo que no ha de ser un procedimiento judicial".

Intervenci¨®n policial

Los hechos que deb¨ªan juzgarse ayer ocurrieron a partir de las cuatro de la madrugada del 8 de septiembre de 1991 en el centro de T¨¤rrega, cuando un grupo de j¨®venes, entre los que presuntamente estaba el acusado, empez¨® a zarandear el veh¨ªculo de una compa?¨ªa teatral que se dispon¨ªa a abandonar la plaza despu¨¦s de la actuaci¨®n. Lo que comenz¨® como una discusi¨®n acab¨® convirti¨¦ndose, tras la intervenci¨®n policial, en una batalla campal en la que participaron centenares de personas, que destrozaron todo lo que encontraron a su paso e intentaron asaltar el edificio consistorial.

Los alborotadores mantuvieron en vilo durante varias horas a la polic¨ªa. Los da?os causados en el mobiliario urbano y en establecimientos comerciales fueron evaluados en m¨¢s de seis millones de pesetas. De las 86 personas detenidas inicialmente, s¨®lo 17 ingresaron en prisi¨®n, aunque al cabo de dos semanas quedaron en libertad tras abonar fianzas de 200.000 pesetas.

Un v¨ªdeo grabado por la Guardia Urbana, fotograf¨ªas y filmaciones de televisi¨®n fueron utilizados por la fiscal como pruebas de cargo contra las 55 personas que finalmente fueron procesadas por los delitos de lesiones, des¨®rdenes p¨²blicos y atentado contra la autoridad.

La fiscal del caso intent¨® evitar el juicio y propuso un pacto a los acusados consistente en modificar la calificaci¨®n jur¨ªdica de los hechos, dejando los delitos en faltas y cambiando las penas de hasta cinco a?os de prisi¨®n por multas de 1.200 euros a cambio de un reconocimiento de culpabilidad. De los 55 imputados, 39 aceptaron la oferta y los 16 restantes, entre ellos Jes¨²s A. C., prefirieron ir a juicio para demostrar su inocencia y denunciar las irregularidades del proceso, por lo que han sido juzgados en vistas individualizadas, que han acabado en condenas de tres meses de prisi¨®n al aplic¨¢rseles una atenuante anal¨®gica por dilaciones indebidas de la Administraci¨®n de justicia.