La entidad guipuzcoana adjunta 8.000 firmas a su recurso judicial

La C¨¢mara de la Propiedad Urbana de Guip¨²zcoa present¨® ayer el recurso contencioso administrativo de nulidad que hab¨ªa anunciado contra el decreto del Gobierno que liquida estas entidades en las tres provincias como corporaciones de derecho p¨²blico. La c¨¢mara, que solicita la suspensi¨®n cautelar de su aplicaci¨®n, present¨® el recurso con el aval simb¨®lico de las firmas de 8.000 guipuzcoanos que apoyan la decisi¨®n de pleitear contra Vivienda. El argumento es que el decreto es "anticonstitucional", aunque m¨¢s de diez sentencias lo avalan y diversos informes jur¨ªdicos oficiales han confirmado reiteradamente la legalidad del texto.

La entidad guipuzcoana entiende que su supresi¨®n afecta a tres derechos fundamentales (los de asociaci¨®n, tutela judicial efectiva y de propiedad) por lo que considera insuficiente un decreto, sino que ser¨ªa necesario la aprobaci¨®n de una ley por mayor¨ªa absoluta en el Parlamento.

"Ning¨²n inter¨¦s p¨²blico"

En su argumentaci¨®n contra el decreto cita que la Constituci¨®n "reconoce el derecho a la propiedad privada y protege a los particulares frente a las extralimitaciones del Estado", que hacen extensivas al terreno de su patrimonio y personal empleado.

En concreto, la entidad sostiene que el art¨ªculo segundo del decreto de la consejer¨ªa de Vivienda dispone que se integrar¨¢n en la Administraci¨®n los empleados de las c¨¢maras que fuesen fijos a fecha del 5 de noviembre de 2002 -unas 50 personas- lo que significa dejar en la calle al 10% de la plantilla.

Tambi¨¦n opina que la redacci¨®n del decreto resulta contradictoria y err¨®nea, ya que no existe ning¨²n art¨ªculo que decrete ni la liquidaci¨®n, ni la interrupci¨®n de la liquidaci¨®n, ni la disoluci¨®n de las c¨¢maras, al considerarlas, equivocadamente, como ya liquidadas.

A juicio de los recurrentes, el ¨²nico modo de asegurar la eficacia de una futura sentencia sobre el recurso es la adopci¨®n de medidas cautelares, como la paralizaci¨®n de la aplicaci¨®n del decreto, m¨¢xime cuando "no existe ning¨²n inter¨¦s p¨²blico leg¨ªtimo en la supresi¨®n de las c¨¢maras".

El recurso apunta que el decreto tiene como principal objetivo "la confiscaci¨®n" de sus bienes. "El volumen del articulado destinado a la confiscaci¨®n del patrimonio es mayoritario, lo que da fe de cual es el objetivo prioritario del Gobierno", cita. En su opini¨®n, se vulnera el art¨ªculo 33 de la Constituci¨®n, que reconoce el derecho a la propiedad privada y a que nadie sea privado de sus bienes.