El Gobierno interviene las tres c¨¢maras de la Propiedad al entrar en vigor el decreto

El Gobierno vasco confirm¨® ayer que tres interventores se han hecho cargo ya de las tres c¨¢maras de la Propiedad Urbana, tras entrar en vigor el decreto que las liquida como corporaciones de derecho p¨²blico. Su publicaci¨®n el martes en el Bolet¨ªn Oficial del Pa¨ªs Vasco ha puesto en marcha el proceso con la presencia de los funcionarios delegados en las sedes de las tres c¨¢maras y el inicio de las negociaciones para pasar a manos de la Administraci¨®n vasca el patrimonio de 19 millones de euros y el medio centenar de empleados que suman. La C¨¢mara de Guip¨²zcoa confirm¨® que ha recurrido el decreto.

La intervenci¨®n de las c¨¢maras, pactada por todos los partidos pol¨ªticos en el Parlamento, abre un periodo de negociaciones entre los anteriores gestores de estas entidades y el nuevo responsable, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales.

De momento, y mientras no se liquiden definitivamente, la prestaci¨®n a todos los propietarios e inquilinos de los servicios de asesoramiento, visado oficial y registro de contratos de arrendamiento que las c¨¢maras han venido dando hasta ahora, se seguir¨¢n ofreciendo en las actuales instalaciones. Una vez resuelta la divisi¨®n del patrimonio y el traspaso del personal que lo desee al Gobierno vasco -los dem¨¢s cobrar¨¢n una indemnizaci¨®n de 20 d¨ªas por a?o trabajado con un tope de 12 mensualidades-, ser¨¢ el propio Ejecutivo quien los preste. Una situaci¨®n que podr¨ªa cambiar si media alg¨²n acuerdo de cesi¨®n de servicios a eventuales nuevas asociaciones de propietarios que puedan crearse como herederas de las actuales, pero sin ninguna relaci¨®n con la Administraci¨®n.

El Gobierno aut¨®nomo aprob¨® el decreto el pasado 31 de enero con m¨¢s de diez a?os de retraso con respecto a la aprobaci¨®n del real decreto que las suprimi¨® como corporaciones de derecho p¨²blico. Esa normativa data de 1990 y 1994.

Control del gasto

Los interventores -funcionarios delegados- no han entrado con demasiado buen pie. El Departamento de Vivienda cit¨® a los presidentes de las tres c¨¢maras de la propiedad para tratar del tr¨¢nsito de las entidades a la Administraci¨®n y comunicarles oficialmente que los ¨®rganos de Gobierno quedaban disueltos, pero ni los de Vizcaya y Guip¨²zcoa se presentaron a la reuni¨®n. Tan s¨®lo la presidenta de la de ?lava, Isabel Mart¨ª, que ha iniciado el camino de la negociaci¨®n, acudi¨® a la cita. Fuentes de las tres c¨¢maras confirmaron ayer que, sin embargo, y a pesar de la disoluci¨®n de los ¨®rganos de gobierno, los presidentes siguen en los locales. El Gobierno no confirm¨® si disponen de un permiso especial y transitorio hasta finalizar el traspaso de poderes.

Ayer mismo, los interventores convocaron a las asambleas de trabajadores afectados por el decreto en cada una de las tres provincias, para comunicarles la situaci¨®n legal que les afecta y los pasos que se van a dar.

Los funcionarios delegados han llegado a las tres c¨¢maras con el mandato de tomar el control de las entidades y garantizar que se preste el servicio a los ciudadanos. Pero tambi¨¦n vigilar¨¢n para que los fondos de las c¨¢maras se destinen a partir de ahora para el fin que tienen, es decir la defensa de los intereses de los propietarios e inquilinos. Por eso observar¨¢n especialmente a la C¨¢mara de Guip¨²zcoa, la m¨¢s beligerante contra el Gobierno vasco. El anuncio de que ha recurrido el decreto ha llegado el mismo d¨ªa de la intervenci¨®n. El Departamento de Vivienda cree que la resistencia judicial est¨¢ generando ya unos gastos que los responsables de las c¨¢maras tendr¨¢n que aclarar de d¨®nde proceden. El interventor tiene potestad para controlar las cuentas y s¨®lo el podr¨¢ autorizar gastos que no sean propios de la actividad de las c¨¢maras, como los que est¨¢ generando esa batalla legal. Los funcionarios deber¨¢n determinar si se han desviado fondos a otras cuentas para correr con gastos destinados a pleitear con el Ejecutivo.

Aunque las tres c¨¢maras anunciaron que iban a impugnar el decreto de disoluci¨®n, de momento s¨®lo se conocer el recurso de la guipuzcoana. La de Vizcaya anunci¨® el pasado lunes con un inserto publicitario en dos diarios locales que, en caso de aplicarse el decreto, "emprender¨¢ todas las acciones sociales y legales necesarias para poder impugnar dicha norma evitando as¨ª un expolio que carece de sentido".

El patrimonio de las tres c¨¢maras suma 19 millones de euros y, seg¨²n el decreto, se dividir¨¢ en dos bloques: el obtenido mientras las cuotas eran obligatorias (entre 1927 y 1989) y el posterior. Ambos pasar¨¢n al Gobierno, pero el atribuible a esos 17 a?os de voluntariedad de las cuotas podr¨¢ ser adscrito a asociaciones dedicadas a la defensa, promoci¨®n e informaci¨®n de propietarios u usuarios de viviendas urbanas, siempre que se constituyan sin ¨¢nimo de lucro. El plazo para solicitarlo ser¨¢ de un a?o.

El Gobierno espera que la c¨¢mara de Vizcaya no cumpla sus amenazas y se avenga a esta v¨ªa de la negociaci¨®n para preparar el aterrizaje de las nuevas asociaciones. Fuentes de Funci¨®n P¨²blica estiman que entrar en recursos judiciales supone un gasto injustificado, por cuanto el decreto es inatacable jur¨ªdicamente. Aseguran que el texto incorpora m¨¢s de 12 a?os de jurisprudencia emitida por las m¨¢s altas instancias judiciales, desde que el real decreto de 1990 del Gobierno central puso en marcha el proceso.