El tripartito plantea ahora que el Parlamento apruebe una ley de dependencia propia
El Ejecutivo invoca la "competencia exclusiva" que tiene Euskadi en asistencia social
Los partidos del Gobierno (el PNV, EA y EB) propugnan que el Parlamento apruebe una ley de dependencia vasca, acogi¨¦ndose a la competencia exclusiva que en materia de asistencia social le confiere el Estatuto. El planteamiento del tripartito se produce en plena discusi¨®n del anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Trabajo, recientemente descalificado por el consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo. Para el Ejecutivo, dicho anteproyecto presenta lagunas, como la cobertura asistencial que recaer¨¢ en las comunidades aut¨®nomas y la financiaci¨®n de los servicios.
Ampar¨¢ndose en la capacidad que el Estatuto otorga a la comunidad aut¨®noma para regular y planificar las pol¨ªticas sociales, el tripartito pretende en estos momentos iniciar los tr¨¢mites para elaborar una ley de dependencia de ¨¢mbito auton¨®mico. As¨ª figura en la enmienda de totalidad que han presentado conjuntamente el PNV, EA y EB a una proposici¨®n no de ley formulada por el PP sobre la protecci¨®n y atenci¨®n a las personas dependientes. El segundo de los tres puntos de la enmienda recoge expl¨ªcitamente la pretensi¨®n del tripartito: "El Parlamento vasco respalda la aprobaci¨®n de una ley de autonom¨ªa personal y atenci¨®n a las personas en situaci¨®n de dependencia que garantice unos derechos b¨¢sicos" para este colectivo.
Esta iniciativa, que ser¨¢ debatida pr¨®ximamente en un pleno de la C¨¢mara, irrumpe cuando dl Gobierno socialista est¨¢ a punto de aprobar el proyecto de ley de Dependencia, para que entre en vigor a comienzos de 2007. Su aplicaci¨®n no ha convencido plenamente al Departamento vasco de Asuntos Sociales y a las tres diputaciones, que encuentran muchas lagunas en el contenido de la futura ley.
El anteproyecto elaborado por el Ministerio de Trabajo establece el derecho de todos los ciudadanos a recibir asistencia, al margen de sus recursos econ¨®micos. Las ayudas se conceder¨¢n en funci¨®n del grado de incapacidad de los beneficiarios y la financiaci¨®n se realizar¨¢ a partes iguales entre las administraciones central y auton¨®micas y con una aportaci¨®n de los usuarios.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jes¨²s Caldera, anunci¨® en una visita reciente a Euskadi que se necesitar¨¢n 200 millones de euros anuales para atender a las 50.000 personas dependientes que en esta comunidad carecen de atenci¨®n en la actualidad -1.125.000 en Espa?a-. Seg¨²n sus c¨¢lculos, se podr¨¢n crear 15.000 puestos de trabajo en virtud de la retribuci¨®n econ¨®mica que la nueva ley fija para los cuidadores. Caldera dijo, adem¨¢s, que Euskadi est¨¢ por debajo de la media nacional en atenci¨®n a dependientes.
Indefinici¨®n
El Gobierno de Ibarretxe considera que la ley de Dependencia socialista, tal y como est¨¢ concebida ahora mismo, representa una "invasi¨®n competencial", seg¨²n ha manifestado el consejero Madrazo. A su juicio, no est¨¢ claro c¨®mo se articular¨¢ las f¨®rmulas para financiar la nueva cartera de servicios para atender a los incapacitados. Las diputaciones consideran que el c¨¢lculo de posibles beneficiarios se ha quedado "corto" en el caso del Pa¨ªs Vasco. Critican el "alto grado de indefinici¨®n" del proyecto y que a¨²n se desconozcan los baremos que se emplear¨¢n para determinar los niveles de dependencia.
El tripartito, por su parte, reclama que el texto legal garantice "la equidad, cohesi¨®n social y la solidaridad interterritorialidad" a trav¨¦s de una financiaci¨®n "suficiente y sostenible" con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Piden que se clarifique el nivel de atenci¨®n que prestar¨¢n las comunidades con fondos de la Administraci¨®n general. La futura ley, sostienen el PNV, EA y EB, debe establecer expl¨ªcitamente que la protecci¨®n incluir¨¢ a las personas que ahora son atendidas por los servicios sociales. Tambi¨¦n plantean que la aportaci¨®n financiera del Estado se calcule "teniendo en cuenta las diferencias en el nivel de vida y el coste de los servicios de atenci¨®n en cada comunidad".
Por su parte, la catedr¨¢tica de Sociolog¨ªa Mar¨ªa Teresa Bazo, autora de varios estudios sobre la atenci¨®n a dependientes, sostiene que, en una sociedad que envejece "en mejores condiciones", se est¨¢ produciendo una notable aumento de la demanda asistencial. Por eso, ante la ley de Dependencia se pregunta si finalmente va a ser "una mera declaraciones de principios", si se acercar¨¢ "lo m¨¢s posible" a las necesidades que presentan las personas dependientes y en qu¨¦ medida va a asegurar que "todos los ciudadanos van a tener los mismos derechos".
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