El PSOE se niega a aceptar el traspaso completo de aeropuertos a la Generalitat

La batalla por el control de los grandes puertos y aeropuertos de Catalu?a lleva camino de llegar hasta el ¨²ltimo d¨ªa de debate parlamentario, en comisi¨®n y en pleno, del Estatuto de Catalu?a. El PSOE se niega a ceder a la Generalitat la gesti¨®n del aeropuerto de Barcelona y los puertos de Tarragona y Barcelona. El principio de acuerdo alcanzado sobre esta cuesti¨®n hace un mes ha chocado contra la oposici¨®n del Ministerio de Fomento. Pero s¨ª hubo acuerdo entre el PSOE, CiU e ICV en uno de los objetivos principales de la reforma estatutaria: el blindaje de las competencias de la Generalitat.

Los grupos pol¨ªticos no terminar¨¢n hasta hoy el debate en ponencia del T¨ªtulo IV sobre las competencias que corresponden a la Generalitat y al Estado. Las partes conflictivas se abordar¨¢n hoy, aunque no parece que sea salvable el choque de intereses en torno a la gesti¨®n de los puertos y aeropuertos. Tanto el ponente de ERC Joan Ridao como el presidente de CiU, Artur Mas, as¨ª como el portavoz de Izquierda Verde-Iniciativa Verds Joan Herrera, han dejado claro que el cambio del PSOE, en relaci¨®n a lo preacordado hace un mes sobre puertos y aeropuertos, hace imposible el acuerdo.

Joan Herrera, de ICV, resalt¨® "la actitud negativa del Gobierno" respecto a posiciones anteriores en este punto. "?Por qu¨¦?", se pregunt¨®. "Esperamos que el PSOE est¨¦ guard¨¢ndose alguna carta para la negociaci¨®n de ¨²ltima hora y cumpla lo que dijo", confi¨® Herrera.

Esto coincide con lo que indican fuentes socialistas, seg¨²n las cuales se podr¨ªa reconsiderar la posici¨®n en este punto si, finalmente, ERC da su acuerdo global al Estatuto. La oferta del PSOE en este momento es, seg¨²n explic¨® el dirigente socialista Diego L¨®pez Garrido, que la Generalitat podr¨ªa tener mayor¨ªa en los consorcios para los puertos de Barcelona y Tarragona, pero el Estado se reservar¨ªa la mayor¨ªa en el consorcio para la gesti¨®n del aeropuerto de El Prat.

25 a?os de conflictos

Ayer result¨® un d¨ªa trascendente para los ponentes de PSOE, CiU, ICV, y tambi¨¦n para el PP, pero en sentido opuesto, seg¨²n resaltaron todos ellos. Se trat¨® de definir y delimitar "el reparto de poder tras 25 a?os de conflictos", explic¨® el ponente de CiU Francesc Homs. Esto es lo que se hace con el blindaje de las competencias de la Generalitat, mediante su definici¨®n como exclusivas, compartidas y de ejecuci¨®n, fijando el contenido concreto de todas y cada una de ellas. Se refer¨ªa a los art¨ªculos 110, 111, 112, 113 y 114, que constituyen "su libro de instrucciones".

Para el PP, esto supone efectivamente "la expulsi¨®n de la Administraci¨®n del Estado" de Catalu?a, se?alaron Federico Trillo y Soraya Sa¨¦nz de Santamar¨ªa. Una expulsi¨®n basada, adem¨¢s, en el principio de "desconfianza" respecto al Estado. Tanto Homs como Herrera y Ridao replicaron a Trillo que, ciertamente, la experiencia de 25 a?os de "invasi¨®n" de las competencias de la Generalitat por el Estado ha desembocado en una "gran conflictividad" y una "gran desconfianza".

ERC, no obstante, consider¨® que el PSOE ha suprimido algunos elementos, como la expresi¨®n "en todo caso", en la fijaci¨®n de los contenidos m¨ªnimos de algunas competencias, que reduce la eficacia del blindaje.

Esto sirvi¨® para que L¨®pez Garrido mostrara cierta perplejidad por la actitud del grupo republicano. "Es un gran d¨ªa para el autogobierno de Catalu?a, se profundiza en las competencias, y se avanza en el autogobierno". En paralelo, dijo L¨®pez Garrido, "se clarifica el Estatuto para que haya la menor conflictividad posible entre el Estado central y la Generalitat, al tiempo que las competencias exclusivas del Estado tambi¨¦n quedan muy claras". No habr¨¢ acuerdo hoy, con lo que quedar¨¢ para la fase de comisi¨®n, sobre las selecciones deportivas, dado que los socialistas remiten su regulaci¨®n a "la normativa estatal" y a la Carta Ol¨ªmpica. Tampoco sobre la gesti¨®n de Paradores Nacionales de Turismo, toda vez que el Gobierno sostiene que el ente p¨²blico que lo gestiona debe seguir en manos del Estado.