Cuidado con el enroque

Bajo criterios de estricta racionalidad econ¨®mica poco hay que objetar a las decisiones adoptadas ayer por el Consejo de Ministros para reforzar la capacidad regulatoria de la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa (CNE) y clarificar el mercado de la electricidad. La ley vigente exige a la CNE que vigile la salud financiera de las empresas el¨¦ctricas, pero le impide al mismo tiempo examinar a los eventuales compradores que no procedan de sectores regulados o simplemente sean de otro pa¨ªs. Esta anomal¨ªa, que el Gobierno ha decidido corregir, permitir¨ªa a una empresa extranjera como E.ON adquirir una mayor¨ªa de control en Endesa sin someterse al mismo examen que ha sufrido durante meses Gas Natural, puesto que est¨¢ sometida hasta ahora s¨®lo a la regulaci¨®n alemana. Tambi¨¦n es de sentido com¨²n permitir al regulador espa?ol que examine y autorice o rechace la entrada de empresas extranjeras protegidas por alg¨²n tipo de control p¨²blico, a modo de acci¨®n de oro encubierta, como es el caso de la empresa alemana, cuya hipot¨¦tica venta a una empresa extranjera est¨¢ desincentivada por el blindaje que estableci¨® el Gobierno alem¨¢n sobre sus activos de gas (Ruhrgas) hasta el a?o 2012.

Lo mismo cabe decir de las medidas que pretenden acabar con el d¨¦ficit de tarifa que generan abusivamente las compa?¨ªas el¨¦ctricas -en su conjunto- para engordar sus ingresos reconocidos o con una interpretaci¨®n arbitraria del tr¨¢fico de CO2. Estas dos ¨²ltimas medidas estaban previstas antes de que el grupo alem¨¢n E.ON irrumpiera en el mercado con una OPA sobre Endesa que mejora con creces la de Gas Natural -cuya racaner¨ªa econ¨®mica han puesto en evidencia- y que resulta mucho m¨¢s atractiva para los accionistas.

Pero las decisiones t¨¦cnicas y econ¨®micas no pueden ser deslindadas de los condicionantes pol¨ªticos. El Gobierno espa?ol sostiene un modelo empresarial para el mercado energ¨¦tico que choca frontalmente con la compra de Endesa por E.ON. El Ejecutivo invoca para ello que sus obligaciones con los usuarios y ciudadanos en general, a los que debe garantizar un servicio el¨¦ctrico eficiente, no pueden resolverse con meras invocaciones al mercado en tiempos de gran incertidumbre energ¨¦tica. Y m¨¢s cuando el mercado que se invoca no lo es tanto. No es precisamente Alemania un modelo de mercado energ¨¦tico abierto ni un ejemplo de transparencia en la gesti¨®n de sus empresas estrat¨¦gicas, como demuestra esa protecci¨®n indirecta impuesta a los activos de E.ON.

Pero en este complejo juego de intereses y deberes, el Gobierno espa?ol no debe cometer el error de crear un conflicto con las autoridades comunitarias, que ya han advertido de que seguir¨¢n atentamente sus decisiones. Una cosa es que el tejido empresarial espa?ol sea capaz de generar ofertas mejores que la de E.ON -esto es, m¨¢s atractivas para los accionistas de Endesa- y otra ponerse a cavar trincheras en los Pirineos. Desgraciadamente, los reales decretos aprobados ayer suenan a una declaraci¨®n de guerra que el Gobierno deber¨ªa evitar. Todas las decisiones de la administraci¨®n deben respetar el marco legal comunitario. No es inteligente ni barato entrar en una guerra legal con Europa, ni sembrar tensiones innecesarias con Alemania.

Las iniciativas leg¨ªtimas deben ser debatidas con Bruselas y Berl¨ªn en el bien entendido de que el mercado unificado europeo es hoy un puzzle imperfecto, compuesto de mercados controlados con distintos grados de nacionalismo por los gobiernos de turno y que s¨®lo puede mejorarse y ampliarse mediante la negociaci¨®n. Hay un camino, estrecho e inc¨®modo si se quiere, entre la aceptaci¨®n ingenua del mercado como ¨²nica gu¨ªa en operaciones estrat¨¦gicas y el enroque en el principio de "las empresas espa?olas para los espa?oles". Hay que esperar que el Gobierno acierte a transitar por ¨¦l.