Los del com¨²n

Vivimos en un pa¨ªs donde la solidaridad se convierte en derechos, estos en privilegios y de ah¨ª en exigencias. Si el gobierno presta alguna ayuda el destinatario reclama la cuant¨ªa y las formas de la misma. No se trata de un acto de ciudadan¨ªa, no de una reclamaci¨®n como usuario, sino de una exigencia por la cual se pretende sacarle al Estado todo lo que se pueda. Lo mismo se enga?a a Hacienda en el IRPF que en el IVA que se buscan todo tipo de artima?as para utilizar el dinero y las ayudas p¨²blicas en el propio beneficio. Del Estado del Bienestar a la picaresca.

Los beneficiarios de Viviendas de Protecci¨®n Oficial (VPO), que han recibido importantes recursos p¨²blicos para adquirir su vivienda, pretenden ahora que la Junta de Andaluc¨ªa les permita revender para obtener beneficios. La administraci¨®n les concedi¨® ayudas para una vivienda por un baremo de necesidad y ahora quieren beneficiarse del incremente en los precios. Baste una visita a la p¨¢gina web (www.vpoandalucia.org ) de la asociaci¨®n que reclama facilidades en la desclasificaci¨®n para entender su objetivo: all¨ª ponen el ejemplo del que se compr¨® una casa de renta libre y ahora obtiene beneficios y el que la tiene de protecci¨®n oficial y no puede tenerlos. Cuando necesitaron del Estado, obtuvieron importantes ayudas (de 6.000 a 8.000 euros m¨¢s la bonificaci¨®n de los pr¨¦stamos) y ahora ven la posibilidad de sacar ventaja. Todo muy carpetovet¨®nico, muy espa?ol, muy de "lo quiere con IVA o sin IVA". Primero me compro la casa con parte de dinero p¨²blico y ahora la vendo y gano.

Es preciso comprender tambi¨¦n que la legislaci¨®n reserva suelo para VPO. Que se construyen promociones en zonas c¨¦ntricas de las ciudades: el Plan Renfe de C¨®rdoba, la antigua f¨¢brica de Cruzcampo de Sevilla o los terrenos ociosos de astilleros de C¨¢diz. Gracias al impulso p¨²blico, no se han mandado las VPO a los guetos del extrarradio, sino que se ha hecho un urbanismo integrador, creando barrios con diferentes grupos sociales. Ahora, una vez que los Ayuntamientos reservaron suelo y la Junta de Andaluc¨ªa dio dinero, se quiere hacer negocio y se usa la falacia de que muchos necesitan viviendas mayores. ?Ser¨¢ que la natalidad aumenta sin que nadie se d¨¦ cuenta?.

Veo normal, aunque oportunista, que Javier Arenas los apoye. No cab¨ªa esperar otra cosa. No s¨¦ muy bien si la retroactividad de la nueva Ley de Medidas de la Vivienda Protegida es constitucional o no. Ya se ver¨¢ llegado el caso. Es cierto que la Constituci¨®n impone la irretroactividad de las normas restrictivas de derechos, pero este caso es una garant¨ªa de que no se hace un uso perverso de la actuaci¨®n p¨²blica. No es menos cierto que si se aten¨²a la ley para atender alguna petici¨®n, la Junta dar¨ªa sensaci¨®n de improvisaci¨®n, porque se ha cambiado con anterioridad. Es mejor, por seguridad jur¨ªdica, tener las garant¨ªas sobre los efectos de las normas antes de su aprobaci¨®n. Aunque la postura de la Junta sea la de atender las demandas de algunos ciudadanos, no siempre los que m¨¢s gritan llevan raz¨®n ni representan a la mayor¨ªa. Y perjudicar¨ªa a quienes necesitan una vivienda pero no se han beneficiado de una VPO.

El objetivo debe mantenerse: evitar la especulaci¨®n con viviendas protegidas. Estas viviendas son para personas cuyos ingresos no sobrepasen en 5,5 veces el salario m¨ªnimo interprofesional con destino preferente a colectivos con problemas como v¨ªctimas del terrorismo, v¨ªctimas de la violencia sexista, j¨®venes, familias monoparentales, etc¨¦tera. Debe ser para primera vivienda y no se pueden beneficiar quienes ya tuvieran otra, pero basta con observar las barriadas de VPO de reciente construcci¨®n para darse cuenta de la cantidad de viviendas vac¨ªas objeto de picaresca, mientras muchas familias siguen con problemas para adquirir la suya. Por eso es normal que se establezcan medidas de control para evitar enga?os, tales como el derecho de tanteo y retracto para la Junta, la necesidad de que las empresas de gas , electricidad y tel¨¦fono comuniquen cambios en la titularidad de los contratos, medidas de control para registradores y notarios, que los compradores de una VPO usada re¨²nan tambi¨¦n los requisitos necesarios de renta y circunstancias familiares y que el precio siga tasado . En los ¨²ltimos 12 a?os se han construido en Andaluc¨ªa 200.000 VPO y para este a?o hay previsiones para otras 30.000 .No se trata de quitarle la vivienda a los que se han beneficiado de las ayudas, sino evitar el negocio con medios p¨²blicos y el fraude. Nadie debe lucrarse con el dinero de todos. No puede ser verdad el dicho "lo del com¨²n, lo del ning¨²n".