Un estudio editado por el Consejo Econ¨®mico plantea pagar por acudir a la sanidad p¨²blica
CC OO acusa a Aguirre de convertir este organismo en un "altavoz del neoliberalismo"
Un informe publicado por el Consejo Econ¨®mico y Social (CES) de la Comunidad de Madrid propone que los usuarios de la sanidad p¨²blica asuman parte del coste de la asistencia que reciben en la sanidad p¨²blica. El informe sostiene que as¨ª se controlar¨ªa el gasto sanitario, ya que "los pacientes, como cualquier usuario de un servicio, gastan m¨¢s de lo necesario cuando no tienen que pagar nada", seg¨²n su autor. CC OO critica que el CES se haya convertido en "un altavoz de las pol¨ªticas neoliberales y s¨®lo promueva iniciativas de privatizaci¨®n de servicios p¨²blicos".
Comisiones Obreras considera que el contenido del estudio no es criticable en s¨ª -"puede ser un punto de vista m¨¢s en un debate"-, pero rechaza la gesti¨®n del presidente del CES, Francisco Cabrillo Rodr¨ªguez. El Consejo Econ¨®mico y Social es un ¨®rgano consultivo dependiente del Gobierno regional en sus pol¨ªticas.
"En los ¨²ltimos meses, todas las iniciativas del CES han ido en el mismo sentido: promover las pol¨ªticas m¨¢s neoliberales que defiende la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que ha convertido este organismo en un altavoz de su causa", afirma Jaime Cedr¨²n, consejero del CES por CC OO.
Este sindicato y UGT critican que los dos estudios publicados por el CES en una nueva revista "s¨®lo versen sobre las privatizaciones y el pago por parte de los ciudadanos de los servicios p¨²blicos". "?No debe el CES promover el debate? ?D¨®nde est¨¢n los estudios favorables a la extensi¨®n de los servicios p¨²blicos?", se preguntan.
A¨²n m¨¢s cr¨ªticos se muestran los sindicatos con unas jornadas celebradas por el CES la pasada semana. Vicente Villoria, consejero por UGT, no entiende que "el presidente del CES decidiera, de forma unilateral y sin contar con los sindicatos, celebrar un encuentro destinado a valorar las oportunidades que ofrecen para el sector privado los procesos de privatizaci¨®n". "Esta instrumentalizaci¨®n del CES resulta intolerable", concluye Villoria.
Un portavoz de este organismo replica que "estas actuaciones van encaminadas a fomentar el debate sobre cuestiones candentes que afectan a la gesti¨®n p¨²blica y a los servicios a los ciudadanos".
"Las jornadas y los estudios son una forma de conocer y escuchar las opiniones de expertos que analizan qui¨¦n y de qu¨¦ forma puede prestar y financiar mejor los servicios p¨²blicos", a?ade este portavoz. El CES, en cualquier caso, niega "manifestar opiniones en estos estudios o jornadas, sino promover el debate".
Ex asesor de Aznar
El estudio que propone el pago por los ciudadanos de parte del coste de la asistencia que reciben en la sanidad p¨²blica tiene el t¨ªtulo de Ganar en responsabilidad sanitaria. Su autor es Pablo V¨¢zquez Vega, profesor de Econom¨ªa en la Universidad Complutense y asesor del ex presidente del Gobierno del PP, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. V¨¢zquez tambi¨¦n fue subsecretario del Ministerio de Sanidad en el ¨²ltimo Gobierno de Aznar.
V¨¢zquez considera que "hay que cambiar las reglas del juego" en la prestaci¨®n de los servicios p¨²blicos, seg¨²n explic¨® ayer a EL PA?S. "Decir que la sanidad necesita m¨¢s recursos es mirar el problema s¨®lo en el corto plazo. Hay que ver c¨®mo pueden gastarse estos recursos con mayor equidad y eficiencia", a?ade.
V¨¢zquez defiende la extensi¨®n del copago, es decir, el pago compartido de los servicios entre el ciudadano y los Gobiernos. "El copago, de hecho, ya existe. Los trabajadores pagamos el 40% de los medicamentos y quien necesita una silla de ruedas o una pr¨®tesis tambi¨¦n participa en su financiaci¨®n", relata. "Lo que debemos preguntarnos es si es l¨®gico que un jubilado con 65 a?os y un gran patrimonio no pague nada por sus medicinas y, en cambio, un empleado que cobra 800 euros y tiene 63 a?os deba asumir el 40% de las medicinas que realmente necesita", se pregunta.
"En el fondo", contin¨²a, "el debate debe conducirnos hacia una mayor responsabilidad de los ciudadanos en los servicios p¨²blicos que reciben. Y el copago es una buena herramienta para ello, porque est¨¢ demostrado que un servicio gratuito es usado m¨¢s de lo necesario por quien lo recibe si no tiene que pagar nada por ¨¦l", explica.
Demanda infinita
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, expres¨® esta misma idea en una entrevista en diciembre de 2003, poco despu¨¦s de jurar el cargo. Preguntada sobre la necesidad de control del gasto sanitario, Aguirre afirm¨®: "Mi teor¨ªa de [que] a coste cero, demanda infinita es cierta. Y habr¨¢ que poner alg¨²n paliativo".
El estudio de V¨¢zquez tambi¨¦n compara los ejemplos de copago que existen en otros pa¨ªses europeos, como el Reino Unido o Suecia. "En estos pa¨ªses, el copago est¨¢ muy extendido y se ha demostrado como una buena herramienta para controlar el aumento del gasto sanitario", sostiene el autor.
En cualquier caso, el dinero que debe pagar el ciudadano s¨®lo cubre una peque?a parte del coste real. "El objetivo no es financiar el servicio con este dinero, ya que los costes de gesti¨®n y recaudaci¨®n son altos. El objetivo es que ejerza de freno al uso excesivo de los servicios", concluye.
La tarjeta de cr¨¦dito de los pol¨ªticos
El estudio de Pablo V¨¢zquez Vega publicado por el CES tambi¨¦n analiza la nueva f¨®rmula utilizada por el Gobierno regional de financiar la construcci¨®n de los nuevos hospitales de Madrid.
Esta f¨®rmula prev¨¦ que empresas privadas edifiquen y gestionen los nuevos centros -salvo el personal sanitario, que seguir¨¢ siendo p¨²blico y dependiente de la Consejer¨ªa de Sanidad- y, a cambio, el Gobierno regional les pague un alquiler o canon anual durante los pr¨®ximos 30 a?os.
"Este modelo no es bueno ni malo por s¨ª mismo. Es una herramienta de gesti¨®n y, como tal, tiene sus aspectos positivos y sus riesgos", explica.
Entre los aspectos positivos destaca que es la empresa privada la que asume "los riesgos derivados de la construcci¨®n de un gran hospital, ya que si las obras se retrasan o encarecen, ser¨¢ la empresa, y no el Gobierno, quien asuma el sobrecoste". "El Gobierno paga un alquiler por recibir un servicio y, como cliente exigente, pagar¨¢ s¨®lo si el servicio est¨¢ bien prestado", a?ade.
Entre los riesgos del nuevo sistema, el autor del estudio pone un ejemplo: "Es como si el sector p¨²blico hubiera descubierto la tarjeta de cr¨¦dito. Disfrutan hoy de un servicio que luego deber¨¢n pagar durante muchos a?os. Pero adem¨¢s, el sistema de alquiler tiene otra ventaja para los pol¨ªticos, y es que los pagos pendientes no cuentan como deuda, aunque s¨ª est¨¢n obligados por contrato a hacerles frente en el futuro", comenta.
V¨¢zquez no oculta el riesgo que esto puede tener para los pol¨ªticos del futuro, que pueden verse hipotecados por las pol¨ªticas de los actuales.
El estudio lo resume con las siguientes palabras: "El pol¨ªtico [actual] construye el hospital y se lleva los votos, y el pol¨ªtico del futuro lo empieza a pagar (aumentando los impuestos) y soporta los costes".
Este sistema de gesti¨®n, alerta el estudio, "puede dar una imagen enga?osa del estado de las finanzas de una determinada comunidad en el Estado".
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