El PSOE pide que dimita un edil al que acusa de adjudicar parqu¨ªmetros a la empresa de un amigo

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Trinidad Jim¨¦nez, pidi¨® ayer la dimisi¨®n del concejal responsable de Movilidad, Pedro Calvo (PP), tras conocerse que una de las empresas adjudicatarias del servicio de parqu¨ªmetros tiene de apoderado a Juan Manuel Casares, ex alto cargo del PP gallego y amigo del edil madrile?o, seg¨²n el PSOE. El gobierno municipal reconoce que Hixienes, la empresa de Casares, no tiene experiencia en la gesti¨®n del aparcamiento de pago, pero subraya que concurri¨® al concurso asociada con Sufi S.A. y que es a la uni¨®n de ambas a quien se le adjudica el contrato (144 millones en 11 a?os). Adem¨¢s, la concejal¨ªa sostiene que no puede "vetarse" a una empresa porque su due?o conozca a un concejal.

La uni¨®n de empresas (UTE) formada por Sufi S.A. e Hixitel Hixienes se present¨® al concurso de gesti¨®n de la nueva zona de parqu¨ªmetros convocado en noviembre pasado, y el 9 de enero de 2006 obtuvo uno de los tres lotes, seg¨²n inform¨® ayer el diario El Mundo y confirm¨® el coordinador general de Seguridad, Fernando Autr¨¢n.

Esa UTE gestionar¨¢, a cambio de 144 millones de euros repartidos en 11 a?os, 28.570 plazas verdes (para residentes) y azules (para visitantes) de ocho barrios del sur -Imperial, Acacias, Chopera, Legazpi, Delicias, Atocha, Adelfas y Estrella- y del casco hist¨®rico de Carabanchel.

Sufi pertenece al grupo Sacyr y gestiona parqu¨ªmetros en otros barrios desde que el servicio de estacionamiento regulado (SER) se instaur¨® en Madrid, en 2002. Pero Hixienes, con un capital social de s¨®lo 3.005 euros, no tiene ninguna experiencia en ese campo. Poco antes de presentarse con Sufi al concurso del Ayuntamiento, Hixienes modific¨® su objeto social (hasta entonces centrado en trabajos de limpieza y desinfecci¨®n) para incluir "la gesti¨®n y control del estacionamiento regulado en v¨ªas p¨²blicas".

A ese concurso concurrieron cinco empresas, y tres resultaron adjudicatarias, cada una para una zona de la ciudad: Eysa (FCC), la UTE formada por Api (ACS), Etralux (ACS) y grupo Vinci; y la de Sufi e Hixienes. Quedaron fuera Dornier (Ferrovial) y la UTE Setex-Urbaser. Ambas gestionan parqu¨ªmetros en otras zonas de la ciudad.

El apoderado de Hixienes, Juan Manuel Casares Gonz¨¢lez, fue diputado del PP en el Parlamento gallego hasta junio de 2005 y dirigi¨® Nuevas Generaciones del PP en esa comunidad a finales de los ochenta, justo despu¨¦s de que el hoy concejal Pedro Calvo dejara el puesto de presidente nacional de Nuevas Generaciones.

"No es raz¨®n"

Calvo no quiso hablar ayer. Su n¨²mero dos, Fernando Autr¨¢n, afirm¨®: "Es verdad que Calvo y Casares se conocen, pero todos los pol¨ªticos conocen a empresarios y comen con ellos habitualmente. Eso no puede ser raz¨®n para vetar a una empresa en un concurso. Si Calvo hubiese ordenado vetar a esa empresa, habr¨ªa cometido prevaricaci¨®n".

Calvo firm¨® el documento de adjudicaci¨®n definitiva el 18 de enero, seg¨²n figura en el expediente. La ley 30/1992, de R¨¦gimen Jur¨ªdico de las Administraciones P¨²blicas y del Procedimiento Administrativo Com¨²n establece, en su art¨ªculo 28.b), que cuando los funcionarios o empleados p¨²blicos tengan "parentesco" o "amistad manifiesta" con los administradores de las empresas que concurran a un procedimiento de contrato, esos funcionarios "se abstendr¨¢n de intervenir en el procedimiento". "Pero ese art¨ªculo s¨®lo se refiere a los funcionarios que intervienen en la mesa de adjudicaci¨®n, no al cargo pol¨ªtico, que se limita a firmar la propuesta que la mesa hace", replica el coordinador general de Seguridad.

Autr¨¢n insisti¨® en que el procedimiento ha sido "totalmente transparente" y en que la adjudicaci¨®n fue aprobado "por unanimidad" en la mesa de contrataci¨®n -donde est¨¢n presentes un representante de los servicios jur¨ªdicos del Ayuntamiento y el interventor municipal-. Afirm¨® que el cambio en el objeto social es "lo que hacen todas las empresas cuando concurren a un concurso" y subray¨® que, aunque la gallega sea una empresa peque?a, "quien responde ante el Ayuntamiento es toda la UTE, cuyo 60% est¨¢ en manos de Sufi, es decir, del grupo Sacyr".

Comisi¨®n de investigaci¨®n

La portavoz socialista, Trinidad Jim¨¦nez, pedir¨¢ en el pr¨®ximo pleno la creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n sobre esta adjudicaci¨®n. "Si Calvo tiene un m¨ªnimo de dignidad pol¨ªtica, un m¨ªnimo de decencia pol¨ªtica, lo que tiene que hacer es presentar de inmediato su dimisi¨®n, porque hay claras sospechas de que ha habido una adjudicaci¨®n irregular", afirm¨®. Tras asegurar que los socialistas han recibido "denuncias de algunas de las empresas que han pedido ser adjudicatarias y se les ha rechazado sin ninguna causa objetiva", Jim¨¦nez afirm¨®: "No se puede poner permanentemente en duda la actuaci¨®n de la clase pol¨ªtica. Esto nos perjudica a todos".

La concejal exigi¨® al alcalde, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, que aclare cuanto antes "las sospechas". "No estoy haciendo una acusaci¨®n directa hasta que no se realice una comisi¨®n de investigaci¨®n que dirima las responsabilidades, pero no podemos permitir por m¨¢s tiempo que la ciudadan¨ªa crea que los pol¨ªticos cometemos irregularidades", dijo, antes de decir que Juan Manuel Casares es "un ¨ªntimo amigo" del concejal Pedro Calvo.

El grupo municipal de IU, encabezado por In¨¦s Saban¨¦s, exigi¨® la apertura de una "exhaustiva" investigaci¨®n en el seno de la Comisi¨®n de Vigilancia de las Contrataciones para "esclarecer las sospechas" sobre la concesi¨®n de la explotaci¨®n de una zona de parqu¨ªmetros a la empresa Hixienes. En un comunicado, IU afirm¨® que no descarta "ninguna posibilidad" en el ¨¢mbito de las "responsabilidades pol¨ªticas", y asoci¨® el caso al "af¨¢n privatizador de Gallard¨®n y su equipo".

El comunicado a?ade que "en el ¨¢mbito de la pol¨ªtica algo puede ser legal y, sin embargo, ser pol¨ªticamente reprobable". Y a?ade: "En este caso, desde luego, las formas son altamente sospechosas. As¨ª valoramos, por ejemplo, no s¨®lo el v¨ªnculo de amistad entre el concejal y el empresario, sino el cambio de objeto social pocos d¨ªas antes de la concesi¨®n".