"Es grave que se decrete prisi¨®n sin apoyo del fiscal"

De poco le ha servido advertir de que la legalidad no puede ceder ante el ruido partidista, ni ante la presi¨®n o el insulto. O lamentar que cualquier actuaci¨®n del fiscal general podr¨¢ siempre interpretarse como gesto de sumisi¨®n al Gobierno, con la consiguiente puesta en marcha de la maquinaria de deslegitimaci¨®n. Apenas formuladas estas reflexiones, C¨¢ndido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, ha recibido una nueva andanada: le acusan de inhibici¨®n y tibieza frente al mundo abertzale, de favorecer un escenario para la negociaci¨®n con ETA.

Ahora, por no haber exigido la prisi¨®n para todos los radicales de Batasuna citados por el juez Fernando Grande-Marlaska tras la ¨²ltima huelga general convocada en Euskadi. El Partido Popular da impulso pol¨ªtico a esas sospechas.

"S¨®lo en el supuesto de que ETA declare que abandona la violencia se podr¨ªa contemplar alg¨²n cambio de perspectiva"

"El mundo 'abertzale' debe tener claro que el instrumento Batasuna como tal es un instrumento vac¨ªo y contraproducente"

"Me preocupa que los fiscales de delitos econ¨®micos acaben en el sector privado"

"No nombrar¨ªa a un fiscal jefe en Catalu?a que no supiera hablar catal¨¢n"

"El sumario del 11-M se instruye con rigor y no ha habido manipulaci¨®n de pruebas"

Pregunta. ?El fiscal ten¨ªa que haber reclamado prisi¨®n incondicional para Juan Mar¨ªa Olano, Juan Jos¨¦ Petrikorena [ambos encarcelados esta semana], Rafael D¨ªez Usabiaga y Pernando Barrena [los dos en libertad con fianza]?

Respuesta. Que el juez instructor adopte una medida cautelar tan restrictiva como la prisi¨®n provisional cuando la acusaci¨®n p¨²blica no la ha solicitado me parece preocupante. Es cierto que cuenta con la cobertura formal de las acusaciones populares, pero tambi¨¦n que estas acusaciones, por su leg¨ªtima parcialidad, constituyen una cobertura muy endeble. Nuestro modelo procesal asegura la imparcialidad del instructor, que es el garante de los derechos fundamentales de los imputados, limitando su facultad omn¨ªmoda para decretar la prisi¨®n al principio acusatorio, y por ello es grave que prescinda de la posici¨®n del Ministerio P¨²blico.

P. En cambio, la ha pedido para Arnaldo Otegi...

R. La Fiscal¨ªa ha establecido una distinci¨®n entre el comportamiento de Otegi, que reproduce una postura expresada con anterioridad y el resto de los imputados. Sobre ¨¦stos, la Fiscal¨ªa estima dif¨ªcilmente acreditable en un juicio que la convocatoria de una huelga [la del pasado 9 de maro en el Pa¨ªs Vasco y Navarra] permita inferir una responsabilidad penal por inducci¨®n directa en relaci¨®n con los comportamientos de car¨¢cter violento que los huelguistas puedan realizar. En cualquier caso, no se justifica ese acto como de la gravedad suficiente como para determinar una medida de tanta entidad como la privaci¨®n de libertad. Con anterioridad a la huelga no se hab¨ªa solicitado la prisi¨®n incondicional para ninguna de esas personas y jur¨ªdicamente no se estima que se deba hacer ninguna modificaci¨®n.

P. En mayo del a?o pasado, la Fiscal¨ªa pidi¨® prisi¨®n incondicional para Arnaldo Otegi y el juez resolvi¨® libertad bajo fianza. Desde entonces, en el Pa¨ªs Vasco ha habido m¨²ltiples protestas apoyadas por Batasuna con incidentes, y sin embargo es ahora cuando la Fiscal¨ªa y el juez Grande-Marlaska van a apoyar el ingreso en prisi¨®n incondicional de Otegi. ?Por qu¨¦ no lo hicieron mucho antes?

R. Nosotros entonces s¨ª lo hicimos. La Fiscal¨ªa s¨ª pidi¨® en su momento la prisi¨®n incondicional. En este momento la Fiscal¨ªa viene procesalmente predeterminada a mantener el mismo criterio que ha mantenido a lo largo del proceso sobre el mismo hecho y por el mismo delito. En mayo, la Fiscal¨ªa estim¨® que lo procedente era la prisi¨®n incondicional. El juez acord¨® la fianza, pero el criterio de la Fiscal¨ªa sigue subsistente. Por tanto, si el juez pregunta a la Fiscal¨ªa, mantendr¨¢ el mismo criterio de entonces. Recientemente, con ocasi¨®n del congreso de Batasuna, a petici¨®n del fiscal, el juez renov¨® la suspensi¨®n absoluta de cualquier actividad pol¨ªtica de Batasuna y esa orden est¨¢ en este momento siendo vulnerada por un procesado. Continuar, de manera reiterada, estando en un primer plano de la direcci¨®n de una organizaci¨®n ilegalizada es lo que lleva al juez a considerar que la situaci¨®n de libertad bajo fianza est¨¢ siendo incumplida. Adem¨¢s, Otegi tiene seis causas pendientes, una condena por injurias al Rey pendiente de ejecuci¨®n, otra por apolog¨ªa del terrorismo, anulada por el Tribunal Supremo, pero que est¨¢ pendiente de repetirse el juicio, y cuatro en la Audiencia Nacional. Es decir, nos encontramos con una persona que tiene demasiadas deudas con la Justicia y las deudas acaban venciendo en un momento determinado.

P. ?En una ¨¦poca de tregua, esta actuaci¨®n ser¨ªa similar? ?Esa circunstancia la tienen en cuenta los fiscales?

R. Hay una decisi¨®n parlamentaria que yo creo que a todos nos debe ser relevante, precisamente por ser del Parlamento, que establece claramente que s¨®lo en el supuesto de que ETA declare que abandona la violencia, se podr¨ªa contemplar alg¨²n cambio de perspectiva. ETA no ha abandonado la violencia y por lo tanto el tiempo de la Justicia sigue funcionando de acuerdo con los par¨¢metros de siempre.

P. ?Si abandonase la violencia, los par¨¢metros de la Justicia cambiar¨ªan? ?En qu¨¦?

R. A m¨ª, como fiscal, ¨²nicamente me corresponde decir que la legalidad funciona de la misma forma o con el mismo rigor que ha funcionado siempre. Llevamos 305 condenas de terroristas de ETA en 2004 y 2005 y la Justicia sigue funcionando exactamente igual. Por tanto, yo no hago conjeturas sobre lo que podr¨ªa pasar. Lo ¨²nico que digo es lo que est¨¢ pasando y lo que est¨¢ pasando es que se aplica la ley con todo rigor y conforme al principio de legalidad.

P. ?Por lo que conoce, dir¨ªa usted que ETA se ha rearmado en los ¨²ltimos meses?

R. Yo creo que ETA est¨¢ en el momento m¨¢s bajo de su historia y eso son datos que como fiscal puedo tener. Eso es el fruto del trabajo de los jueces, los fiscales, de la polic¨ªa y tambi¨¦n de los Gobiernos, tanto del anterior como de ¨¦ste. Todos tienen el m¨¦rito de haber llevado a ETA a la situaci¨®n de la mayor debilidad desde que empez¨® a funcionar.

P. ?Cree usted que va a haber una tregua pr¨®ximamente?

R. No forma parte de mi negociado preocuparme por eso. Lo ¨²nico que quiero o¨ªr de ETA es que abandona definitivamente las armas, pero a m¨ª me corresponde s¨®lo hacer cumplir la ley.

P. ?Sigue creyendo posible la legalizaci¨®n de Batasuna en 2007?

R. No. Batasuna no existe legalmente y no veo ninguna posibilidad de que en un plazo medio pueda abandonar la situaci¨®n en que se encuentra. Porque existe la Ley de Partidos y sobre todo porque est¨¢ ilegalizada en el ¨¢mbito penal. Por tanto, la ilegalizaci¨®n es irreversible y adem¨¢s est¨¢ en este momento tambi¨¦n suspendida en el proceso de las herriko tabernas. Si pasamos a una situaci¨®n en la que desaparezca la violencia y deje de existir la amenaza de ETA, pueden surgir otras fuerzas pol¨ªticas legales en el ¨¢mbito de la izquierda abertzale. Pero yo creo que deben tener claro que el instrumento Batasuna, como tal, es un instrumento vac¨ªo y contraproducente.

P. El PP duda de su rectitud por no instar la ilegalizaci¨®n del Partido Comunista de las Tierras Vascas, al que vinculan directamente con ETA...

R. Yo creo que hasta los m¨¢s cr¨ªticos, si tuvieran la m¨¢s m¨ªnima honestidad intelectual, admitir¨ªan hoy que la decisi¨®n se ha demostrado como absolutamente razonable. El fiscal impugn¨® la candidatura de Aukera Guztiak, que era la v¨ªa fraudulenta que pretend¨ªa utilizar Batasuna, y result¨® bastante dif¨ªcil cumplir los requisitos del Tribunal Supremo y del Constitucional, pero obtuvimos dos sentencias favorables. El Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) es simplemente el refugio de los votos de la izquierda abertzale con la finalidad pol¨ªtica de galvanizar a su electorado y perjudicar al PNV. A posteriori se observa que las llamadas nekanes en el Pa¨ªs Vasco son pol¨ªticamente irrelevantes y Batasuna no act¨²a a trav¨¦s de este grupo. Todas las informaciones apocal¨ªpticas de que a trav¨¦s del PCTV Otegi estar¨ªa en el Parlamento vasco y que se utilizar¨ªa para actuar pol¨ªticamente se han demostrado falsas.

P. Usted dijo en el Congreso que respetaba la doctrina del Supremo sobre el caso Parot [que ampl¨ªa a 30 a?os el cumplimiento efectivo de penas para los etarras m¨¢s sanguinarios condenados con el C¨®digo Penal de 1973] y que iba a dirigir sus esfuerzos a aplicarla. ?Pero la comparte o est¨¢ m¨¢s cercano al sentir de los magistrados que firmaron el voto particular?

R. Es que como fiscal del Estado no debo valorar la sentencia, debo de cumplirla. En este caso, en la misma medida en que hubo opiniones discrepantes en la propia Sala Penal, no le corresponde al fiscal general m¨¢s que trasladar al conjunto de los fiscales la obligaci¨®n de adaptar sus dict¨¢menes al criterio de la mayor¨ªa. Y eso es lo que he hecho. He transmitido a la Secretar¨ªa T¨¦cnica la instrucci¨®n a todos los fiscales de que se haga el c¨®mputo de los beneficios penitenciaros de la forma establecida por la Sala Penal del Supremo. Y al mismo tiempo, si alg¨²n penado interesa fundadamente que se le aplique el nuevo C¨®digo de 1995 porque constitucionalmente le resulta m¨¢s favorable, pues que el Ministerio Fiscal no se oponga.

P. Las Audiencias no parecen tener un criterio claro sobre la aplicaci¨®n de esa doctrina. ?Va a ser el fiscal el que inste la revisi¨®n de las ejecutorias o cree que deben hacerlo los magistrados de oficio? ?Va a dar alguna instrucci¨®n a los fiscales en ese sentido?

R. La Fiscal¨ªa est¨¢ estudiando los efectos de la resoluci¨®n. Hay prevista una reuni¨®n plenaria de los fiscales de la Sala de lo Penal en la que se van a analizar esas cuestiones. Tambi¨¦n hay prevista una reuni¨®n de fiscales de vigilancia penitenciaria pero, de momento, la Fiscal¨ªa no puede anticipar los problemas que puedan surgir.

P. ?Apoya usted la modificaci¨®n que propone la Sala Penal del Supremo para que en la reforma legal que est¨¢ impulsando el Gobierno se contemple el recurso en inter¨¦s de ley ante el Supremo sobre cualquier delito?

R. Me parece interesante. No todos los delitos pueden acceder al Supremo con car¨¢cter generalizado, porque entonces el Supremo se colapsar¨ªa. Pero s¨ª es conveniente que exista una l¨ªnea doctrinal unificada sobre todos los tipos delictivos y por tanto, esta v¨ªa excepcional podr¨ªa constituir una soluci¨®n. En cualquier caso, se trata de una propuesta que va a ser objeto de estudio por el Ministerio de Justicia. A m¨ª me parece que podr¨ªa tener inter¨¦s.

P. ?Qu¨¦ le parece c¨®mo ha quedado el cap¨ªtulo del Poder Judicial en el Estatuto de Catalu?a? ?C¨®mo va a afectar a la Fiscal¨ªa?

R. Me satisface comprobar que la regulaci¨®n del Ministerio Fiscal en Catalu?a se remite en t¨¦rminos generales al Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal y que se va a respetar el principio de unidad de acci¨®n del ministerio p¨²blico. Creo que es un principio bueno para el ciudadano. Las modificaciones que se han realizado en la Comisi¨®n Constitucional van en la misma l¨ªnea que las que el criterio de la Fiscal¨ªa General del Estado.

P. ?Y con la lengua tambi¨¦n?

R. Con la lengua se ha establecido el criterio de m¨¦rito que nosotros ya hab¨ªamos introducido en una reforma reciente del reglamento de los fiscales sustitutos y que tambi¨¦n queremos que se introduzca en la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal previsto en el programa de Gobierno. Yo pertenezco a una comunidad aut¨®noma, Galicia, con lengua propia, y la pasada semana firm¨¦ con el presidente de esa comunidad, Emilio P¨¦rez Touri?o, un convenio de normalizaci¨®n de la lengua gallega en el Ministerio Fiscal, en el que ya se prev¨¦ la valoraci¨®n de la lengua como m¨¦rito. He tomado como consideraci¨®n la lengua como m¨¦rito para el nombramiento del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que domina el gallego, y tambi¨¦n para el nombramiento del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que tambi¨¦n domina el valenciano.

P. ?Nombrar¨ªa usted a un fiscal jefe en Catalu?a que no supiera catal¨¢n?

R. No. Creo que la representaci¨®n de una instituci¨®n tan relevante como el Ministerio Fiscal en Catalu?a no puede, en absoluto, prescindir de un instrumento de comunicaci¨®n b¨¢sico con los ciudadanos y con las fuerzas pol¨ªticas de Catalu?a como es el idioma propio de la comunidad. Y eso lo saben todos.

P. ?C¨®mo explica la lentitud de la Administraci¨®n de Justicia en la tramitaci¨®n de un caso de fraude fiscal y otros delitos que afecta al presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, con tres fiscales y seis jueces que han pasado ya por esa instrucci¨®n?

R. El funcionamiento de la investigaci¨®n en estos casos concretos requiere tiempo. La justicia no puede actuar de manera precipitada, no es bueno para nadie. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n realiza investigaciones muy exhaustivas que llevan un plazo de tiempo. En este caso, hemos tenido cambios de fiscales porque se han pasado al sector privado en funci¨®n de ofertas de despachos de abogados que han recibido. Pero eso no ha alterado el funcionamiento del procedimiento.

P. No le preocupa que fiscales especializados en delitos econ¨®micos acaben pas¨¢ndose al sector privado.

R. S¨ª.

P. ?Y no hay forma de evitarlo?

R. Todos los profesionales de la funci¨®n p¨²blica tienen abierta la posibilidad de pasar al sector privado. Pero, indudablemente, a la fiscal¨ªa s¨ª, s¨ª le preocupa.

P. El PP ha cuestionado la instrucci¨®n judicial del 11-M, llegando a dudar de alguna de las pruebas que han conducido a los autores del atentado. ?Qu¨¦ opina?

R. Como fiscal general, no me pronuncio. Quiero mantener respeto institucional hacia la oposici¨®n y hacia su l¨ªder. No entro a valorar sus manifestaciones. Lo que s¨ª puedo decir es que el sumario se est¨¢ llevando con el m¨¢ximo rigor, en una instrucci¨®n que en estos momentos se extiende por m¨¢s 80.000 folios, por una fiscal que vela por la pureza del procedimiento. Debemos tener confianza en que quien tiene que resolver este asunto, que es la Justicia, lo har¨¢ en su momento con toda claridad.

P. ?Tiene usted alguna duda respecto a la posible manipulaci¨®n de pruebas?

R. Absolutamente ninguna. Afortunadamente, vivimos en un Estado de derecho. La polic¨ªa funciona con profesionalidad, y funciona el Ministerio P¨²blico, que vela por la pureza del procedimiento. La manipulaci¨®n de pruebas es pr¨¢cticamente imposible.