Imputado el alcalde de Bustarviejo por autorizar 400 viviendas ilegales

El alcalde de Bustarviejo, el independiente Julio de Mateo Garc¨ªa, est¨¢ siendo investigado por la construcci¨®n de una urbanizaci¨®n de 400 chal¨¦s en las estribaciones del futuro Parque Nacional del Guadarrama, una zona altamente protegida. Ecologistas en Acci¨®n le denunci¨® por los delitos de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y abuso en el ejercicio de sus funciones, y ahora el Juzgado de Instrucci¨®n de Torrelaguna ha abierto diligencias previas.

El juez ha imputado a De Mateo al advertir en el caso "caracter¨ªsticas que hacen presumir la posible existencia de una posible infracci¨®n penal". El alcalde, seg¨²n la denuncia, autoriz¨® la construcci¨®n de las viviendas sin la preceptiva declaraci¨®n de impacto ambiental y renunci¨® a recuperar la propiedad de los terrenos para el Ayuntamiento, a pesar de que el retraso de las obras as¨ª se lo hubiera permitido. Ecologistas y CC OO, que apoya a varios agentes forestales que han denunciado el proyecto, acusan al Gobierno de la Comunidad de "permitir y alentar un urbanismo depredador que est¨¢ da?ando irreversiblemente la sierra".

Navalengua es una privilegiada terraza natural de unas 400 hect¨¢reas con imponentes vistas a la vertiente sur de la sierra. Apreciada por los monta?eros, tambi¨¦n es un suelo codiciado por los promotores urban¨ªsticos que ya han logrado dinamitar la zona, mover tierras y empezar la construcci¨®n de la urbanizaci¨®n.

La historia se remonta a los a?os sesenta, cuando una cooperativa de trabajadores compr¨® unos terrenos al Ayuntamiento para construir segundas residencias. "Cuando yo llegu¨¦ a la alcald¨ªa, en 1994, el proyecto se hab¨ªa convertido en un problema para el Ayuntamiento y los propietarios. Lo que yo he hecho ha sido intentar resolverlo", dice De Mateo.

Pendientes acusadas

En 1994, el Ayuntamiento comunic¨® al Gobierno regional su intenci¨®n de autorizar la construcci¨®n en los terrenos. La Comunidad, sin embargo, no consider¨® la decisi¨®n acertada por dos motivos. El primero era que la zona estaba ocupada por "afloramientos rocosos, crestas y pedrizas de granito y gneis, con pendientes acusadas, que la hacen inadecuada para desarrollos urban¨ªsticos". El segundo motivo era que la zona merec¨ªa ser considerada "suelo no urbanizable de especial protecci¨®n por su valor ecol¨®gico y paisaj¨ªstico".

Pero, a diferencia de ahora, en 1994 un informe medioambiental desfavorable no era vinculante, por lo que De Mateo sigui¨® adelante con sus planes. Un a?o m¨¢s tarde, en 1995, el Ayuntamiento modific¨® la normativa urban¨ªstica local para permitir la construcci¨®n de las viviendas.

Pese a los informes negativos de Medio Ambiente, el Gobierno regional acab¨® por autorizar la urbanizaci¨®n en 1996. La actuaci¨®n de la Comunidad fue en este punto contradictoria, porque la Comisi¨®n de Urbanismo permiti¨® a Bustarviejo seguir adelante con el proyecto incumpliendo las condiciones que la entonces Consejer¨ªa de Pol¨ªtica Territorial hab¨ªa impuesto, que era la realizaci¨®n de una nueva declaraci¨®n de impacto ambiental favorable.

Ecologistas en Acci¨®n considera que a partir de este punto "hay que dudar de la legalidad de todo el proceso, porque Ayuntamiento y Comunidad no han hecho cumplir la normativa y el alcalde, adem¨¢s, ha concedido licencias a sabiendas de que no cumpl¨ªa con lo establecido por la ley y los informes". De Mateo replica: "No hemos tomado ninguna decisi¨®n sin que Urbanismo, la autoridad competente, nos la autorizara".

El convenio firmado entre el Ayuntamiento y los propietarios establec¨ªa que, cuando estuviera completado el plan parcial de desarrollo urban¨ªstico de la zona, la cooperativa tendr¨ªa seis a?os y medio para construir las viviendas. Este plazo empez¨® a correr en marzo de 1999 y, en caso de no ser cumplido, la propiedad de los terrenos revert¨ªa al municipio. Poco despu¨¦s, la cooperativa vendi¨® los terrenos y los derechos de edificaci¨®n a una constructora, Urbapro, que no inici¨® las obras hasta 2004.

En esa fecha, sin embargo, dos cosas hab¨ªan ocurrido que, seg¨²n Ecologistas en Acci¨®n, hab¨ªan dejado la urbanizaci¨®n fuera de la ley. La primera era una sentencia del Tribunal Superior que en 2003 hab¨ªa declarado nulas las normas subsidiarias de 1995. Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo en agosto de 2005.

La segunda fue la inclusi¨®n en 2002 de Navalengua en el Plan de Ordenaci¨®n de los Recursos Naturales (PORN) del futuro Parque Nacional del Guadarrama. Esto hac¨ªa de nuevo obligatoria la realizaci¨®n de una declaraci¨®n de impacto ambiental. De Mateo trat¨® de sortear ese requisito solicitando que se consideraran los terrenos como urbanos, algo que le fue denegado en un informe preliminar.