La juez ordena realizar nuevas pruebas para aclarar la expulsi¨®n de inmigrantes
Mantiene la imputaci¨®n por prevaricaci¨®n contra el jefe de Extranjer¨ªa de Ir¨²n
La titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Ir¨²n ha ordenado la pr¨¢ctica de nuevas pruebas para esclarecer la posible responsabilidad penal de cuatro polic¨ªas destinados en la localidad fronteriza en la expulsi¨®n de varios inmigrantes sin comunicarlo a tiempo a sus abogados. A la espera del resultado de estas actuaciones, que incluyen la declaraci¨®n de tres letrados, la juez mantiene la imputaci¨®n por prevaricaci¨®n (dictar una resoluci¨®n injusta a sabiendas) contra el jefe de Extranjer¨ªa de la comisar¨ªa del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa de esa localidad, Abel Pizarro. Tambi¨¦n mantiene imputado a uno de sus subordinados y sigue adelante, por tanto, con el procedimiento para la apertura de juicio oral.
El procedimiento parte de la denuncia interpuesta en febrero de 2005 por los letrados del Turno de Extranjer¨ªa del Colegio de Abogados de Guip¨²zcoa contra Pizarro y "cualquier otro funcionario" que pudiese tener responsabilidad en la expulsi¨®n de seis inmigrantes en 2004 sin la preceptiva comunicaci¨®n a sus letrados.
A partir de esta denuncia, el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Ir¨²n cit¨® a declarar como imputados al jefe de Extranjer¨ªa en la localidad fronteriza, as¨ª como a tres subordinados suyos que trabajaban en el citado servicio. Los cuatro admitieron que su unidad hab¨ªa materializado la expulsi¨®n de algunos inmigrantes sin comunicarlo a tiempo a sus abogados, al entender que la normativa no les obliga a ello.
El pasado mes de febrero, tras las diligencias practicadas hasta esa fecha, la titular del juzgado irun¨¦s dict¨® un auto en el que se?alaba que exist¨ªan "indicios racionalmente suficientes" para imputar a Pizarro y a otro agente un delito de prevaricaci¨®n y, subsidiariamente, un delito contra los derechos fundamentales, por expulsar a la joven boliviana Gabriela Queteguari sin notificarlo debidamente a su letrado. La actuaci¨®n policial impidi¨® al abogado solicitar como medida cautelar la suspensi¨®n de dicha expulsi¨®n, por lo que la joven fue repatriada. S¨®lo entonces su defensor conoci¨® los hechos. Finalmente, Queteguari fue devuelta a Espa?a a costa del Estado por orden judicial.
La juez dict¨® un segundo auto en el que decret¨® el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra los otros dos subordinados de Pizarro, al considerar que no exist¨ªan indicios racionales de que hubiesen cometido una infracci¨®n penal.
Las decisiones judiciales derivaron en varios recursos ante el propio juzgado de Ir¨²n. La Fiscal¨ªa y la defensa de los imputados recurrieron el primer auto y pidieron el archivo de la causa, ya que insisten en que los polic¨ªas no han incurrido en responsabilidad penal alguna porque, seg¨²n ellos, no tienen obligaci¨®n de notificar las expulsiones de inmigrantes a sus letrados. En cualquier caso, la defensa sostiene que en algunos de los casos denunciados s¨ª se llam¨® a los abogados.
El Colegio de Abogados de Guip¨²zcoa tambi¨¦n apel¨® los pronunciamientos judiciales. Afirma que, adem¨¢s del caso de Gabriela Queteguari, hay finalmente otros tres expedientes de expulsi¨®n, correspondientes a dos mujeres y un hombre, en los que tambi¨¦n se pudo cometer prevaricaci¨®n y solicita que la imputaci¨®n se ampl¨ªe a los dos agentes cuya causa sobresey¨® el juzgado irun¨¦s el pasado mes de febrero.
Declaraci¨®n de letrados
La juez ha respondido ahora que, antes de tomar una decisi¨®n definitiva, resulta "esencial determinar si los extranjeros estaban o no asistidos por un letrado en el momento de su expulsi¨®n y si los agentes de la Polic¨ªa realizaron las llamadas pertinentes al Colegio [de Abogados] o al abogado de oficio para asegurarse de que as¨ª ocurr¨ªa".
Por ello, desestima los recursos de la Fiscal¨ªa y la defensa y, de momento, sigue adelante con las imputaciones contra Pizarro y uno de sus subordinados por la causa de Queteguari. Por el contrario, estima buena parte del recurso presentado por el Colegio de Abogados y acuerda nuevas pruebas. Para empezar, ordena que se tome declaraci¨®n a tres abogados del Turno de Extranjer¨ªa, quienes se supone que ten¨ªan que haber tenido conocimiento de la expulsi¨®n tanto de Queteguari como de otros dos inmigrantes.
Igualmente, y dado que la defensa se?ala que en algunos casos denunciados se ha llamado a los abogados de oficio antes de materializar la expulsi¨®n, la juez reclama a la comisar¨ªa del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa en Ir¨²n que facilite los justificantes que acrediten dichas llamadas a los letrados.
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