Espa?a justifica el cambio en la CNE en la necesidad de garantizar el suministro

El Gobierno contest¨® ayer, con una semana de retraso, al requerimiento de Bruselas para explicar la ampliaci¨®n de competencias de la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa (CNE) en plena guerra de ofertas por la el¨¦ctrica Endesa. El Gobierno justific¨® el refuerzo de la CNE con dos razones: la necesidad de garantizar el suministro energ¨¦tico y la cobertura de vac¨ªos legales en la legislaci¨®n interna. En la carta, enviada al d¨ªa siguiente de que el Congreso convalidara las reformas, el Gobierno recuerda que las grandes compa?¨ªas energ¨¦ticas de Francia, Italia y Portugal siguen siendo p¨²blicas.

En 12 folios, el Gobierno espa?ol trata de contrarrestar la idea de que la ampliaci¨®n de funciones de la CNE (de forma que ahora podr¨¢ examinar operaciones que antes se sal¨ªan de sus competencias) es un intento de evitar que el grupo alem¨¢n E.ON se haga con el control de la primera el¨¦ctrica del pa¨ªs, Endesa, previo pago de 29.100 millones de euros.

El argumento central de la carta es que el Estado espa?ol, uno de los que "ha cumplido m¨¢s diligentemente sus obligaciones de liberalizaci¨®n" est¨¢ obligado "a establecer medidas que garanticen que las tomas de participaciones en las empresas energ¨¦ticas no puedan suponer un peligro para la propia estabilidad financiera de la empresa, de forma que la garant¨ªa del suministro, o el mantenimiento de los activos estrat¨¦gicos puedan verse afectados".

Esa obligaci¨®n, recuerda Espa?a, se da en un contexto "en el que el proceso de liberalizaci¨®n no ha sido homog¨¦neo" en Europa. De tal forma que, frente al hecho de que en Espa?a el Estado s¨®lo mantiene una m¨ªnima participaci¨®n del 2,9% en Endesa, en pa¨ªses como Italia, Portugal y Francia, las grandes empresas del sector son todav¨ªa p¨²blicas.

Control

En Italia, especifica el Ejecutivo espa?ol, el Estado controla directa e indirectamente m¨¢s del 31% de la compa?¨ªa Enel y m¨¢s del 30% del grupo Eni; en Francia, la participaci¨®n p¨²blica en EDF es del 87,3% y del 80,2% en Gaz de France mientras que Portugal controla un 20,5% de EDP.

Esta circunstancia, destaca la misiva del Ejecutivo espa?ol "hacen innecesario plantearse los l¨ªmites de la libertad de circulaci¨®n de capitales", la piedra angular de la cr¨ªtica comunitaria a las medidas aprobadas por Espa?a. Y ello porque, esa libertad, desde el punto de vista espa?ol, y a la vista de c¨®mo se encuentra el mercado energ¨¦tico europeo "depende de una decisi¨®n dominical del Estado titular de las acciones".

Espa?a justifica tambi¨¦n la ampliaci¨®n de funciones de la CNE, que permitir¨¢ al ¨®rgano regulador analizar la oferta de E.ON, en la necesidad de cubrir un vac¨ªo legal. Hasta la probaci¨®n del Real Decreto de ampliaci¨®n, la CNE s¨®lo pod¨ªa autorizar o desautorizar operaciones planteadas por empresas con actividades reguladas en el mercado espa?ol (transporte y distribuci¨®n de energ¨ªa). Como se?al¨® gr¨¢ficamente el titular de Industria, Jos¨¦ Montilla el d¨ªa 24 de febrero pod¨ªa intervenir "si una el¨¦ctrica compra El Corte Ingl¨¦s, pero no si El Corte Ingl¨¦s compraba una el¨¦ctrica". Esa asimetr¨ªa, seg¨²n el Gobierno, es lo que se trata de corregir, con una reforma legal que "no introduce un nuevo sistema de autorizaci¨®n", sino que "se limita a ampliar su ¨¢mbito subjetivo".

Para no dejar ning¨²n cabo suelto, el Ejecutivo expone a las autoridades de Bruselas que la CNE forma parte de un sistema que funciona bien. Y como prueba da datos: el organismo ha intervenido hasta la fecha, en aplicaci¨®n de la Funci¨®n 14 que ahora se ampl¨ªa, en 220 expedientes. Seg¨²n el Gobierno, apenas ha habido recursos contra sus decisiones y en los casos recurridos, los tribunales han fallado a favor del organismo.

Precedentes

En un intento de cerrar todos los flancos ante el anunciado ataque de Bruselas a las reformas, Espa?a advierte tambi¨¦n de que no ha hecho nada inusual en lo referido a la protecci¨®n del inter¨¦s p¨²blico en el sector energ¨¦tico. As¨ª, detalla a la Comisi¨®n que B¨¦lgica, en varios decretos del a?o 1994, otorg¨® al Gobierno el poder de vetar cesiones, pignoraciones o cambios de destino de infraestructuras energ¨¦ticas cuando se considerara que afectaban a los intereses nacionales. Los decretos, recuerda Espa?a, fueron considerados adecuados por el Tribunal de Luxemburgo en una sentencia dictada el 4 de junio del a?o 2002.

Sobre las diferencias con Bruselas, el presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, asegur¨® ayer que la ampliaci¨®n de funciones de la CNE no puede ser criticada por Bruselas porque responde "en parte" a una trasposici¨®n de la directiva europea. Borrell, en declaraciones a Onda Cero, a?adi¨® que "el retraso con que se suelen hacer estas cosas ha hecho coincidir y dar la sensaci¨®n de que algunas de estas medidas se tomaban con la finalidad expresa de impedir algo".