Por una educaci¨®n p¨²blica, democr¨¢tica, laica y de calidad

Ante el tr¨¢mite final de la LOE, las personas que suscribimos este art¨ªculo queremos hacer p¨²blicas las principales razones por las que consideramos que esta ley contiene aspectos que perjudican claramente los intereses de la escuela p¨²blica como garante del derecho a la educaci¨®n de todas y todos en condiciones de igualdad, y que -de no corregirse en el tr¨¢mite parlamentario a¨²n pendiente- puede tener efectos perniciosos sobre su futuro.

Cuando en septiembre de 2002, en plena tramitaci¨®n parlamentaria de la LOCE, la Plataforma Estatal por la Escuela P¨²blica -sindicatos de profesorado y de estudiantes, asociaciones de madres y padres, y movimientos de renovaci¨®n pedag¨®gica, junto a PSOE e IU-, organiz¨® un masivo acto en Madrid, con la participaci¨®n de sus m¨¢ximos dirigentes -Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero incluido-, suscribimos un manifiesto conjunto que hoy merece la pena recordar y recuperar.

En la ley se cede nuevamente a los intereses de la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica

Se camina hacia la consolidaci¨®n de dos redes educativas con alumnado diferenciado

Reivindic¨¢bamos entonces que "las Administraciones educativas deben, ante todo, reforzar el papel de los centros p¨²blicos como red vertebradora de la oferta educativa y s¨®lo deben mantener conciertos con los centros privados que est¨¦n dispuestos a atender a todo el alumnado, sin ning¨²n tipo de discriminaci¨®n, a hacer efectivo el principio de gratuidad y a llevar a cabo una gesti¨®n transparente y controlable socialmente".

Frente a ello, la LOE -tras los acuerdos del PSOE con sectores de la ense?anza privada concertada- no s¨®lo ha renunciado a reconocer ese papel a la educaci¨®n p¨²blica, sino que ha reforzado los conciertos extendi¨¦ndolos a etapas no obligatorias, tal como hizo el PP. Por otro lado, la ley no impide la segregaci¨®n por raz¨®n de sexo en etapas o aulas sostenidas con fondos p¨²blicos -aunque no se discrimine por ello en la admisi¨®n al centro-; ni corta de ra¨ªz cualquier posibilidad de cobro a las familias por ense?anzas concertadas; ni somete a los centros privados concertados a los mismos requisitos de funcionamiento y control social; ni evita la competencia desleal de ¨¦stos con la red p¨²blica; ni asegura que la cesi¨®n de suelo p¨²blico sea para la creaci¨®n de centros p¨²blicos; ni siquiera se ha logrado que el despido improcedente del profesorado -a¨²n con sentencia firme- sea considerado como falta grave, lo que es sencillamente escandaloso.

Por primera vez en la historia de la educaci¨®n espa?ola se equipara por ley -en derechos, que no en obligaciones- a la red privada concertada con la p¨²blica. La LOE contempla que "el servicio p¨²blico de la educaci¨®n puede ser prestado por los poderes p¨²blicos y por la iniciativa social, como garant¨ªa de los derechos fundamentales de los ciudadanos"; el Estado hace as¨ª dejaci¨®n de una de sus obligaciones fundamentales contraviniendo el art¨ªculo 27.5 de la Constituci¨®n por el que "los poderes p¨²blicos garantizan el derecho de todos a la educaci¨®n". ?C¨®mo se pretende que la "iniciativa social", la ense?anza privada, garantice un derecho fundamental como es la educaci¨®n cuando, por su propia naturaleza, su objetivo es o ganar dinero o adoctrinar?

Por otro lado, se claudica ante la vieja exigencia de la derecha de equiparar el derecho de todos a la educaci¨®n con la "libre elecci¨®n de centro", supeditando a ello el deber de los poderes p¨²blicos de programar las plazas escolares. Se pretende presentar como iguales a las dos redes, p¨²blica y privada, que siguen siendo muy diferentes en cuanto a su origen, objetivos, gesti¨®n, admisi¨®n del alumnado o contrataci¨®n del profesorado, con el objeto de que la red privada concertada pueda recibir todo tipo de sobredotaci¨®n econ¨®mica y de personal, como se recoge en distintos apartados de la ley. Y todo ello en detrimento de los recursos para la escuela p¨²blica y para el ¨¢mbito rural en particular.

La ley no ha satisfecho ni de lejos las expectativas generadas. Por el contrario, las muchas concesiones hechas por el Gobierno a la patronal confesional de la ense?anza concertada nos permiten atribuirle lo que hace tres a?os dec¨ªa el manifiesto antes citado: "Se camina hacia la consolidaci¨®n de dos redes de centros educativos con un alumnado claramente diferenciado. Una, la formada por los centros de titularidad p¨²blica, condenados en la pr¨¢ctica a convertirse en una red asistencial dirigida a los sectores m¨¢s desfavorecidos de la poblaci¨®n, y, otra, la integrada por los centros privados concertados cuyo peso e influencia ser¨¢ cada vez mayor".

Hay otros aspectos que hace tres a?os tambi¨¦n se consideraban cruciales por todas las fuerzas progresistas, incluido el PSOE. La participaci¨®n democr¨¢tica en la gesti¨®n de los centros es uno de ellos. Se dec¨ªa entonces y reiteramos ahora que los consejos escolares, m¨¢ximos ¨®rganos de representaci¨®n de la comunidad educativa, deben tener la funci¨®n de ejercer el control social en la gesti¨®n de los centros. Pues bien, la LOE ni potencia el papel de los consejos escolares (se les resta competencias muy importantes con respecto a la LODE) ni ha recuperado la elecci¨®n democr¨¢tica de los equipos directivos.

Menci¨®n especial merece lo que dec¨ªa el manifiesto sobre los recursos necesarios para mejorar la calidad del sistema educativo: "Es imprescindible la aprobaci¨®n de una ley de financiaci¨®n extraordinaria que garantice la aplicaci¨®n de una aut¨¦ntica ley de calidad en todas las comunidades aut¨®nomas. Es necesario invertir m¨¢s en educaci¨®n p¨²blica y alcanzar la media de los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea". La LOE ha incluido finalmente un t¨ªtulo de financiaci¨®n, con el compromiso (?a 10 a?os!) de equiparar nuestro gasto educativo a la media europea, pero no se aborda la compensaci¨®n interterritorial, cuesti¨®n que resulta clave para que haya un sistema compensador que trate en igualdad a todo el alumnado, independientemente de su origen social y territorial.

En cuanto a la ense?anza de la religi¨®n, lejos de solucionar la problem¨¢tica actual de una manera coherente con nuestros valores constitucionales, como vienen demandando amplios sectores de la sociedad espa?ola, se cede nuevamente a los intereses de la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica y se retrocede al vincular, por primera vez en democracia, una ley org¨¢nica a unos acuerdos con la Santa Sede claramente contradictorios con nuestra Constituci¨®n (Cap¨ªtulo 3, del T¨ªtulo III), lo que resulta, sencillamente, inadmisible.

La LOE, pues, nos aleja a¨²n m¨¢s del modelo de escuela laica que corresponde a un Estado aconfesional, manteniendo el adoctrinamiento en las aulas, generando con ello segregaci¨®n entre el alumnado en funci¨®n de las creencias o convicciones morales de sus familias, y financiando con el dinero p¨²blico escuelas confesionales que est¨¢n transmitiendo a su alumnado, a trav¨¦s de la ense?anza religiosa, contravalores ajenos a nuestra propia legislaci¨®n, a los fines de la educaci¨®n, a la convivencia en igualdad y a la propia raz¨®n, como son el sexismo, la homofobia, el fundamentalismo, la interpretaci¨®n sesgada de los derechos civiles, las relaciones humanas, el origen de la vida y la concepci¨®n de la muerte, la prevalencia de la fe sobre la raz¨®n, el cuestionamiento de avances cient¨ªficos que son positivos para la salud y el conocimiento...

Consideramos que ante estas deficiencias y retrocesos, las organizaciones y colectivos progresistas del ¨¢mbito educativo tienen la obligaci¨®n de plantear al Gobierno y a los partidos pol¨ªticos, durante lo que resta del tr¨¢mite parlamentario de la LOE, la necesidad de abordar las cuestiones de fondo, expuestas en este escrito. Y exigir su rectificaci¨®n.

Animamos, pues, a todas las personas y organizaciones que se movilizaron contra la LOCE a sumarse a esta iniciativa y a movilizarse conjuntamente, como vienen haciendo algunas de ellas en los ¨²ltimos meses, en defensa de una educaci¨®n p¨²blica y laica de calidad, en condiciones de igualdad, y con financiaci¨®n suficiente.

* Firman este art¨ªculo Loles Dolz (coordinadora del ?rea Federal de Educaci¨®n de IU), Augusto Serrano (Secretariado Confederal de STES), Gin¨¦s Mart¨ªnez (vicepresidente de la Confederaci¨®n laica de Padres de Alumnos, CEAPA), Maite Pina y Eulalia Vaquero (ex presidentas de CEAPA), Juan F. Gonz¨¢lez Bar¨®n (presidente de Europa Laica), Francisco Delgado y Beatriz Quir¨®s (miembros del Consejo Escolar del Estado), Agust¨ªn Moreno (Comisi¨®n Ejecutiva Confederal de CC OO), Julio Rogero (Movimientos de Renovaci¨®n Pedag¨®gica), Jaume Mart¨ªnez Bonaf¨¦, Xose M. Souto Gonz¨¢lez y Fernando Ballenilla (profesores universitarios).