Cuenta y raz¨®n de un alto el fuego

El anuncio del alto el fuego escenificado a su modo por ETA, el pasado mi¨¦rcoles 22, provoca algunas reflexiones:

Primera. Este alto el fuego no es el resultado de una evoluci¨®n interna del pensamiento pol¨ªtico y del posicionamiento estrat¨¦gico de la organizaci¨®n terrorista, sino el fruto obligado de la confluencia simult¨¢nea y sostenida de tres factores externos. A saber:

1. La imposibilidad material de conseguir, siquiera sea aproximadamente, los objetivos de la organizaci¨®n terrorista. Ni el logro de la independencia de Euskadi ni -mucho menos- la implantaci¨®n de un Estado socialista est¨¢n al alcance de ETA por los medios que utiliza, que no son de recibo en el contexto en que se desenvuelve su acci¨®n violenta. Lo que no puede ser no puede ser y, adem¨¢s, es imposible.

2. La represi¨®n policial y judicial, acentuada por la en¨¦rgica pol¨ªtica del Partido Popular (Pacto Antiterrorista y Ley de Partidos). Debe reconocerse el ¨¦xito de esta acci¨®n, pese a las reservas que se hayan podido oponer a la Ley de Partidos.

3. La trivializaci¨®n comparativa del nivel de la violencia etarra. As¨ª, y aunque sea terrible entrar en este tipo de ponderaciones, ?qu¨¦ significa, desde el punto de vista de su repercusi¨®n medi¨¢tica y de su incidencia pol¨ªtica, el asesinato de una o varias personas, frente a acciones de una dimensi¨®n enorme como la del 11 de septiembre o la del 11 de marzo?

Segunda. El alto el fuego proclamado por ETA ha de tener una respuesta clara y definida por parte del Gobierno, entre otras razones porque el propio alto el fuego se inserta en un largo proceso de encuentros y conversaciones previos, en los que ambas partes han puesto sobre la mesa algunas de sus cartas. Hay tres coordenadas que marcan el terreno en el que debe desenvolverse la respuesta del Gobierno: no se puede pagar un precio pol¨ªtico por la paz, no se puede suspender en ning¨²n punto la vigencia del ordenamiento jur¨ªdico y no se puede menoscabar en ning¨²n caso la dignidad de las v¨ªctimas.

Sobre esta base, parece claro que la negociaci¨®n entre el Gobierno y ETA s¨®lo admite un acuerdo en el que el cese definitivo de la violencia y la entrega de las armas por parte de ETA tenga como contrapartida otorgada por el Gobierno la legalizaci¨®n de Batasuna, as¨ª como distintas medidas de gracia para los presos de ETA, primando a aquellos que no tengan las manos manchadas de sangre. Este acuerdo deber¨¢ insertarse dentro del marco definido por las normas jur¨ªdicas positivas, interpretadas -eso s¨ª- de acuerdo con "la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al esp¨ªritu y a la finalidad de aqu¨¦llas", tal y como dispone -con car¨¢cter general y dentro de la mejor tradici¨®n jur¨ªdica europea- el art¨ªculo 3, p¨¢rrafo 1?, del vigente C¨®digo Civil.

Ahora bien, es cierto que son muchas las voces que se alzan en el sentido de que -adem¨¢s y al lado de esta "mesa sobre armas y presos"- se habr¨ªa de constituir otra mesa -"mesa pol¨ªtica" la llaman- en la que todos los partidos debatir¨ªan el futuro pol¨ªtico de Euskadi. Lo que ser¨ªa, en principio, razonable, si no se alzasen de inmediato dos reservas:

1. Esta "mesa pol¨ªtica" no puede partir de cero, como si de una instancia constituyente se tratase. Un Estado es, en esencia, un sistema jur¨ªdico, es decir, un plan vinculante de convivencia en la justicia articulado sobre la base del ¨²nico principio ¨¦tico de validez universal no metaf¨ªsico, a saber, que el inter¨¦s general de todos los ciudadanos ha de prevalecer sobre el particular de un grupo. Un Estado ha de respetar sus leyes por ser ¨¦stas la expresi¨®n de su propio ser, por lo que, si las incumple, se niega a s¨ª mismo. De ah¨ª que esta "mesa", de llegar a constituirse, deber¨ªa partir de las normas existentes y proceder de acuerdo con ellas. Lo que nos lleva a la otra reserva anunciada.

2. Si ha de fundarse en la legalidad vigente y debe actuar conforme a sus preceptos, ?qu¨¦ falta hace crear una nueva instancia, aunque sea tan aparentemente inocua como una "mesa", cuando tenemos las instituciones propias del sistema democr¨¢tico por el que se rige nuestra convivencia? Tal "mesa" ser¨ªa, por tanto, innecesaria por redundante; pero es que, adem¨¢s, su sola creaci¨®n supondr¨ªa una deslegitimaci¨®n impl¨ªcita de las instituciones democr¨¢ticas, al generar como m¨ªnimo la imagen de que se parte desde cero y, lo que es peor, de que este debate pol¨ªtico en una sede "nueva" es consecuencia directa del alto el fuego y, por consiguiente, efecto indirecto de la presi¨®n que ETA ejerci¨® con la fuerza de las armas. Esto no lo puede admitir ning¨²n Estado merecedor de tal nombre.

Ahora bien, esta remisi¨®n al funcionamiento normal de las instituciones del sistema democr¨¢tico no debe propugnarse con la finalidad oblicua de cerrar el paso a la toma en consideraci¨®n del derecho a la autodeterminaci¨®n que reivindica un sector de los nacionalistas vascos, del mismo modo como -a no tardar- lo reivindicar¨¢ tambi¨¦n una parte de los nacionalistas catalanes. Antes o despu¨¦s -y tambi¨¦n desde el punto de vista exclusivo de los intereses generales de Espa?a- habr¨¢ que superar el tab¨² de la secesi¨®n de Euskadi y Catalu?a, por tratarse en esencia de un problema interno de ambas comunidades. Pues, en efecto, son ellas las que han de aclarar -de una vez por todas- qu¨¦ es lo que de verdad les conviene y, en consecuencia, quieren: su independencia o su integraci¨®n en un Estado federal espa?ol. En el bien entendido de que las reglas de este Estado federal han de ser definidas por todos los espa?oles, no por catalanes y vascos bilateralmente con el Estado, bajo la presi¨®n de una amenaza de secesi¨®n.

Nada hay, en pol¨ªtica, que sea dogma ni que tenga el car¨¢cter de permanente e inalterable, pero la claridad y la estabilidad de las estructuras jur¨ªdicas constituyen un doble requisito b¨¢sico de su eficacia. No podemos permitirnos el lujo de jugar con la ambig¨¹edad de las palabras, ni de instalarnos en un permanente tejer y destejer. La superaci¨®n del tab¨² de la secesi¨®n obligar¨¢ a la asunci¨®n de sus responsabilidades por todos aquellos que en la actualidad las eluden, al ponerlos ante una disyuntiva que afecta de manera radical y directa a sus intereses. Empresarios -que tanto y tan cuitadamente callan-, sindicalistas -tambi¨¦n cuidadosa e interesadamente silentes-, profesionales y obreros -opacos hasta el extremo- han de hablar de una vez. La pol¨ªtica es algo demasiado serio para dejarla exclusivamente en manos de los pol¨ªticos: unos pol¨ªticos sin cuarteles de invierno que muchas veces est¨¢n defendiendo s¨®lo lo suyo. Cualquiera de las dos salidas apuntadas -secesi¨®n o integraci¨®n en un Estado federal- ser¨¢ mejor que permanecer en una prolongada situaci¨®n de indefinici¨®n e incerteza, en la que se emponzo?an los sentimientos, se radicalizan las posturas y se deja el campo abierto a los desaprensivos, los mediocres y los aprovechados de toda laya. Antes o despu¨¦s habr¨¢ que llamar a las cosas por su nombre y superar el tab¨² de la secesi¨®n, tanto de Euskadi como de Catalu?a. Se est¨¢ aproximando, lenta pero inexorablemente, el momento de la verdad.

Juan-Jos¨¦ L¨®pez Burniol es notario.