El anteproyecto de la nueva ley de servicios sociales no fija un n¨²mero m¨ªnimo de inspectores

El anteproyecto de la nueva ley de servicios sociales que prepara la Consejer¨ªa de Bienestar Social al que ha tenido acceso este diario evita fijar un n¨²mero m¨ªnimo de inspectores. La anterior ley, elaborada por el PP en 1997, estableci¨® una relaci¨®n de un inspector por cada 250.000 habitantes, por lo que deber¨ªa haber 18 pese a que la plantilla actual es s¨®lo de ocho. Fuentes de Bienestar Social sostienen que se trata s¨®lo de un documento de trabajo y que no piensan reducir la inspecci¨®n "sino todo lo contrario". La falta de peso de este servicio ha sido criticado desde la oposici¨®n tras la muerte de cinco personas en el incendio de la residencia de Massamagrell, que no recib¨ªa una visita de este servicio desde 2004.

Hay ocho supervisores pero el aumento de la poblaci¨®n hace que hagan falta otros diez

El borrador del anteproyecto se ha repartido a lo largo de los ¨²ltimos d¨ªas entre las distintas direcciones generales de la Consejer¨ªa de Bienestar Social para que aporten las enmiendas que consideren ya que, al tratarse de una ley tan general, abarca la pr¨¢ctica totalidad de los departamentos. Fuentes oficiales de la consejer¨ªa quitaron valor a este documento. "No existe ninguna decisi¨®n tomada al respecto", indicaron desde el departamento que dirige Alicia de Miguel. ?nicamente indicaron que es un "documento de trabajo de la consejer¨ªa" y que "no se va a consentir" que descienda el peso de la funci¨®n inspectora con la nueva normativa.

La falta de inspectores es un problema que Bienestar Social arrastra desde la aprobaci¨®n de la ley de Servicios Sociales de 1997, e incluso antes. El S¨ªndic de Greuges advirti¨® en un informe de 1996 de la necesidad de "intensificar la actividad inspectora" para "garantizar la calidad exigida en la prestaci¨®n de la asistencia residencial". La falta de personal provocaba el archivo de la mayor¨ªa de quejas sobre centros que formulaban los usuarios. Un a?o m¨¢s tarde, la Administraci¨®n popular dirigida entonces por Eduardo Zaplana elabor¨® una ley de Servicios Sociales que regul¨® la funci¨®n inspectora. La ley 5/1997 por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ¨¢mbito de la Comunidad Valenciana atribuy¨® a los inspectores las competencias de "velar por el respeto de los derechos de los usuarios" y "controlar el cumplimiento de los niveles de calidad de los servicios". Para ello, la disposici¨®n adicional segunda recog¨ªa que el servicio de inspecci¨®n deb¨ªa incrementarse hasta alcanzar la relaci¨®n de un inspector por cada 250.000 habitantes.

Cifra congelada

Entonces, con una poblaci¨®n de cuatro millones de habitantes, la plantilla deb¨ªa alcanzar los 16 funcionarios a pesar de que s¨®lo hab¨ªa seis. Esta cifra se ha mantenido congelada durante las gestiones de Marcela Mir¨® (1997-1999), Carmen Mas (1999-2000) y Rafael Blasco (2000-2003) frente a la consejer¨ªa que ahora dirige Alicia de Miguel. Y la denuncia de la falta de cumplimiento de la ley ha sido una constante, especialmente tras sucesos como los ocurridos la semana pasada en Massamagrell con la muerte de cinco internos en un centro de mayores que albergaba a enfermos mentales. En 1999 fue el descubrimiento de 25 fallecimientos en un a?o en una residencia ilegal para mayores en Formentera de Segura. Entonces, en plena crisis pol¨ªtica, la consejera Carmen Mas se comprometi¨® a reforzar la inspecci¨®n. Sin embargo, un a?o m¨¢s tarde, con Blasco al frente de los servicios sociales, la cifra incluso se redujo. S¨®lo cuatro funcionarios controlaban los m¨¢s de 300 centros sociales p¨²blicos y privados existentes. Los otros dos se dedicaban ¨²nicamente a labores administrativas.

Ahora, tras la muerte de cinco internos de la residencia de San Lorenzo de Brindis la semana pasada, ha vuelto a salir a la luz la falta de inspectores. Se han incrementado a ocho, pero el aumento de la poblaci¨®n valenciana, que ya alcanza los 4,5 millones, hace que falten otros diez.

Aunque quiz¨¢s le quede poco tiempo a esta exigencia, si se mantiene el articulado elaborado por Bienestar Social del borrador del anteproyecto de la Ley de Ordenaci¨®n y Promoci¨®n del Modelo Social de la Comunidad Valenciana, la norma que sustituir¨¢ la ley de 1997. El texto dedica el t¨ªtulo VII a la seguridad y control de las prestaciones sociales, donde incluye la inspecci¨®n. El art¨ªculo 150 remite a "la actuaci¨®n inspectora" la "vigilancia, control, comprobaci¨®n y orientaci¨®n" del cumplimiento de la normativa de servicios sociales. Sin embargo, evita fijar un n¨²mero determinado de inspectores. Respecto al personal inspector, se?ala que la consejer¨ªa "acreditar¨¢ al personal inspector" e indica que "el n¨²mero de inspectores tendr¨¢ que ser suficiente para el desempe?o de los objetivos de la ley", sin entrar en m¨¢s detalle de su n¨²mero m¨ªnimo.

De forma paralela, la nueva ley dedica un art¨ªculo a los "sistemas de evaluaci¨®n externa y autocontrol". En ¨¦l, se establece que la consejer¨ªa "fomentar¨¢ la evaluaci¨®n externa y peri¨®dica de la calidad y seguridad de la atenci¨®n social en los diferentes centros y servicios sociales mediante auditor¨ªas por parte de instituciones p¨²blicas o empresas privadas especializadas que garanticen una evaluaci¨®n independiente". Adem¨¢s, la norma indica que se "potenciar¨¢n los sistemas de autocontrol".