La represi¨®n preventiva

Punir les pauvres es el t¨ªtulo de un libro reciente del investigador de origen franc¨¦s de la Universidad de California-Berkeley Lo?c Wacquant. Su an¨¢lisis emp¨ªrico demuestra la inoperancia de la pol¨ªtica penalizadora made in USA (pero de uso creciente en Europa) aplicada sistem¨¢ticamente contra todos los colectivos sociales susceptibles de tener comportamientos desordenados en la ciudad, o simplemente cuya presencia en el espacio p¨²blico suscita temores o desagrada al ciudadano instalado y a la autoridad competente. Wacquant establece una correlaci¨®n pertinente entre las pol¨ªticas econ¨®micas y sociales de matriz neoliberal que generan excluidos, precarios y desesperanzados y las tensiones que se manifiestan en el espacio p¨²blico. La respuesta, previa e indiscriminada, penalizadora es ineficaz. Las estad¨ªsticas muestran que ni hab¨ªa m¨¢s delitos cuando se inici¨® la represi¨®n preventiva, ni se han reducido significativamente cuando llevan a?os aplic¨¢ndose. Es una pol¨ªtica cuyos principales efectos son perversos, aumenta los miedos y la violencia en la sociedad, culpabiliza y sanciona a los sectores m¨¢s vulnerables y acelera un proceso represor en los aparatos del Estado. Peor a¨²n cuando la represi¨®n preventiva se aplica no ya a futuros delincuentes, sino a castigar a pobres, marginales, prostitutas y j¨®venes molestos.

Un ejemplo tan lamentable como paradigm¨¢tico es la llamada ordenanza del civismo vigente en Barcelona desde los inicios de este a?o. Una verdadera pieza de antolog¨ªa que no se justifica a posteriori por incidentes como los de la noche del botell¨®n, puesto que la violencia en el espacio p¨²blico est¨¢ suficientemente prohibida y penalizada en el ordenamiento jur¨ªdico, y en todo caso cabe preguntarse si la ordenanza del civismo, que pretende sancionar conductas dispares y en la mayor¨ªa de los casos no violentas, no meten en el mismo saco a una mayor¨ªa m¨¢s o menos ruidosa con la que se puede pactar previamente y a una minor¨ªa violenta y facistoide que no merece excusa alguna.

La ordenanza del civismo se inicia con una exposici¨®n de motivos y unos primeros art¨ªculos de lenguaje angelical, ret¨®rico, contra las discriminaciones, el racismo y el sexismo y afirma que "incorpora los criterios orientadores de la Carta de los derechos humanos en la ciudad" (art¨ªculo 2). Pero ha sido precisamente el Instituto Catal¨¢n de Derechos Humanos, promotor de la citada Carta, una de las primeras entidades ciudadanas que ha denunciado la ordenanza, junto con la Federaci¨®n de Asociaciones de Vecinos, la Comisi¨®n de Defensa de la Persona del Colegio de Abogados, SOS Racismo, etc¨¦tera. Ya se sabe: excusatio non petita, acusatio manifesta.

El conjunto del articulado es expl¨ªcito, el objetivo es la represi¨®n de comportamientos en el espacio p¨²blico. "Prever las normas de conducta en cada caso y sancionar aqu¨¦llas que puedan perturbar, lesionar o deteriorar tanto la convivencia como los bienes que se encuentran en el espacio p¨²blico". A la reprobaci¨®n gen¨¦rica de las discriminaciones y del racismo (cuatro art¨ªculos) sigue un cat¨¢logo amalgam¨¢tico de conductas perseguibles y de las sanciones correspondientes (54 art¨ªculos), que si no fuera por lo que significan de estigmatizaci¨®n de colectivos sociales enteros (j¨®venes, mendigos, prostitutas, inmigrantes, etc¨¦tera) y propician la arbitrariedad y la desproporcionalidad de los castigos, provocar¨ªan la risa. La amalgama incluye a los que juegan, patinan o beben en la v¨ªa p¨²blica, los que duermen en la calle, los que orinan, los que piden limosna, los grafiteros, los que colocan pancartas, los que deterioran el mobiliario o la buena imagen de la urbe. Se perseguir¨¢ la prostituci¨®n y la venta ambulante, tanto a los que la ofrecen como a los que la compran. Las sanciones son tan desproporcionadas que no se sabe si considerarlas injustas o rid¨ªculas: la mendicidad, los top manta, los limpiaparabrisas y la "oferta o demanda de servicios sexuales" puede ser multada con 750 euros y en algunos caso con 1.500 euros, y los acr¨®batas del pat¨ªn y los grafiteros hasta 3.000 euros, as¨ª como los actos racistas o sexistas (?que, por cierto, no se precisan!).

No es dif¨ªcil encontrar una l¨®gica en el caos formal de la dichosa ordenanza: la persecuci¨®n de lo que perturba una visi¨®n idealizada del orden, del "modelo de sociedad barcelonesa" como se proclama textualmente. Para lamentar que no vivamos ya en una "sociedad tradicional ni homog¨¦nea", como si alguna vez lo hubiera sido. A partir de este supuesto se desarrollan dos l¨®gicas perversas.

Se vinculan los comportamientos m¨¢s o menos perturbadores o agresivos al estereotipo aplicado a determinados colectivos sociales. La misma conducta podr¨¢ ser evaluada de forma distinta seg¨²n la apariencia o la interpretaci¨®n que haga el agente de la autoridad respecto al individuo. Y se agrava mediante el est¨ªmulo a la delaci¨®n, entendida como un acto de civismo (a lo que se dedican seis art¨ªculos). En el caso de los inmigrantes se promete que el Ayuntamiento ?ayudar¨¢ a "regularizar" la situaci¨®n legal de los denunciantes! (art¨ªculo 81). En general, la ordenanza se refiere a colectivos sociales vulnerables, afectados por distintas formas de exclusi¨®n, precarizaci¨®n o faltos de perspectivas.

La otra l¨®gica perversa es la pretensi¨®n de borrar aquello que no se quiere ver, la perturbaci¨®n es subjetiva, es el punto de vista del poder y de los que no gustan de contemplar los efectos de unas pol¨ªticas p¨²blicas y privadas que generan tambi¨¦n miseria y marginaci¨®n. Hay que "preservar a los usuarios de las v¨ªas p¨²blicas de la inmersi¨®n obligada en un contexto visual...". Este curioso derecho ciudadano, el derecho a no ver, incluye la extensa y heterog¨¦nea lista de conductas "inc¨ªvicas" citada. No se soporta la visi¨®n de mendigos, prostitutas o top manta, en vez de asumirla como un problema real de nuestro sistema social, pero se acepta la contaminaci¨®n visual o ac¨²stica por la publicidad o los privilegios en la ocupaci¨®n del espacio de las autoridades. Al dar adem¨¢s un fundamento jur¨ªdico espec¨ªfico a la protecci¨®n del bien "espacio p¨²blico" se hace posible sumar la sanci¨®n municipal a la posible sanci¨®n penal. Se ataca a los "no visibles" desde todos los frentes.

Las entidades antes citadas y algunas decenas m¨¢s han denunciado la ordenanza y han presentado un recurso contencioso-administrativo, avalado por prestigiosos juristas, para su suspensi¨®n cautelar. Una minor¨ªa del gobierno municipal vot¨® contra el mismo, especialmente por el desacuerdo con los art¨ªculos destinados a la mendicidad y a la prostituci¨®n. Son hechos significativos, interesantes y que se?alan evidentes debilidades pol¨ªticas y t¨¦cnicas de la ordenanza. Por nuestra parte nos interesa m¨¢s, en este art¨ªculo, enfatizar su significado general.

Nos encontramos ante un ejemplo de pol¨ªtica p¨²blica que responde a los des¨®rdenes de la organizaci¨®n econ¨®mica y pol¨ªtica globales atacando a los des¨®rdenes locales que expresan los colectivos sociales v¨ªctimas de los mismos, sin proponer ni acciones respecto de las causas globales ni medidas atenuadoras sobre sus consecuencias locales. Se sabe ya que esta represi¨®n preventiva no tiene otro efecto que el de aumentar la poblaci¨®n perseguida y sancionada, que no resuelve nada de lo que pretende resolver, pero tranquiliza al electorado, su lado m¨¢s conservador y temeroso de que se cuestione su bienestar. Una pol¨ªtica que hoy practican gobiernos a priori "progresistas". Se colocan en el terreno del adversario, lo cual nunca da buenos resultados. Y menos a¨²n si se hace mediante pr¨¢cticas inc¨ªvicas que conculcan los valores y los derechos que se atribuyen al civismo.

Jordi Borja es ge¨®grafo urbanista y Mercedes Garc¨ªa Ar¨¢n es penalista.