Los jueces censuran a la Generalitat por no tramitar los papeles para menores migrantes

La justicia censura la actuaci¨®n de las administraciones por sus carencias en la gesti¨®n de los permisos de residencia a menores migrantes en Catalu?a. Una decena de sentencias dictadas en el ¨²ltimo a?o, a las que ha accedido EL PA?S, ponen especialmente en evidencia a la Direcci¨®n General de Atenci¨®n a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat por su supuesta inacci¨®n a la hora de tramitar los papeles para los menores bajo su tutela. Las resoluciones revelan tambi¨¦n errores de la Subdelegaci¨®n del Gobierno en Barcelona y de la Oficina de Extranjer¨ªa en la resoluci¨®n de los expedientes.

La Ley de Extranjer¨ªa prev¨¦ conceder la autorizaci¨®n para residir en Espa?a a los menores no acompa?ados que, llegados de otros pa¨ªses, se encuentran en situaci¨®n de desamparo y pasan a ser protegidos por una administraci¨®n p¨²blica. Como Omar C., un joven gambiano a quien la DGAIA, que ten¨ªa su tutela, no tramit¨® los papeles. Lo hizo, un mes antes de que el joven alcanzara la mayor¨ªa de edad, el abogado Albert Par¨¦s, de la asociaci¨®n Noves Vies. La Subdelegaci¨®n del Gobierno en Barcelona rechaz¨® la solicitud, pero el abogado recurri¨® y, como ha ocurrido en otras ocasiones, el juzgado le ha dado la raz¨®n.

La sentencia dictada por la titular del Juzgado Contencioso-Administrativo 13 de Barcelona, Mar¨ªa Lourdes Chasan, reconoce a Omar la residencia legal. Y carga contra la Generalitat: ¡°Se desconoce por qu¨¦ la DGAIA no cumpli¨® con las obligaciones que le incumb¨ªan con el fin de regularizarle cuando a¨²n era menor de edad¡±. Omar, que tiene ahora 19 a?os, vive en Matar¨® (Barcelona), trabaja y colabora con una fundaci¨®n. Para ¨¦l y para j¨®venes en su situaci¨®n, obtener ese permiso inicial es fundamental para encarrilar sus vidas y optar, con m¨¢s facilidades, a una futura renovaci¨®n.

A Balla J., la Subdelegaci¨®n del Gobierno tambi¨¦n le tumb¨® la solicitud del permiso de residencia por no haber presentado la documentaci¨®n que acreditara su arraigo. El fondo del asunto no se ha resuelto a¨²n, pero la titular del Juzgado Contencioso-Administrativo 5 de Barcelona, Montserrat Raga, acaba de acordar, como medida cautelar, ¡°la concesi¨®n de la autorizaci¨®n durante el tiempo legalmente establecido¡±. En su resoluci¨®n, la jueza recuerda que el afectado no dispuso de las pruebas ¡°por la actuaci¨®n hecha por los poderes p¨²blicos que ostentaban su tutela¡±, o sea la DGAIA. Raga remarca que, para un menor de edad, no contar con la debida regularizaci¨®n supone ¡°un perjuicio evidentemente muy grave¡±.

¡°La DGAIA incurre una dejadez de funciones para la que no tiene excusa. Quiz¨¢s tenga que ver con la creencia de que algunos tutelados puedan ser mayores de edad. Pero es el propio organismo el que los mantiene tutelados y la ley es clara al respecto¡±, razona Par¨¦s, que defiende a muchos de estos chicos. En una l¨ªnea similar se expresa un juez de Barcelona que conoce a fondo el asunto: ¡°Mientras haya resoluci¨®n de desamparo, la Administraci¨®n debe actuar como tal y tramitar los papeles. No puede presumir sin m¨¢s que son mayores¡±, razona. El magistrado agrega que, cuando la autorizaci¨®n se reconoce en sede judicial, es retroactiva: aunque el afectado haya alcanzado la mayor¨ªa de edad, obtiene el permiso de un a?o que le permite vivir y trabajar, antesala para solicitar el de larga duraci¨®n (por cinco a?os).

Preguntado por las resoluciones judiciales, un portavoz del Departamento de Asuntos Sociales, del que depende la DGAIA, asegura que el organismo ¡°gestiona con la m¨¢xima diligencia que le es posible¡± la documentaci¨®n de esos menores, pero recuerda que en los ¨²ltimos tres a?os han llegado, anualmente, m¨¢s de 2.500 j¨®venes migrantes. La DGAIA, sostiene, es responsable de gestionar la documentaci¨®n ¡°siempre que se haya determinado legalmente que [el interesado] es menor¡± y matiza que, mientras esa cuesti¨®n se ventila, ¡°presta protecci¨®n al joven y lo acoge en el sistema¡±. La Generalitat, agrega, trabaja de forma ¡°coordinada¡± con la Subdelegaci¨®n para que la regularizaci¨®n se haga ¡°de la forma m¨¢s ¨¢gil y eficiente posible¡±.

Peticiones injustificadas

Kamo D. estaba tutelado por la Generalitat, que tampoco tramit¨® la solicitud de su permiso de residencia. En abril de 2023, a falta de un mes para que cumpliera los 18, Par¨¦s hizo el tr¨¢mite por ¨¦l. La Oficina de Extranjer¨ªa solicit¨® una serie de documentos a una tal Cristina Ch., una supuesta abogada de la DGAIA. Nadie contest¨® a la petici¨®n y, unos meses despu¨¦s, su caso fue archivado. Otra sentencia, dictada por el titular del Juzgado Contencioso-Administrativo 2 de Barcelona, Gerard Ribera, concluye que ¡°no consta¡± que esa mujer ¡°ostente la representaci¨®n del extranjero menor de edad¡± y concluye que las actuaciones deben volver a examinarse. La resoluci¨®n critica a la Administraci¨®n por hacer solicitudes de documentaci¨®n que no est¨¢n ¡°justificadas¡±, ya que pidi¨® papeles ¡°que ya hab¨ªan sido requeridos anteriormente¡± y ¡°aportados por el abogado¡±.

La misma situaci¨®n (petici¨®n de documentaci¨®n a Cristina Ch. que no llega a ning¨²n sitio) se ha producido en otros casos. Como el de Mohamed C., otro extutelado de la DGAIA. La Subdelegaci¨®n desestim¨® su petici¨®n para obtener la residencia por silencio administrativo al no haber aportado la documentaci¨®n exigida. La sentencia, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2, se?ala que no consta que la mujer interviniera en nombre de ese organismo p¨²blico y, en todo caso, que ni el menor ni su abogado ¡°tuvieron conocimiento¡± de la notificaci¨®n, por lo que no pudieron aportar los documentos. Hubo ¡°indefensi¨®n¡± y la consecuencia es que el archivo de su expediente es nulo.

Por su parte, el Juzgado Contencioso-Administrativo 8 ha concedido a Aboubacar N. el permiso de residencia que la Subdelegaci¨®n el Gobierno le neg¨® en abril de 2023 por el mismo motivo. Aboubacar estaba en situaci¨®n de desamparo, seg¨²n una resoluci¨®n provisional, y tutelado por la Generalitat. La jueza, de nuevo Montserrat Raga, recuerda que ¡°la Administraci¨®n ten¨ªa la obligaci¨®n de otorgar la autorizaci¨®n correspondiente al menor¡±, tal como marca la Ley de Extranjer¨ªa, y le concede por ello ¡°la autorizaci¨®n de residencia¡±.

La reiteraci¨®n de esas situaciones ha llevado a abogados como Par¨¦s a incluir las sentencias en sus nuevas peticiones. Como la del tutelado Kebba S., para quien pide que se le conceda la autorizaci¨®n ¡°sin dilaciones indebidas¡±, conforme a la ¡°jurisprudencia consolidada¡± y para ¡°evitar la v¨ªa contenciosa que ha sido recurrente por las actuaciones incorrectas de la Administraci¨®n¡±. En su escrito, el abogado recuerda que deben evitarse ¡°notificaciones err¨®neas¡± y tambi¨¦n ¡°requerimientos de documentaci¨®n que ya fueron aportados¡± o que son ¡°innecesarios¡±, lo que genera ¡°una dilaci¨®n injustificada¡±.

Preguntadas por ese asunto, fuentes de la Delegaci¨®n del Gobierno subrayan que deben dirigirse a la entidad tutelar (la DGAIA) para solicitar la documentaci¨®n, niegan duplicidades y afirman que los casos que llegan a los juzgados son una exigua minor¨ªa. En los supuestos en que la sentencia que tumba el expediente inicial, la Abogac¨ªa del Estado ¡ªque act¨²a en nombre de la instituci¨®n¡ª evita presentar recurso.